El banco y no el cliente es el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo, que rectifica respecto a su doctrina anterior.
El 21,6% de la población española vive en situación de pobreza, con unos ingresos de menos de 8.522 euros al año, frente a los 11.074 que perciben de media el resto de habitantes, una cifra un 3,4% superior a la registrada el año anterior según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estas son las cinco noticias más importantes del día. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha anunciado este viernes la aprobación a través de un Real Decreto de la vuelta de la sanidad universal, un derecho que negó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 a los migrantes sin papeles en España.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Cornellà y junto a las principales sedes del Banco Popular —filial del Banco Santander— en toda España. Las movilizaciones se han producido en protesta por el suicidio de un hombre de mediana edad que el jueves por la mañana se precipitó por la ventana de un décimo piso cuando iba a ser desahuciado del piso, propiedad del Banco Popular, en el que vivía con su pareja.
El Tribunal Supremo ha establecido este miércoles que es el cliente y no el banco quien debe pagar los gastos e impuestos de constitución de una hipoteca. El Pleno de la Sala Primera de lo Civil ha tomado esta decisión tras estudiar dos recursos, procedentes de la Audiencia Provincial de Oviedo, relativos a las reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria, que atribuían todos los gastos e impuestos ocasionados por la operación a los clientes.
El Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo determina que limitar la retroactividad de la devolución de lo cobrado en exceso a mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto, se opone al derecho comunitario, lo que en la práctica equivale a reconocer la retroactividad total desde la firma del préstamo. “La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula”. El Banco de España llegó a hacer una previsión en la que mostraba que el sector ha cobrado, desde 2009, 7.600 millones por esta cláusula abusiva.
Pocos minutos después de la sentencia, las entidades sufrían fuertes caídas en Bolsa, de más del 6% en el caso del Banco Popular y el Sabadell. Sin duda, esta resolución del Tribunal de la Unión Europea supondrá un importante varapalo para el sector financiero español.