Una comisión de la ONU acusa a Israel de «exterminio» y crímenes contra la humanidad
También acusa a Hamás y otros grupos palestinos de delitos de guerra por los ataques del 7 de octubre
También acusa a Hamás y otros grupos palestinos de delitos de guerra por los ataques del 7 de octubre
Los tres grupos han remarcado que «es considerado ‘persona non grata’ en la ciudad tras un acuerdo de Pleno»
Kamala Harris ha señalado a las fuerzas rusas por perpetrar ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil
Tras los Juicios de Núremberg, y en respuesta a las atrocidades cometidas, surge el primer código de ética para la investigación con seres humanos
Serán las primeras pesquisas que se lleven a cabo tras varias querellas rechazadas
Dos ciudadanos sirios, exmiembros de los servicios secretos de su país, han sido detenidos este miércoles en Alemania por presuntos crímenes contra la humanidad, según ha informado la Fiscalía General alemana.
Nicolás Maduro, en su penúltima farsa, ha dado un nuevo paso para perpetuarse en el poder con la investidura más patética, dando por inaugurado su segundo mandato como presidente de la República de Venezuela, en una soledad absoluta, solo acompañado de los dictadores de Bolivia, Evo Morales, Nicaragua, Daniel Ortega y, evidentemente, Cuba, con Miguel Díaz-Candel.
La policía belga ha identificado a Osama Krayem, uno de los sospechosos de los atentados yihadistas perpetrados en 2015 en París, como uno de los verdugos del piloto jordano cuya ejecución por el grupo Estado Islámico (EI) a principios de ese año en Siria conmocionó al mundo. Una fuente próxima al caso ha confirmado a AFP la información adelantada por el diario belga La Dernière Heure (DH). «Es correcto. Hemos podido establecer que era él quien estaba allí», ha declarado esta fuente sobre Osama Krayem, quien podría ser acusado de «crímenes contra la humanidad».
Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional «actuar» para poner fin a los «crímenes contra la humanidad» que está cometiendo el ejército birmano contra la minoría rohingya con el «objetivo de aterrorizarlos y expulsarlos de forma permanente del país».
El Senado argentino ha aprobado este miércoles por unanimidad una ley que frena la excarcelación anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad, antes de una marcha de repulsa a un fallo de la Corte Suprema que ha crispado al país. Con 56 votos a favor y sin ningún voto en contra, senadores de todo el arco político argentino, de izquierda a derecha, han dado una contundente respuesta para evitar la liberación de condenados por violaciones de los Derechos Humanos, posibilidad que dejó abierto un polémico fallo de la Corte hace una semana, cuando la Corte Suprema de Justicia tomó la controvertida decisión de aplicarla en el caso del civil Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos en una cárcel clandestina durante el último régimen militar.
Un abogado filipino ha presentado un informe en la Corte Penal Internacional (CPI) en el que acusa al presidente Rodrigo Duterte y a otros 11 oficiales filipinos de asesinatos en masa y crímenes contra la humanidad.
El Instituto para la Memoria Nacional (IPN) de Polonia, institución pública encargada de investigar los crímenes cometidos durante el nazismo y el comunismo, ha pedido la extradición de un anciano de 98 años residente en Estados Unidos, Michael Karkoc, al que acusa de pertenecer a las SS y asesinar a 44 polacos en 1944, cuando dirigía una unidad ucraniana que colaboraba con nazis alemanes.
Más de 34.000 rohingyas han sido forzados a huir debido a las operaciones militares de la ciudad de Rajine, según la ONU. Al menos 86 personas han muerto en estas operaciones militares, que comenzaron tras el ataque de militantes armados a la frontera de la ciudad de Maungdaw. Además, el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar, Kyaw Zaya, ha reconocido a Reuters que 2.415 de sus ciudadanos se encuentran en Bangladés. “Si no tomamos medidas, la gente puede morirse de hambre, si no son asesinados con balas”, afirman en la carta enviada la ONU.
El grupo que ha emitido la protesta está compuesto, además de por ganadores de un Nobel, por políticos y activistas, entre ellos Malala Yousafzai y el Arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu. Aseguran que Aung San Suu Kyi, líder de facto del país y ganadora también de un premio Nobel, “no ha tomado ninguna medida para asegurar los completos e igualitarios derechos de ciudadanía de los Rohingyas”.
Además de los países que ya no forman parte de ella, Rusia ha eliminado su firma de los estatutos y Filipinas y Kenia se están planteando abiertamente dejar la CPI. A esto se suma que algunos miembros clave, como Reino Unido, han limitado los fondos destinados a su causa. Sin embargo, la amenaza más inmediata es la posibilidad de que Burundi, Sudáfrica y Gambia se retiren de esta corte. Todos ellos han emitido quejas alegando que las acusaciones de la CPI se centran excesivamente en el continente africano. Se están realizando esfuerzos para que Gambia dé marcha atrás en el proceso.
“Es una regresión para el continente que haya algunos estados africanos decidiendo retirarse de la CPI”, ha declarado Bensouda. El tribunal personifica los esfuerzos internacionales para procesar a aquellos que son responsables de genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero en 2017 se encontrarán con serios obstáculos que afectarán a su credibilidad, según fuentes internas.
Vinculado siempre agencias de Naciones Unidas desde hace «17 ó 18 años», Matthias Behnke ha trabajado antes en otros conflictos como Darfur o Bosnia, y desde hace dos está volcado en la defensa de los derechos humanos en Siria, como coordinador en este país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), informando sobre lo que ocurre desde hace cinco años a la Secretaría General y al Consejo de Seguridad.
«A partir de las investigaciones que hemos realizado sobre la situación actual, es posible que directivos de Ferrovial puedan verse implicados en un caso relacionado con crímenes contra la humanidad», ha explicado Diala Shamas, abogada clínica en el departamento de Derechos Humanos Internacional y Resolución de Conflictos de la Escuela de Derecho, en Standford. “Hemos comunicado nuestra preocupación a Ferrovial en una comunicación privada con sus directivos, a los que hemos ofrecido detalles sobre lo que hemos averiguado. Estamos a la espera de una respuesta por su parte». Shamas dijo que las conclusiones de sus colegas deberían ser una advertencia para cualquier compañía o país que pretenda reproducir las políticas australianas sobre refugiados en cualquier otra parte.
Los centros de detención australianos fuera del continente han sido objeto de una amplia e insistente crítica desde que el país reintrodujo su política de «procesamiento en el litoral» en 2012. En la actualidad, las personas que llegan a Australia por mar sin visado en busca de asilo son enviadas a las islas de Nauru o Manus, donde la mayoría permanece detenida de forma indefinida y arbitraria en centros específicos. A todos se les dice que «bajo ninguna circunstancia podrán instalarse en Australia”, sin que haya para ellos ninguna alternativa donde ir.
Ferrovial adquirió la responsabilidad del contrato del centro de detención en el litoral el pasado mes de mayo, después de comprar más del 90 por ciento de Broadspectrum, la compañía que gestiona estos campos de inmigrantes y refugiados. Ferrovial ha manifestado que dejará de ofrecer sus servicios después de que el actual contrato expire en febrero de 2017.
El tribunal, presidido por el juez presidente Zak Yacoob, ex miembro del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, celebró una audiencia de cuatro días en La Haya en noviembre con testimonios de 20 testigos. En su informe inculpatorio, hecho público el miércoles, los jueces consideran «bien fundado» que se produjeron «actos inhumanos, torturas despiadadas, encarcelamientos injustificados y trabajos forzados equiparables a la esclavitud». También han hallado pruebas de «violencia sexual sistemática, persecución política y exilio y desapariciones de miles de personas acusadas de no apoyar la dictadura de Suharto con suficiente fervor».
Los jueces han recomendado al gobierno de Indonesia que pida perdón a las víctimas y sus familias, investigue los crímenes y garantice una compensación a los supervivientes, algo que el Ejecutivo no está dispuesto a hacer, según explicó el mismo miércoles el ministro de Política y Seguridad Luhut Pandjaita. «Nuestro país es una gran nación. Reconocemos y resolveremos este problema – la tragedia de 1965 – a nuestra manera y en función de principios universales», dijo en declaraciones a los medios.
De la «complicidad» de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, el tribunal determina que el Gobierno norteamericano apoyó al ejército militar indonesio «sabiendo bien que estaba embarcado en un programa de asesinatos masivos». Por su parte, Reino Unido y Australia se hicieron eco de propaganda falsa procedente del ejército de Indonesia, incluso después de «quedar perfectamente claro que se estaban produciendo los asesinatos masivos y otros crímenes contra la humanidad». Ninguno de los tres países quiso participar en las investigaciones del tribunal.
Las matanzas de 1965 se produjeron a partir del fallido golpe de Estado y asesinato de varios generales del ejército. Uno de los altos mandos, Suharto, acusó a los comunistas, expulsó al presidente Sukarno y emprendió una persecución despiadada contra los responsables. Tras asumir la presidencia en 1967, Suharto gobernó Indonesia durante 31, hasta 1998.
Habré, que acudió al juicio vistiendo un turbante blanco y gafas de sol, rompió su silencio para lanzar gritos contra el neocolonialismo. Por su parte, desde Human Rights Wath aseguran que esta condena «representa una inmensa victoria para las víctimas chadianas”, según el abogado de la organización, Reed Brody, apodado ‘el cazador de dictadores’. «La época en la que los tiranos podían maltratar a su pueblo, saquear las riquezas de su país y luego huir al extranjero para beneficiarse de una vida de lujos ha llegado a su fin”, señala.
Hissène Habré gobernó Chad entre 1982 y 1990. Durante este tiempo su régimen torturó a decenas de miles de personas y se calcula que unas 40.000 fueron asesinadas o murieron en los distintos centros de detención creados por su régimen. Se trataba tanto de militantes de la oposición como de miembros de las etnias Hadjarai y Zaghawa que fueron acusados de conspirar contra la seguridad del Estado, así como población civil del sur del país.
Los hechos se remontan a noviembre de 2010. El opositor Alassan Uattara vence en las elecciones, pero Gbagbo se niega a abandonar el poder que ostenta desde hace 10 años. Empieza entonces un espiral de asesinatos, violaciones y persecuciones que duró varios meses y que se han mantenido impunes hasta hoy. De este modo, se convierte en el primer expresidente juzgado en la Corte Penal Internacional en La Haya. Su mujer, Simone Gbagbo, ya fue juzgada en el país y condenada a 20 años de prisión.
Cuándo ese bebé amoroso se convirtió en uno de los asesinos más sanguinarios de la historia. Cuándo esa boca que buscaba instintivamente el pecho de su madre empezó a ordenar asesinatos.
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