También han sido citados otros exconsellers relacionados con la consulta del 1-O, como Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn
El juicio del procés se ha reanudado este martes en el Tribunal Supremo con la declaración del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, que ha admitido que tuvo contactos con miembros de la Generalitat porque «dentro de las obligaciones» de su cargo entra esta función y que intentó convencer al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que se olvidara del «planteamiento suicida» de celebrar el referéndum del 1 de octubre.
En la recta final del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 hubo tres consejeros del Govern de la Generalitat que decidieron abandonar el barco del procés. Eran Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz. Cuando esto sucedió, meses antes de la votación ilegal, leí en alguno de estos chats grupales de Whatsapp donde nos juntamos la resistencia catalana que alguien decía que a bordo del procés “solo quedaban los más tontos”.
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Francisco Valls ha acordado el sobreseimiento de la causa abierta al exconseller de Presidencia Jordi Turull, después de que la Fiscalía le acusara de un delito de insolvencia punible por ceder parte de su patrimonio a su esposa meses antes del 1-O.
El exconseller de Presidencia Jordi Turull ha alegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cedió parte de su patrimonio a su esposa meses antes del 1-O porque temía por su salud, no para evitar posibles embargos, ya que por entonces ni siquiera formaba parte del Govern, informa Efe. Según han informado fuentes jurídicas, Turull y su esposa han declarado como investigados ante el magistrado del TSJC Francisco Valls, a raíz de una querella de la Fiscalía que le acusa de haberse desprendido de parte de sus bienes para burlar posibles responsabilidades civiles que pudieran imponérsele por su papel en el proceso independentista.
Madrigal, que ha hablado de desafío al Estado de Derecho» y de «desprecio al ordenamiento constitucional», en ningún momento ha mencionado directamente a la Generalitat catalana, a sus socios o al Parlament. Eso sí, ha avalado la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2015 contra la declaración soberanista del Parlament y ha advertido de que la FGE actuará «si fuera el caso» para impedir que se actúe al margen de la ley y los procedimientos legalmente establecidos. «Algunos invocan la democracia y la libertad para proponer el incumplimiento de las leyes (… ) Esto sugiere que determinados usos de la libertad pueden suponer un peligro para la democracia», ha añadido la fiscal general.
Desde la Generalitat, la consellera de la Presidència de la Generalitat y portavoz del Govern, Neus Munté, ha lamentado estas manifestaciones. “Habla quien no tiene que hablar y no habla quien debería hacerlo, que no es otro que el Gobierno por muy en funciones que esté”, ha dicho en rueda de prensa. Por su parte, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha anunciado que solicitará la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados de Madrigal ante la «gravedad del mensaje».
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