Tormenta blanca: las nuevas rutas de la cocaína amenazan Europa

A veces, los cambios del escenario estratégico pasan desapercibidos escondidos entre acontecimientos cotidianos aparentemente inconexos. El pasado 9 de febrero los noticiarios españoles, habitualmente saturados por la perenne crisis política que atraviesa el país, abrieron con una noticia distinta. Dos guardias civiles habían muerto después de que su lancha hubiese sido embestida por una embarcación tripulada por narcotraficantes en lo que resultó ser el desenlace fatal de la enésima persecución de los clanes criminales que han convertido el estrecho de Gibraltar en una puerta para la entrada de narcóticos en Europa.

Justo un mes antes, el 9 de enero, la triste sorpresa había venido de Ecuador cuya crisis de seguridad se convirtió en una noticia global después de que integrantes de la banda de Los Tiguerones tomase el canal de televisión TC en Guayaquil, el principal puerto y capital económica del país. El asalto resultó la acción más visible de una oleada de motines carcelarios, ataques con bombas y secuestros que forzó al presidente Daniel Noboa a desplegar el ejército contra las bandas, una ofensiva que se mantiene en la actualidad. Separados por un mes y miles de kilómetros, poco parecen tener en común la crisis de orden público ecuatoriana y la violencia criminal en la costa española salvo que ambas tienen un origen común: la expansión del tráfico de cocaína hacia Europa.

Durante los pasados años, la evolución de los cultivos de coca en los tres productores tradicionales del alcaloide —Bolivia, Perú y Colombia— ha seguido rutas distintas. De acuerdo a las estimaciones de la ONU, el tamaño de los cultivos bolivianos experimentó una reducción menor entre 2021 y 2022, pasando de 30.500 a 29.900 hectáreas. Entretanto, los campos peruanos crecieron de manera sostenida hasta dar un último brinco de 80.681 a 95.008 en el periodo señalado. Pero es sobre todo Colombia el país que ha alimentado la expansión de la producción de la cocaína con una superficie cultivada de 230.000 hectáreas en 2022, casi el doble del total combinado de sus dos vecinos.

No parece que la actual administración del presidente Gustavo Petro esté haciendo un particular esfuerzo para que Colombia abandone el triste honor de ser el primer productor mundial de cocaína. El Gobierno colombiano erradicó solamente 20.323 hectáreas en 2023 lo que casi garantiza que la producción de cocaína se mantendrá intacta. Como contrapartida, Petro ha exhibido una cifra récord de incautación de narcóticos, 739,6 toneladas durante el pasado año. Sin embargo, este aparente éxito queda empañado cuando pone en comparación la droga capturada con la capacidad de producción del país. Las mencionadas 739,6 toneladas de 2023 equivalen al 42% del total de la producción del año anterior (2022) mientras que, por ejemplo, las 167 toneladas incautadas en 2013 representaron el 50% de la producción de 2012. Colombia no solamente produce más cocaína, sino que además incauta menos.

Para ser justos, la paralización de la política antidrogas por la administración Petro es sólo el último episodio de un proceso de desguace iniciado por el presidente y premio Nobel de la paz Juan Manuel Santos a partir de 2014. Enfrentado a la necesidad de realizar concesiones a la guerrilla de las FARC para firmar un acuerdo de desmovilización antes de que terminase su gobierno, el mandatario colombiano dio golpes demoledores a lo que había sido hasta entonces una estrategia exitosa. Tal fue el caso con la decisión de cancelar la fumigación aérea de la coca o reducir la erradicación manual de cultivos. Su sucesor en el poder, Iván Duque, trató de caminar la delgada línea entre las demandas de EEUU de reducir la producción de coca y el temor a que un endurecimiento de la lucha antidroga provocase protestas de los cultivadores y una reacción de sectores políticos opuestos a la misma. La pandemia y los disturbios masivos de 2021 terminaron por enterrar cualquier posibilidad de rectificar el rumbo. Con estos antecedentes, el Gobierno izquierdista de Gustavo Petro ha dado la estocada final a la lucha antinarcóticos en Colombia.

«Ecuador que se ha convertido en un corredor clave para la salida de los narcóticos producidos en Colombia»

El escenario se hace más complicado porque el narcotráfico no es un asunto exclusivamente colombiano y sus costos tampoco. La decisión del presidente Petro de declarar barra libre para la producción de droga en Colombia está teniendo un impacto demoledor en América Latina y más allá. La primera víctima ha sido Ecuador, que se ha convertido en un corredor clave para la salida de los narcóticos producidos en los departamentos colombianos de Nariño, Cauca y Putumayo. Este chorro de cocaína encontró un entorno propicio en un país que combinaba un nodo de comunicaciones globales en el puerto de Guayaquil, una frontera porosa, con fuerte presencia de los grupos armados colombianos, una economía dolarizada que facilitaba el lavado de dinero y unas bandas criminales incipientes.

El resultado ha sido la emergencia de un conglomerado criminal cuyo componente más visible es una serie de grupos como Los Choneros (12.000 integrantes), Los Lobos (8.000) o Los Tiguerones (5.000) que crecieron conectados al tráfico de narcóticos y se han convertido en un poder dentro de las cárceles ecuatorianas. Estos grupos han acrecentado su capacidad armada gracias a la experiencia adquirida de antiguos guerrilleros colombianos. El escenario se ha complicado aún más con la llegada al país de organizaciones criminales transnacionales como los carteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa, la Ndrangheta calabresa o la mafia albanesa. Todo este entramado está sostenido en redes de corrupción que penetran ámbitos claves de la sociedad ecuatoriana como la policía, el poder judicial y ciertos sectores políticos.

La ofensiva lanzada por el presidente Noboa promete ser una lucha difícil. De momento, la arremetida de las fuerzas armadas ha permitido capturar un número importante de pandilleros, recuperar el control de las cárceles y entrar en zonas de las ciudades hasta recientemente vedadas a las autoridades. Sin embargo, la campaña enfrentará retos crecientes a medida que se prolongue en el tiempo. Más allá de sus problemas de corrupción, la policía ecuatoriana sufre serios déficits en equipo y entrenamiento. Por su parte, las fuerzas armadas cuentan con poca experiencia en operaciones de bajo nivel en entornos urbanos donde la presencia de población civil aumenta las posibilidades de que se produzcan problemas de derechos humanos. La batalla por Ecuador acaba de empezar.

Ecuador es solamente un caso dentro de un continente anegada por el tráfico de drogas y el crimen organizado. Tradicionalmente, los narcóticos provenientes de la región andina han golpeado especialmente a México y Brasil. Ambos países siguen siendo importantes receptores de cocaína; pero la geografía del tráfico ha cambiado. México sigue siendo el corredor más obvio hacia el mercado norteamericano; pero la cocaína ha sido parcialmente desplazada por el fentanilo dentro del portafolio criminal de los carteles. Por su parte, Brasil es un importante centro de consumo; pero además se ha convertido en un trampolín hacia África. Paralelamente, los flujos de narcóticos y la violencia que le acompaña han alcanzado zonas de América Latina hasta recientemente consideradas inmunes. En conjunto, las rutas de tráfico se han multiplicado y el negocio se ha hecho más europeo con una parte sustancial de la producción dirigida hacia los adictos del Viejo Continente.

«Grupos criminales como el venezolano Tren de Aragua y el brasileño Primer Comando de la Capital se han hecho presentes en Chile»

Una de las víctimas de los cambios en las rutas del narcotráfico es Chile. Hasta hace poco uno de los países más seguros de la región, se ha convertido en una zona tránsito de cocaína. Paralelamente, las bandas criminales locales han experimentado un fuerte crecimiento y grupos criminales transnacionales como el venezolano Tren de Aragua y el brasileño Primer Comando de la Capital se han hecho presentes en el país. Este proceso ha venido acompañado del inevitable incremento de la violencia. Entre 2018 y 2022, el número de homicidios saltó de 845 a 1.322, un aumento en la tasa por 100.000 habitantes del 4,5 a 6,7.

Argentina está siguiendo una ruta parecida. Aunque la tasa de homicidios permanece más o menos estable en la mayor parte del país, el impacto del crimen organizado asociado al narcotráfico resulta visible en la crisis de seguridad de la provincia de Santa Fe y su capital, Rosario, donde los homicidios escalaron 204 a 287 entre 2018 y 2022, un aumento de la tasa por 100.000 habitantes del 16 a 22. Como en el caso anterior, el incremento de la violencia está asociado al papel de Rosario dentro de las rutas de tráfico de cocaína.

Más allá de América Latina, el impacto del narcotráfico y la violencia que le acompaña se está haciendo visible en Europa. Aquí también se han producido cambios en las rutas de acceso. Mientras las llegadas de droga a través de las costas gallegas se han reducido, el puerto belga de Amberes y el holandés de Rotterdam se han convertido en punto de llegada de grandes cargamentos de cocaína no solamente procedentes de Colombia, sino también de Ecuador y Chile.

Los narcóticos han alimentado el crecimiento de un nuevo fenómeno criminal en Holanda y Bélgica conocido como la Mocro Mafia, una serie de redes criminales surgidas de entre las comunidades de emigrantes marroquíes que han llegado a jugar un papel clave en el tráfico de cocaína. Estas estructuras se han convertido en socios preferentes de los grupos de narcotraficantes latinoamericanos hasta el punto de que canalizan la mayor parte de sus envíos hacia Europa. De hecho, en 2022, las autoridades belgas alcanzaron la cifra récord de 110 toneladas de cocaína incautadas en Amberes.

«Los clanes criminales del Rif se han convertido en el eslabón de los envíos que parten de Venezuela y Brasil y llegan al mercado europeo»

Las redes de narcotraficantes marroquíes también han asumido un papel clave en la otra ruta principal de entrada hacia Europa, el estrecho de Gibraltar. Tradicionalmente involucrados en el tráfico de hachís, los clanes criminales de la región del Rif se han convertido en el eslabón que conecta los envíos que parten desde Venezuela y Brasil y transitan a través de África hacia el mercado europeo. Parte de esos narcóticos llegan a países de la costa de África Occidental como Senegal, Guinea o Costa de Marfil y luego cruzan por vía terrestre hacia el norte. Sin embargo, la inestabilidad del Sahel con la presencia de una variedad de grupos armados islamistas y mercenarios rusos ha hecho que frecuentemente los traficantes prefieran la vía marítima para alcanzar los puertos marroquíes del Atlántico y desde allí llegar al Estrecho.

Más allá de su papel en el tránsito de cocaína, la Mocro Mafia ha ganado notoriedad por su extrema agresividad. De hecho, ha protagonizado luchas intestinas que han sembrado de violencia Bélgica y ha sido responsable de los asesinatos de un periodista y un abogado en Holanda. Pero sobre todo han sido sus amenazas contra la princesa Amalia, heredera del trono holandés, y el ministro de Justicia belga las que han dado notoriedad a estos grupos. La conexiones de algunos de sus clanes con los servicios de inteligencia iraníes han incrementado la preocupación de las autoridades europeas.

En realidad, la expansión del tráfico de cocaína es uno de los efectos resultantes del repliegue estratégico de EEUU. Durante casi cincuenta años, Washington fue el principal motor de la lucha global contra el narcotráfico lo que le llevó a desplegar agentes, financiar programas de modernización policial y apoyar campañas de erradicación de cultivos en toda América Latina. Semejante esfuerzo permitió a Europa tomar una posición internacional menos activa y centrar sus esfuerzos antidroga en su propio territorio. Sin embargo, la posición norteamericana ha cambiado paulatinamente con la renuncia a jugar un papel global tan ambicioso en favor de objetivos asociados a la protección de sus fronteras.

El resultado ha sido un vacío estratégico cuyas consecuencias se ven en la expansión de los cultivos en Colombia, la violencia en Ecuador o el crecimiento de la Mocro Mafia. Así las cosas, si Europa quiere evitar que el tráfico de cocaína y el crimen organizado desborden su seguridad pública, tendrá asumir un papel internacional más activo y respaldar la lucha contra el crimen de los países latinoamericanos en las montañas donde se sintetizan los narcóticos y las ciudades donde se ocultan las bandas que los producen.