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El consejero de Economía de Gallardón dice que confió en la legalidad de la compra de Inassa

El último de los consejeros del Gobierno del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón en declarar ante el juez del caso Lezo, el que fuera titular de Economía Luis Blázquez, ha sostenido que confió en la legalidad de la compra de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001, informa Efe. En la línea del resto de exconsejeros madrileños que votaron ese año a favor de la compra de la empresa colombiana, investigada en Lezo, Blázquez ha explicado que él no entró en los detalles de la operación porque de eso se encargaban los técnicos, en los que confiaba.

El consejero de Economía de Gallardón dice que confió en la legalidad de la compra de Inassa
Reuters

El último de los consejeros del Gobierno del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón en declarar ante el juez del caso Lezo, el que fuera titular de Economía Luis Blázquez, ha sostenido que confió en la legalidad de la compra de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001, informa Efe. En la línea del resto de exconsejeros madrileños que votaron ese año a favor de la compra de la empresa colombiana, investigada en Lezo, Blázquez ha explicado que él no entró en los detalles de la operación porque de eso se encargaban los técnicos, en los que confiaba.

Según fuentes presentes en su declaración como investigado, Blázquez ha dicho que él se limitaba a tomar decisiones políticas y que confió en la legalidad de la operación.

Con su declaración, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha tomado declaración ya a todos los miembros del Gobierno regional que aprobaron la compraventa y la mayoría, así como el propio Gallardón, han defendido que creían que la operación era legal porque venía avalada por los informes técnicos.

El pasado junio, Gallardón defendió ante el juez la compra de Inassa y aseguró que “jamás” ha cobrado una comisión. La compra de Inassa, dijo, fue “una adquisición que se hizo con el mejor y más absoluto de los convencimientos de que era buena para la institución y los madrileños”. Además, añadió que “el tiempo ha demostrado que fue una buena decisión por parte del Canal”.

La compra se aprobó por 73 millones de dólares (unos 62 millones de euros al cambio actual) a través de una estructura societaria radicada en Panamá, un método que está en el punto de mira del juez pues, a su juicio, contravino «de plano» los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad. Además, García Castellón sospecha que pudo existir «una sobrevaloración claramente perjudicial» en la operación.

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