García Ortiz pide al TC que anule la condena por revelación de secretos del novio de Ayuso
Lo ha hecho a través de un recurso de amparo remitida por la Abogacía del Estado al Constitucional

Álvaro García Ortiz. | Fernando Sánchez (Europa Press)
El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que anule la condena que le impuso el Tribunal Supremo como responsable de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Lo ha hecho a través de un recurso de amparo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Abogacía del Estado, que le defendió en el juicio, pide a la corte de garantías en su nombre que declare «la nulidad de la sentencia» y la «vulneración» de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, la libertad de expresión o no declarar contra uno mismo.
García Ortiz fue condenado el pasado diciembre a dos años de inhabilitación para el cargo, a una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a González Amador por daños morales.
En su recurso reivindica que en su actuación «existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía», en un asunto de gran interés público.
A su juicio, el Supremo hizo en su sentencia una «valoración irracional y arbitraria de los indicios» y sostuvo «la imputación de la autoría en meras inferencias abiertas, omitiendo prueba de descargo», como «el testimonio de los periodistas que explícitamente declaran que el fiscal general no es su fuente».
«Es arbitraria al dar por probado que la filtración se produjo con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación», ya que —sostiene— no existe prueba suficiente para atribuirle ese conocimiento.
El que fue jefe del Ministerio Público critica que la decisión de la mayoría de magistrados —cinco le consideraron culpable, mientras que dos eran partidarias de absolverle— pasó «de una sospecha sobre personas del entorno a una atribución de autoría […] sin prueba directa».
Con la nota de prensa no se descubría «algo secreto»
A la vez, apunta que la sentencia «no tiene en cuenta» las informaciones publicadas en prensa sobre el proceso penal abierto a González Amador por presuntos delitos fiscales mucho antes de la nota de la Fiscalía.
Se refiere así al comunicado difundido el 14 de marzo de 2024, que —según sostiene— tenía «el objetivo de defender la actuación de la institución» y en el que se detallaban correos electrónicos entre la defensa de González Amador y un fiscal. «No hubo revelación en sentido típico, porque cuando se publicó la nota informativa, toda la información ya había sido difundida públicamente», argumenta.
Y añade que no implicó un juicio anticipado de culpabilidad, sino «una exposición factual», subrayando que expresiones como «delincuente confeso» o «defraudador confeso» no fueron utilizadas por él, sino por terceros.
González Amador difundió los correos
Asimismo, sostiene que «existió una autodivulgación de la confidencialidad» por parte de González Amador.
En concreto, señala que este habría trasladado correos intercambiados con su abogado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, lo que —según su versión— dio lugar a una información incorrecta sobre el origen de un posible acuerdo con la Fiscalía.
«La sentencia no tiene en cuenta que es el propio afectado quien ha difundido previamente los datos», critica.
En este sentido, concluye que esa actuación habría contribuido a extender una versión errónea de los hechos, a la que la Fiscalía respondió con su nota informativa.
