El impacto de la masacre de Orlando, el peor tiroteo múltiple de la historia del país en el que murieron 49 personas, no ha logrado superar los intereses que prevalecen en pleno año electoral. Los legisladores no han logrado un acuerdo que ayude a evitar que personas incluidas en listas de vigilancia por sospechas sobre terrorismo puedan adquirir armas. Ninguna de las cuatro medidas propuestas -dos presentadas por demócratas y dos por republicanos- consiguió los 60 votos necesarios para su aprobación en la Camara alta.
La iniciativa demócrata propone prohibir la venta a personas que hayan estado en los últimos cinco años en la lista del FBI de sospechosos de terrorismo. Esto por ejemplo hubiese impedido que Omar Mateen se hiciera con el rifle militar que utilizó en el ataque al bar gay de Orlando, ya que entre 2013 y 2014 fue investigado. La propuesta republicana limita el control al momento de la compra. Es decir, si una persona que aparece en ese momento en la lista de sospechosos de terrorismo tratara de comprar un arma, la tienda debería notificarlo al Gobierno, que podría bloquear la venta durante tres días hasta que un tribunal decidiera, en ese período, si aprobara la venta. Esta medida cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional del Rifle, el mayor lobby armamentístico del país.
El consenso en este asunto se hace casi imposible, dada la mayoría republicana que domina tanto el Senado como la Cámara de Representantes.