La menor, procedente de un poblado de Sonora y perteneciente a la etnia huichola, fue abusada cuando se encontraba sola en casa. Tras sufrir la agresión, acudió acompañada por sus hermanos para interponer la denuncia. Después de someterse a una revisión médica, se pudo acreditar que la niña tenía huellas de violencia y afectación psicológica por el ataque sufrido. Sin embargo, el personal de salud no le ofreció la pastilla del día después, que por ley debe ofrecerse a toda víctima de violación. Debido a esta omisión quedó embarazada.
El agresor fue detenido e imputado por el delito de violación agravada, pero el juez que recibió el caso reclasificó el delito como estupro, lo que significa que la niña, engañada, habría dado su consentimiento al agresor. Ahora las autoridades de salud estatales le niegan la posibilidad de someterse a una interrupción de su embarazo. «Hoy en día en México a pesar de que la ley autoriza a niñas violadas a interrumpir el embarazo y está sustentado por normas técnicas y científicas avaladas por la Secretaría de Salud federal, las autoridades con la mano en la cintura están diciéndoles a estas niñas: ‘Tienes que continuar con el embarazo'», denuncia la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).