La Justicia catalana rechaza amnistiar a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que no hay antecedentes penales pendientes de cancelación
Joana Ortega
Artur Mas, inhabilitado hasta febrero del 2020 por la consulta independentista del 9N
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado que el expresidente catalán Artur Mas esté inhabilitado hasta el 23 de febrero de 2020 para cumplir la condena por desobediencia por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, y le ha requerido que pague la multa de 36.000 euros que se le impuso.
El Supremo rebaja a un año y un mes la inhabilitación de Artur Mas por el 9N
El Tribunal Supremo ha rebajado a un año y un mes la condena de inhabilitación del expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
Artur Mas y otros exaltos cargos catalanes, condenados a devolver 4,9 millones gastados en el 9N
El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a otros ex altos cargos autonómicos a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat de Cataluña en organizar y celebrar la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre 2014.
El Tribunal de Cuentas iniciará el embargo a Artur Mas y tres exconsellers por 2,4 millones
El Tribunal de Cuentas iniciará el embargo de las propiedades del expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega por valor de los 2,4 millones, que es el dinero que queda pendiente de entregar de los 5,2 millones pendientes por la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre de 2015.
El Tribunal de Cuentas embargará a Mas si no devuelve 5,2 millones de euros del 9N
El Tribunal de Cuentas ha reclamado este lunes al expresidente del Gobierno de Cataluña, Artur Mas, y a otros cargos del Gobierno, 5,2 millones de euros por los gastos de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, declarada ilegal por la Justicia. Si no entregan el dinero en un plazo de 15 días, se les embargará su patrimonio, han informado fuentes judiciales a Efe.
El Tribunal de Cuentas exige el pago de 5 millones a los impulsores del 9-N
El Tribunal de Cuentas ha impulsado este miércoles un procedimiento contra cuatro exdirigentes catalanes, que podría terminar con el pago de más de 5 millones de euros por la consulta independentista no vinculante celebrada en 2014 y declarada ilegal, informa AFP. El caso aparece a dos meses y medio del referéndum secesionista que el ejecutivo nacionalista de Cataluña quiere celebrar el 1 de octubre, y al que el Gobierno español se opone de plano por considerarlo anticonstitucional. Los concernidos son el expresidente regional Artur Mas (2010-2016) y tres integrantes de su equipo: la exvicepresidenta Joana Ortega, la exresponsable de Educación Irene Rigau y el exportavoz Francesc Homs. El Tribunal les exige el pago de 5,12 millones de euros por los gastos que originó el referéndum a las arcas públicas y los amenaza con embargarles sus bienes hasta cubrir esa cantidad si no la abonan antes del 25 de septiembre, informan varios medios.
Artur Mas se sentará en el banquillo por celebrar la consulta independentista del 9-N
Los hechos presuntamente delictivos se centran en el periodo de tiempo que va desde el 4 de noviembre —fecha en la que el Tribunal Constitucional prohibió la consulta organizada por la Generalitat— y el 9 de noviembre de 2014, día de la consulta. El TSJC recuerda que el Tribunal Constitucional «comunicó directamente la existencia» de la resolución al expresident mediante un correo electrónico. El Gobierno catalán argumenta que dejó la organización de la consulta en manos de voluntarios. Sin embargo, el auto apunta que la Generalitat permitió que los trabajos encargados a empresas privadas siguieran adelante. El 9-N, día de la votación, «acaeció en todo momento bajo el control directo de la administración autonómica» presidida por Mas, señala el auto. Y continúa: Mas, «auxiliado» por Ortega y Rigau, «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión ordenada por el TC. Los resultados de la jornada, por ejemplo, fueron difundidos públicamente por la vicepresidenta Joana Ortega.
La Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación para que Mas no pueda desempeñar ningún «cargo público electivo» ni «ejercer funciones de gobierno» en ningún ámbito, sea local, autonómico o estatal. En el caso de Ortega y Rigau, la petición de inhabilitación se rebaja a los nueve años.
