En la segunda entrega de la sección ‘Lecturas de Ultramar’ reseñamos un libro que tras acariciar el prestigioso National Book Award ha sido leído con entusiasmo por, entre otros, Barack Obama
Estos migrantes han obtenido los mismos derechos que los residentes en cuanto a sanidad
Un grupo de 16 estados de Estados Unidos, con California a la cabeza, ha demandado al gobierno de Donald Trump tras su declaración de la emergencia nacional para financiar la construcción del polémico muro en la frontera con México para frenar la inmigración.
Donald Trump ha confirmado que declarará la «emergencia nacional» para financiar el muro de México, una de las promesas principales que le condujo hasta la Casa Blanca en noviembre de 2016. El gasto necesario para su construcción requiere una inversión aproximada de 5.700 millones de dólares.
El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha declarado este jueves que el presidente, Donald Trump, firmará los presupuestos que evitarán un nuevo cierre administrativo y declarará el estado de emergencia para obtener los fondos que necesite para la construcción del muro con México.
Un grupo de legisladores demócratas ha pedido al director del FBI, Christopher Wray, que investigue a la Organización Trump –propiedad del presidente estadounidense– por haber empleado en sus campos de golf a por lo menos una veintena de trabajadores latinoamericanos sin papeles.
El número de inmigrantes sin documentos en Estados Unidos ha caído a su nivel más bajo en una década por la menor presencia de mexicanos, según un estudio realizado por la consultora Pew a partir de datos del Gobierno de 2016.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense ha pedido al Pentágono que acoja a 12.000 indocumentados, 2.000 de ellos en un plazo de 45 días, en bases militares o, en su defecto, en campamentos construidos en terrenos de su propiedad que alberguen hasta 4.000 personas cada uno.
en el estado más poblado de Estados Unidos y bastión demócrata, horas antes de la llegada del mandatario.
Amnistía Internacional (AI) ha criticado al Gobierno de Australia por trasladar «de un infierno a otro» a los refugiados recluidos en la isla de Manus, en el norte de Papúa Nueva Guinea, y por vulnerar sus derechos.
Diez estados de Estados Unidos liderados por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, ha urgido este jueves al Gobierno de Donald Trump a que elimine el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ha protegido de la deportación a unos 800.000 jóvenes inmigrantes indocumentados.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado este viernes un paso más en su campaña contra las llamadas «ciudades santuario», al exigir pruebas a nueve jurisdicciones del país de que están dando información al Gobierno federal sobre los inmigrantes indocumentados en su territorio, o dejarán de recibir fondos.
Un caso de violación de una menor cerca de Washington se ha colocado esta semana bajo los focos de manera inusual, al ser los presuntos autores dos adolescentes hispanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos. En tiempos normales un asunto así no habría llamado la atención de la prensa nacional, pero ha caído justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no deja de denunciar una frontera porosa, que los inmigrantes aumentan la criminalidad y que el gobierno no ha dado prioridad a los estadounidenses.
El primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, ha pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayude a los ciudadanos irlandeses que actualmente residen de manera ilegal en el país, informan varios medios. Tan solo quieren «volver a hacer a América grande», ha asegurado Kenny, en referencia al eslogan Make America great again que el magnate utilizó y popularizó durante su campaña presidencial. La reunión de ambos líderes se produjo en el marco de las celebraciones del Día de San Patricio, que Trump ha celebrado con Kenny en la Casa Blanca.
El alcalde republicano busca, con esta medida, la simpatía del presidente Trump, que ordenó el miércoles cortar los fondos federales a las cerca de 300 «ciudades santuario» del país que se niegan a arrestar y contribuir a la deportación de inmigrantes sin papeles.
Ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago anunciaron que, pese a las amenazas de Trump, van a continuar protegiendo a los inmigrantes, pero el alcalde de Miami siempre ha rechazado esta etiqueta que le impuso el año pasado el Departamento de Justicia de «ciudad santuario». Su presencia en esta lista se debe a que la policía local se negaba -hasta este jueves- a detener a los inmigrantes indocumentados requeridos por el gobierno federal a menos que Washington pagara los costes de su encarcelamiento. La decisión de Giménez fue saludada efusivamente por el nuevo presidente estadounidense: «El alcalde de Miami-Dade abandonó la política de los santuarios. Buena decisión. ¡Fuerte!», escribió Trump en su Twitter.
El alcalde ha explicado al diario Miami Herald que su decisión de ordenar la detención de los inmigrantes requeridos por el FBI, yendo a contracorriente de la mayoría de las «ciudades santuario» del país, es financiera, no ideológica. «Me quiero asegurar de que no pongamos en peligro los millones de dólares en fondos que obtenemos del gobierno federal por un asunto de 52.000 dólares», explicó Giménez, quien votó por la demócrata Hillary Clinton. Esa cantidad, 52.000 dólares, es lo que le habría costado al condado el año pasado detener a los inmigrantes en prisiones locales.
Según el centro de estudios Migration Policy Institute, Florida alberga 650.000 inmigrantes indocumentados. Es el cuarto estado del país con mayor número de personas sin papeles después de California, que tiene más de 3 millones, Texas, con 1,5 millones, y Nueva York, con 870.000.
Si Barack Obama fuese una empresa cotizada, habría sido un hábil inversor quien se hubiera deshecho de sus acciones a principios de 2009, al poco de iniciarse su primer mandato como presidente de Estados Unidos. Las expectativas depositadas en él eran tan altas, tan desmesurados los deseos, que era fácil predecir un derrumbe de la acción cuando el áspero e inflexible principio de realidad se interpusiera en el camino. Ocho años después, acabada el pulso entre la realidad y el deseo, me atrevería a recomendar a los lectores que compren obamas de nuevo. Porque lo vamos a echar de menos y su acción a partir de ahora sólo puede subir.
«Esto es solo el principio», decía Angélica Salas, directora de la organización proinmigrantes local Chirla, en alusión a la campaña de resistencia que están preparando de cara al inicio de la etapa presidencial de Donald Trump. Coincidiendo con el día del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre, varios miles de personas ocuparon el centro de la ciudad de Los Ángeles. Los participantes en la marcha manifestaron a través de pancartas y proclamas su preocupación ante la llegada de Donad Trump, teniendo en cuenta las amenazas contra los indocumentados vertidas durante la campaña electoral. Trump ha asegurado que deportará a millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. De hecho, prometió crear «una fuerza de deportación» para expulsar a los inmigrantes indocumentados, sobre todo a los mexicanos a los que tachó de «criminales y violadores». Otras manifestaciones que tuvieron lugar el domingo en otras ciudades del país apelaron a la conciencia de los miembros republicanos del Colegio Electoral de forma que este lunes no votaran por Trump.
«Ha sido una victoria merecida. Has sido elegido – le ha dicho a Trump – el líder del país más poderoso», declaró el presidente filipino en un encuentro con periodistas. Preguntado si piensa que podrá tener una buena relación con el presidente electo, contestó que él puede ser amigo de cualquiera, sobre todo, de políticos como Trump que no han dicho nada sobre el tema de los derechos humanos en Filipinas. «Nosotros no tenemos disputas. Yo puedo ser amigo de cualquiera, sobre todo de un presidente de otro país. Él no se ha entrometido en los derechos humanos». Duterte es objeto de duras críticas por parte de la comunidad internacional por su política contra las drogas y el narcotráfico de permitir y animar a los ciudadanos y policías a matar a los drogadictos y camellos.
Es de sobra conocida la hostilidad mantenida por Duterte hacia Estados Unidos, país tradicionalmente aliado de Filipinas, y sus insultos a Barack Obama. Tras la elección de Trump ha cambiado el tono y se ha mostrado convencido de que el nuevo presidente podrá llevar a cabo sus planes anunciados en la campaña electoral, entre los cuales está la expulsión de los inmigrantes ilegales. Se estima que numerosos filipinos trabajan de forma ilegal en Estados Unidos.
Trump aseguró que seguirá con las deportaciones de indocumentados pero será en un número inferior al anunciado en campaña. Prometió que expulsará sólo aquellos con antecedentes penales, que calcula en torno a dos o tres milles de ilegales. «Lo que vamos a hacer es coger a los que son criminales y que tienen antecedentes penales, pandilleros, traficantes de droga, probablemente dos millones, podrían ser incluso tres millones, y vamos a echarlos del país o vamos a encarcelarlos», indicó Trump. En cuanto al polémico muro, el nuevo presidente de Estados Unidos aseguró que lo hará, pero algunos tramos en lugar de muro serán vallas. «Para algunas áreas lo consideraría (alzar vallas), pero para otras, un muro es más apropiado. Soy muy bueno en esto, se llama construcción», resaltó.
La victoria de Trump ha dividido a la sociedad americana. Una parte sale a las calles para protestar por su victoria y denunciar la perdida de derechos civiles bajo su mandato y la otra parte, seguidora del republicano, ha emprendido una campaña de odio contra las minorías.
Además del tema de la inmigración, en la reunión también se abordó el tráfico ilegal de armas y dinero al sur que promueven la violencia de los carteles. La visita del magnate estadounidense estuvo antecedida por las polémicas promesas que ha hecho durante la campaña electoral como, por ejemplo, la de deportar a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos, además de los insultos a los inmigrantes mexicanos a los que ha llegado a calificar de “violadores” y “criminales”. El desprecio hacia sus afirmaciones se hizo sentir en la capital mexicana con algunas manifestaciones. También rechazaron la visita de Trump algunos políticos como el expresidente Vicente Fox y la ex primera dama Margarita Zavala, esposa del exmandatario Felipe Calderón y quien se perfila como posible candidata presidencial para el 2018. «Aunque lo hayan invitado, sepa que no es bienvenido. Los mexicanos tenemos dignidad y repudiamos su discurso de odio», ha escrito Zavala en Twitter. El escritor e historiador Enrique Krauze se refirió al encuentro como «un error histórico».
Hace un año, Trump puso en marcha su postulación a la candidatura republicana ofreciendo mano dura ante el tema de la inmigración y prometiendo construir un muro que abarque toda la frontera con México. «Cuando México envía a su gente, no envía a los mejores… traen drogas, traen crimen, son violadores», afirmó en aquel momento. Sin embargo, en las últimas semanas ha empezado a mostrar una actitud menos radical insinuando que no piensa deportar -como había prometido- a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos. “No habrá amnistía, pero trabajaremos con ellos», dijo Trump sobre los inmigrantes sin papeles en una entrevista en televisión, en la que anunció, eso sí, que los obligará a pagar impuestos.
Inicia sesión en The Objective
Crea tu cuenta en The Objective
Recupera tu contraseña
Ingresa el correo electrónico con el que te registraste en The Objective