Izquierda Unida pide al juez que impute al PP en el caso Púnica
La formación afirma que los informes policiales aportados a la causa dejan «pocas dudas de la absoluta falta de control interno» en el PP
La formación afirma que los informes policiales aportados a la causa dejan «pocas dudas de la absoluta falta de control interno» en el PP
Los arrestados tenían en su poder material para fabricar explosivos caseros y planos de edificios públicos
Cifuentes y Aguirre, citadas en calidad de investigadas, tendrán que comparecer el 1 y el 18 de octubre ante el juez, respectivamente
El ministerio público pide imputar en una de las piezas del caso a las expresidentas madrileñas por delitos de corrupción
La Fiscalía de Madrid pide cuatro años de prisión para el excomisario José Villarejo por estar presuntamente detrás de la grabación y la posterior filtración de la reunión que en 2014 mantuvieron agentes de Asuntos Internos de la Policía y del CNI sobre Francisco Javier Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás. Villarejo es acusado de la autoría de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El excomisario José Villarejo actuó como parte de la «estructura del Estado» ayudando «a los partidos políticos, a los gobiernos, en las misiones que le han sido encargadas como agente encubierto, y eso también concurre en el caso del BBVA», según ha explicado este lunes a la prensa su abogado.
El abogado de José Villarejo ha asegurado este jueves que el excomisario ha admitido ante el juez el uso de fondos reservados para lograr información sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, han indicado a Efe fuentes jurídicas. El letrado, Antonio José García Cabrera, ha hecho estas manifestaciones a los periodistas tras la primera parte de la declaración de Villarejo, quien, según esas mismas fuentes jurídicas, ha explicado que recibió el encargo de obtener esa información (en la denominada operación Kitchen) a través del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, a quien se pagó con fondos reservados.
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas al etarra Luis Miguel Ipiña Doña, conocido como Torero o Tontxu, sobre el que pesaba una orden de detención desde 2015, cuando trataba de entrar en España procedente de Bogotá con un pasaporte de México, informa Efe. Ipiña Doña, responsable de importantes acciones terroristas, atentados con víctimas mortales y colocación de explosivos con numerosos heridos, ha sido arrestado por los agentes de Policía Nacional cuando descendía de un avión procedente de Bogotá, ha informado el Ministerio del Interior.
El último de los consejeros del Gobierno del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón en declarar ante el juez del caso Lezo, el que fuera titular de Economía Luis Blázquez, ha sostenido que confió en la legalidad de la compra de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001, informa Efe. En la línea del resto de exconsejeros madrileños que votaron ese año a favor de la compra de la empresa colombiana, investigada en Lezo, Blázquez ha explicado que él no entró en los detalles de la operación porque de eso se encargaban los técnicos, en los que confiaba.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado este jueves el ingreso en prisión incondicional del excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Montano por participar «activamente» en la decisión y diseño del asesinato de cinco jesuítas, entre ellos Ignacio Ellacuría, el 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana (UCA). Según el auto, Montano, extraditado el miércoles desde Estados Unidos para ser juzgado por esta causa, está procesado por los delitos de asesinatos terroristas y crímenes de lesa humanidad o contra el Derecho de gentes, vigentes en el momento de los hechos.
Edmundo Rodríguez Sobrino ha salido de prisión este martes. Lo ha hecho después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya acordado la libertad provisional para Rodríguez Sobrino, investigado en el denominado caso Lezo, una vez depositada la fianza de 100.000 euros fijada para salir de prisión, informa la Audiencia en un comunicado. En el auto, el magistrado le impone como medidas cautelares, entre otras, la prohibición de salida del territorio nacional, la entrega del pasaporte y las comparecencias quincenales ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional o el más próximo a su domicilio.
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