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El aumento de la producción de droga en Colombia y el repliegue de EEUU exige a la UE más acción contra el narco
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La entidad forense ha precisado que solo 87.054 individuos permanecen en ese estado ya que los demás han aparecido con vida.
De la Calle ha explicado en una entrevista concedida a Caracol Televisión que los militares atacaron a los guerrilleros porque, según la versión del Ministerio de Defensa colombiano, «se encontraban bastante alejados de la zona de preagrupamiento» de las FARC, en el sur de Bolívar. «Y allí había una operación de carácter delincuencial», añade. Una versión distinta da el jefe del equipo negociador de la guerrilla, Iván Márquez. «Los hombres iban de camino a la zona de preagrupamiento», asegura. El ejército, por su parte, ha emitido un comunicado en el que explica que acudió a la zona tras el aviso de varios habitantes de que un grupo de guerrilleros estaban inmersos en «actividades ilícitas» como «chantajes y cobros de extorsiones».
Con esta nueva prórroga el Gobierno colombiano pretende legitimar el acuerdo que alcanzó en Cartagena con las FARC el pasado 26 de septiembre, después de que el plesbicito del 2 de octubre optó por no apoyar el proceso de paz. El presidente presentó un balance del diálogo que ha mantenido con diferentes sectores políticos y sociales del país para destrabar el proceso de paz con la guerrilla. “Que quede claro: esto no es un ultimátum ni fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes porque como me dijo una estudiante hoy, ‘el tiempo conspira contra la paz y la vida’“, explicó el jefe de Estado.
Uno de los puntos del acuerdo que más controversia generó fue la sensación de que los crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto iban a quedar impunes. Dos de las figuras públicas que encabezaron el «No» al acuerdo fueron los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, con los que Santos se reunió el pasado 7 de octubre. Ambos ex mandatarios han acabado por aceptar que los soldados rasos queden libres, pero piden que los guerrilleros responsables de crímenes graves paguen penas de prisión y que se sometan a la justicia ordinaria.
“La hostilidad de la transnacional de bebidas se inició en mayo de 1992, cuando el Gerente de Coca-Cola, José Gabriel Castro, acusó públicamente a los trabajadores y al sindicato de ser agentes de la guerrilla”, recuerda el diario colombiano El Ciudadano. En 1994 fue asesinado el sindicalista José Manco David en la planta de Carepa. De esta forma comenzaba una seguidilla de muertes de las que, según una denuncia hecha por los propios trabajadores, la empresa fue cómplice. Desde principios de los 90 hasta principios del 2000, nueve dirigentes sindicales de las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Colombia fueron asesinados por fuerzas paramilitares. Ante la falta de respuesta de la Justicia colombiana, los trabajadores de Coca-Cola presentaron una demanda en Miami ―donde está la sede de la multinacional― en el año 2001. También se llevó a cabo una campaña de boicot internacional poniendo de relieve la connivencia de Coca-Cola con los paramilitares. Sin embargo, la empresa se desligó de los crímenes y aseguró que no tenía nada que ver con lo que se hacía en las plantas embotelladoras de Colombia.
Por su parte, Laura Capote, portavoz de la organización popular colombiana Marcha Patriótica, ha explicado a RT que “más allá de Coca-Cola, es tremendo cómo el capital privado y las multinacionales han financiado y promovido el conflicto armado en Colombia”, y añade: “Hace poco salió el informe de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, donde se señalan más de 50 empresas que han colaborado con grupos ilegales durante el conflicto armado”. Colombia es uno de los países donde ejercer el sindicalismo te puede costar la vida. Entre 2011 y 2015 fueron asesinados 105 dirigentes gremiales, según la Escuela Nacional Sindical –ENS–.
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