Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, han acordado una hoja de ruta para la normalización de unas relaciones estancadas desde el derribo de un cazabombardero ruso en noviembre de 2015 en la frontera siria.
El ayuntamiento de la ciudad alemana de Gaggenau ha recibido este viernes una amenaza telefónica de bomba, tras haber anulado el mitin político del ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag, que se iba a celebrar en el municipio. El mitin tenía como objetivo promover el sí en el referéndum del 16 abril, sobre una reforma constitucional que amplía considerablemente el poder del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Tres soldados turcos han muerto «accidentalmente» esta mañana en el norte de Siria a causa de un bombardeo de la aviación rusa, ha informado el ejército turco. En el ataque han resultado heridos otros once militares. Vladimir Putin, presidente de Rusia, se ha apresurado a descolgar el teléfono para disculparse y presentar el pésame a su homólogo otomano, Recep Tayyip Erdogan.
La canciller alemana, Angela Merkel, ha comunicado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, su preocupación por la situación en la que se encuentra la libertad de expresión en Turquía, según ha explicado en una rueda de prensa conjunta en Ankara tras reunirse con él. «La separación de los poderes y la libertad de expresión tienen que estar garantizados» en la revisión constitucional impulsada por Erdogan y sometida a referéndum en abril, manifestó Merkel en la conferencia de prensa.
El juez, que figura entre las 41.000 personas detenidas en Turquía en las purgas emprendidas por el ejecutivo turco tras la intentona golpista, está encargado de examinar el recurso de revisión presentado por el ex ministro ruandés Augustin Ngirabatware, condenado a 30 años de cárcel por la Corte Penal Internacional (CPI) por su participación en el genocidio de 1994.
El MTPI ha recordado que Turquía está «obligado» a responder la decisión del tribunal como lo dispone la resolución 1966 del Consejo de Seguridad de la ONU.
“Esto es una decisión política. Grecia está protegiendo y acogiendo a conspiradores del golpe de estado”, ha declarado Cavusoglu. “Hay un pacto de migración que firmamos, incluyendo el pacto de readmisión con Grecia, y estamos evaluando qué podemos hacer, incluyendo la cancelación de este pacto de readmisión”, ha añadido. El Ministerio de Justicia de Turquía ha pedido de nuevo la extradición, según informa la agencia estatal turca Anadolu.
El pacto con la Unión Europea, que entró en vigor en marzo del pasado año, supone que Turquía toma de vuelta a los migrantes que crucen a Grecia si estos no solicitan asilo o si su petición es denegada. No es la primera vez que Turquía amenaza con romper este pacto. Sin embargo, una portavoz de la Unión Europea ha dicho que confían en que se mantendrá este acuerdo.
Los ocho militares están acusados de jugar un importante papel en el intento de golpe de estado, así como de estar relacionados con un grupo que intentó asesinar al presidente Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo, ellos han defendido desde el principio que no estuvieron involucrados y que no quieren volver a Turquía porque temen por sus vidas.
Los jueces siguieron el requerimiento de la fiscalía, que se pronunció hace diez días contra la extradición de los militares ante la ausencia de garantías en Turquía para celebrar un proceso justo. El tribunal ha ordenado la liberación de los ocho militares, en prisión provisional en Grecia desde que aterrizaron en helicóptero el 16 de julio en un aeropuerto en el norte del país.
Los ocho militares turcos desmintieron en múltiples ocasiones su implicación en la intentona golpista y afirmaron que decidieron huir por miedo a las represalias contra los militares. En primera instancia, un tribunal de Atenas ya había rechazado la extradición de cinco de los ocho militares, y la había autorizado para tres. Estos apelaron, al mismo tiempo que la fiscalía. Tras el golpe de julio, numerosos militares huyeron a países europeos por temor a represalias por parte del Gobierno de Erdogan.
Se trata de las primeras detenciones relacionadas con el atentado, que dejó 39 muertos – 27 de los cuales eran extranjeros – y 65 heridos, aunque la policía mantiene un amplio operativo para localizar al autor de la masacre. En este sentido, el diario Hürriyet ha publicado que las autoridades siguen la pista del Estado Islámico y que el asesino podría ser oriundo de Kirguistán o Uzbekistán. Tras la matanza, el atacante se cambió de ropa y huyó.
El ministro del Interior, Suleyman Soylu, aseguró el domingo que se estaban llevando a cabo intensas operaciones de búsqueda y que el autor sería «capturado rápidamente». Según algunos medios, los investigadores estiman que el asaltante podría estar vinculado a la célula que cometió el triple atentado suicida del aeropuerto Atatürk de Estambul, que en junio pasado dejó 47 muertos, atribuido por las autoridades a Daesh.
El consulado de Riad en Estambul ha informado de varias víctimas saudíes, pero sin especificar el número total. El diario saudí Asharq Al Awsat habla de cinco muertos y 11 heridos, mientras que la televisión Al Arabiya menciona cinco muertos y nueve heridos. El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Didier Reynders, confirmó la muerte de un joven de unos veinte años con doble nacionalidad belga y turca, al tiempo que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dicho que, entre las víctimas mortales hay una ciudadana de su país. También una francesa que tenía pasaporte tunecino es una de las fallecidas, y otros cuatro franceses resultaron heridos, según la secretaria de Estado encargada de ayuda a las víctimas, Juliette Méadel. Dos ciudadanos de nacionalidad india también fallecieron, según un tuit de la ministra de Exteriores del país, Sushma Swaraj. Se trata de Abis Rizvi, hijo de un ex diputado indio, y de una mujer identificada como Khushi Shah.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Irak ha confirmado la muerte de tres nacionales. El Gobierno de Israel ha identificado entre los muertos a una joven árabe-israelí, de 18 años, Lian Nasser, mientras que una amiga suya resultó herida. Hay también tres jordanos muertos y otros cuatro heridos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, citado por la agencia oficial Petra. El resto de los muertos son un kuwaití – otros cinco están heridos – ha informado el viceministro de Exteriores, Jaled al Jarallah, citado por la agencia oficial Kuna; tres libaneses – hay, además, cuatro heridos – según el Ministerio de Exteriores de ese país; un libio murió y tres más resultaron heridos en el ataque, ha dado a conocer el Ministerio de Exteriores del país árabe. Además, hay dos marroquíes muertos y cuatro heridos, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que el embajador de Francia en Túnez, Olivier Poivre d’Arvor, ha informado de que un tunecino y una franco-tunecina fallecieron en el ataque. Se trata de un empresario y su esposa, que los medios de comunicación tunecinos han identificado como Mohamed Azzabi y Senda Nakaam. La pareja deja huérfana a un niña de cinco meses.
«Continuando con las operaciones que el Estado Islámico está llevando a cabo contra el protector de la frontera, Turquía, un heroico soldado del califato ha irrumpido en una de las discotecas más famosas donde los cristianos celebran sus vacaciones apóstatas», ha manifestado Daesh en un comunicado. Más allá de esta reivindicación, se mantiene la falta de informaciones concretas sobre el perfil del autor que, pese a lo que se había dicho en un primer momento, no entró en el club nocturno disfrazado de Papá Noel. Sobre su identidad nada se ha dicho salvo que, según ISIS es uno de sus combatientes. Previamente, el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Murat Karayilan, había negado la implicación de alguna organización kurda en la masacre, según la agencia de noticias Firat, próxima al PKK.
Imágenes de vídeos hechos públicos permiten ver al asaltante antes de entrar en la discoteca disparando contra un policía y un civil que se encontraban en la puerta del exclusivo club Reina. Después comenzó a disparar contra las cerca de 700 personas que se encontraban en el lugar. La televisión NTV afirmó que el atacante había disparado entre 120 y 180 veces durante unos siete minutos sembrando el pánico, lo que hizo que incluso algunas personas se lanzaran a las gélidas aguas del estrecho del Bósforo para escapar de la matanza.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado que la matanza buscaba sembrar el caos, pero ha prometido que el país no se doblegará ante la amenaza terrorista en la que, además de 39 muertos hay 65 personas heridas, algunas de extrema gravedad. Entre los fallecidos hay 27 extranjeros, ha informado la agencia de prensa turca Anadolu citando una fuente del Ministerio de Justicia. En cuanto a las investigaciones, el primer ministro turco, Binali Yildirim, aseguró que las pesquisas estaban siendo «muy minuciosas» para identificar al agresor. «Las operaciones de búsqueda del terrorista están todavía en curso. Espero que sea capturado rápidamente», declaró por su parte el ministro del Interior, Suleyman Soylu.
El ataque, ocurrido a pocas horas del Año Nuevo, golpeó al país que, en 2016 ya había sufrido una ola de atentados atribuidos al grupo autodenominado Estado Islámico y a rebeldes kurdos, además de un golpe de estado fallido y la represión posterior por parte del presidente Erdogan. Las autoridades turcas habían anunciado un despliegue de 17.000 policías en Estambul en el marco de los festejos del Año Nuevo ante el temor a un atentado en alguna ciudad europea.
Según el gobierno turco el culpable del golpe fue Fethullah Gulen, predicador y empresario ex aliado de Erdogan. Gulen negó cualquier papel en el golpe e incluso alegó que fue orquestado por el propio Erdogan «para construir una dictadura», una demanda que el presidente, las agencias espías turcas e incluso la oposición han negaron vehementemente. Cuando la madrugada del golpe Erdogan apareció en televisión, ya lo avisó: los culpables pagarían un “alto precio” por su “traición, y tras el fallido golpe militar, noticias sobre la convulsa situación en Turquía inundaron titulares preocupando a una impotente comunidad internacional. Según denunció Amnistía Internacional, más de 13.000 personas fueron torturadas y violadas tras ser detenidas por el gobierno turco de Erdogan, el gobierno planeó la extradición de extradición de 32 diplomáticos e incluso se planteó instaurar la pena de muerte. Miles de militares, pilotos, policías, funcionarios, académicos e incluso profesores fueron despedidos o cesados de sus cargos por presuntos vínculos con el predicador «terrorista» y su movimiento. Se calcula que desde el golpe hasta la fecha, más de 100.000 personas han sido despedidas o suspendidas de sus puestos y 37.000 detenidas en una represión sin precedentes
Tras los primeros momentos de confusión, las calles de Turquía volvieron a la aparente calma, pero la tensión sigue haciendo estragos tanto a nivel nacional como en las relaciones internacionales del país. La purga posterior al golpe dio lugar a una ruptura en las relaciones con la Unión Europea, que acusó a Erdogan de usar el intento de golpe como excusa para eliminar a la oposición, y las relaciones entre Turquía y Estados Unidos también se vieron deterioradas ante la negativa de Washigton de extraditar a Gulen. La decisión de Erdogan de abrir las fronteras para dejar pasar a los refugiados al resto de Europa no hizo más que debilitar la ya dañada relación con la UE. A día de hoy, meses después del fallido golpe, los ciudadanos turcos siguen viviendo en sus propias carnes las consecuencias de un intento que no llegó a consumarse, pero que sí logró prender la mecha de la convulsión.
Los 29 acusados están siendo juzgados en la mayor sala de audiencias de Turquía, en un edificio situado frente a la prisión de Silivri, a las afueras de Estambul. Las primeras audiencias, que durarán cuatro días, comenzaron con la lectura de la identidad de los comparecientes y los delitos de los que se les acusa, antes de dar paso a los argumentos de la defensa, según la agencia de noticias progubernamental Anadolu.
Los policías están acusados de haberse negado a obedecer las órdenes de defender al presidente Erdogan la noche del golpe. De ellos, 21 podrían ser condenados hasta a tres cadenas perpetuas por «tentativa de revertir el orden constitucional» y «tentativa de derrocar al gobierno o de impedirle cumplir con sus deberes». Los ocho restantes podrían ser condenados a penas de prisión de hasta 15 años por «pertenencia a una organización terrorista armada».
Durante la madrugada, la agencia de inteligencia turca dio por fracasado el alzamiento. Cerca del amanecer, el presidente arribó al aeropuerto de Atatürk, tras lo cual apareció en televisión diciendo que los instigadores del golpe pagarían un “alto precio” por su “traición”. Y así ha sido. Desde entonces, las cárceles de Turquía están completamente abarrotadas. Cerca de 35.000 personas han sido detenidas, 11.000 han sido liberadas, y actualmente hay más de 17.000 en prisión preventiva.
La gestión de Erdogan con respecto a la crisis de refugiados también ha sido foco de críticas. El presidente turco ha amenazado con abrir las fronteras tras la propuesta del Parlamento Europeo de congelar las negociaciones de adhesión de Turquía como miembro de la Unión Europea. El pasado 18 de marzo, los 28 miembros acordaron que todos los refugiados que llegasen ilegalmente a cualquier país de la Unión serían deportados a Turquía. A cambio, la Unión Europea se comprometió a pagar a Turquía 6.000 millones de euros en dos tandas hasta 2018, además de abrir un nuevo capítulo en las negociaciones de adhesión de Turquía.
Recep Tayyip Erdogan, nació en Estambul un 26 de febrero de 1954. Presidente de Turquía desde agosto de 2014, previamente fue primer ministro entre marzo de 2003 y agosto de 2014, y anteriormente alcalde de Estambul, entre 1994 y 1998.
«Nuestra niña de Alepo, Bana Al Abed, y su familia nos dieron la alegría de visitarnos en el palacio presidencial», informó Erdogan. Desde septiembre, Bana Al Abed tuiteaba junto a su madre pasajes de la vida en el este de Alepo, ciudad sitiada y bombardeada por la avión siria y rusa.
El gobierno de Ankara apoya abiertamente a los rebeldes que intentan derrocar al presidente sirio Bashar al Asad, en un conflicto que ya ha provocado más de 310.000 muertos y millones de civiles desplazados desde marzo de 2011. La joven, que informaba sobre el desarrollo de los enfrentamientos en Alepo a través de su cuenta – @AlabedBana – con más de 352.000 seguidores, ha tuiteado tras la visita al palacio presidencial: «Muy contentos de encontrarnos con el señor Erdogan».
Reporteros Sin Fronteras «lamenta la siniestra cacería de periodistas» que ha tenido lugar durante este 2016. En 2015, la cifra fue de 101 y, sin embargo, «este descenso no es motivo de alegría, ya que se explica por el hecho de que los periodistas no tuvieron otra opción que huir de los países que se han vuelto demasiado peligrosos: Siria, Irak, Libia, Yemen, Afganistán y Burundi». Para la ONG, «este exilio masivo ha creado agujeros negros de la información en los que reina la impunidad».
Especial relevancia adquiere en el informe el aumento de profesionales encarcelados, sobre todo en Turquía, donde las cifras se han cuadriplicado desde el fallido golpe de Estado de julio. En la actualidad hay más de 100 periodistas y colaboradores de medios de comunicación en las cárceles turcas, de los cuales, «en 41 casos, la detención tiene una relación directa con su trabajo periodístico». «Los excesos autoritarios del presidente Recep Tayyip Erdogan se manifiestan en redadas en medios de comunicación, haciendo así callar a las voces críticas», denuncia RSF. Turquía, China, Irán y Egipto concentran a más de dos tercios de los periodistas encarcelados en el mundo. “La represión de los periodistas en el mundo aumenta a un ritmo frenético», afirma Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros Sin Fronteras.
Demirel es el presidente del grupo parlamentario del HDP, segunda formación opositora en Turquía. Por otro lado, el lunes Erdogan ordenó la detención de casi 200 miembros del HDP, entre ellos los jefes del partido en Estambul y Ankara, sospechosos de pertenecer al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado grupo terrorista por el gobierno turco, o de transmitir su propaganda. El doble atentado del sábado cerca de un estadio de fútbol en Estambul, que dejó 44 muertos, en su mayoría policías, fue reivindicado por los Halcones de la Libertad de Kurdistán (TAK), un grupo cercano al PKK, que en los últimos meses ha llevado a cabo numerosos ataques, sobre todo en Estambul y Ankara.
Entre los detenidos figuran los jefes de la sección del partido de Estambul, Aysel Guzel, y Ankara, Ibrahim Binici, indicó la agencia. A principios de noviembre, los copresidentes del HDP, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, y una decena de diputados de esta formación fueron detenidos en el marco de una investigación «antiterrorista» vinculada con el PKK. Los dirigentes del HDP, segundo partido de oposición en Turquía, son las dos figuras más prominentes detenidas desde la intentona golpista de mediados de julio, tras la cual el gobierno inició una purga masiva contra civiles y militares. Las detenciones tras el doble atentado que el sábado dejó 38 muertos, entre ellos 30 policías, y que fue reivindicado por el grupo radical kurdo los Halcones de la Libertad de Kurdistán (TAK).
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusa al HDP de estar estrechamente vinculado con el PKK y ha anunciado que ya no considera a esta organización, a cuyos miembros califica regularmente de «terroristas», como un interlocutor legítimo. Las detenciones han sido posibles después de que el parlamento turco votó en mayo a favor del levantamiento de la inmunidad de los diputados amenazados de acciones judiciales, una medida cuestionada y destinada en particular a los diputados del HDP.
«Nosotros alimentamos a 3,5 millones de refugiados en este país, ustedes no han cumplido sus promesas”, aseguró el mandatario turco en una intervención retransmitida por la cadena CNNTürk. Las promesas a las que se refiere Erdogan se enmarcan dentro del acuerdo pactado en marzo de este año, según el cual Turquía acoge a aquellos refugiados que viajaron ilegalmente hacia las costas europeas. A cambio, la Unión Europea apoyaba económicamente el cuidado de los refugiados, se comprometió a traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones y prometió liberalizar su régimen de visados para viajeros tucos, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. En su discurso, Erdogan recuerdó que la UE «necesita a Turquía» como refuerzo .
El fallido golpe de Estado ocurrido el 15 de julio supuso un punto de inflexión en las relaciones entre la UE y Turquía. Bruselas ha criticado las represalias tomadas por Erdogan en lo que parece una deriva dictatorial que se ha traducido en detenciones sistemáticas. Desde que tuvo lugar el fallido golpe el Gobierno, el mandatario turco ha llevado a cabo más de 110.000 detenciones entre jueces, profesores, policías, militares y funcionarios.
El resultado de la votación no es vinculante pero representa una posición contundente ante la crucial reunión que los ministros de la UE celebrarán el próximo mes. Los jefes de la diplomacia europea debatirán la posible entrada de Turquía en la UE en diciembre mientras aumenta la preocupación ante la persecución lanzada por el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, tras la intentona golpista.
La votación es probable que se sume a las críticas contra el acuerdo sobre migración firmado entre la UE y Turquía en marzo. Turquía ha hecho importantes esfuerzos para frenar a los traficantes de personas, lo que ha contribuido a una importante reducción del flujo de refugiados y migrantes en busca de asilo en Europa a través del Mar Egeo. A cambio, la UE prometió a Turquía 3.000 millones de euros para ayudar al gobierno de Ankara a hacer frente a tres millones de refugiados, la entrada libre de ciudadanos turcos en la UE y avanzar en las negociaciones para que el país sea miembro del grupo.
Hemos dejado claro muchas veces que tenemos en cuenta los valores europeos más que muchos países de la UE, pero no vemos un apoyo concreto de nuestros amigos de Occidente…no han cumplido ninguna de sus promesas», ha dicho el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, durante la conferencia de la Organización de Cooperación Islámica (OIC) que se celebra en Estambul.
Más de 125.000 personas, entre militares, juristas, académicos, periodistas y líderes kurdos, han sido detenidos por su presunta relación con el golpe de estado. Una medida que los grupos defensores de los derechos humanos consideran un intento de acabar con las voces disidentes y opositoras.
La Organización de Cooperación de Shanghai (SCO, por sus siglas en inglés) – también conocida como el Pacto de Shanghai – es un bloque económico y de seguridad liderado por Rusia y China, que incluye también a Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Según algunas informaciones, el presidente turco ya habría hablado de esta alianza con Vladimir Putin, líder ruso. Turquía solicitó formalmente ser miembro de la UE en 1987 y las conversaciones de adhesión no comenzaron hasta 2005, a pesar de que las aspiraciones de Ankara de formar parte del bloque se remontan a los años sesenta. Bruselas ha criticado duramente la represión del gobierno turco contra presuntos golpistas, y la purga que se ha sucedido en el país, instando a Ankara a cumplir con los criterios de derechos y libertades. Todo esto ha provocado que las relaciones y negociaciones entre Ankara y Bruselas se enfríen.
El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, ha comparecido ante los medios tras la sesión parlamentaria para aclarar que es una decisión temporal y que en ningún caso se aplicará a delitos de abuso sexual «mediante fuerza, amenaza o engaño». Además, ha señalado que la medida afectará «a unas 3.000 familias». Varias agrupaciones feministas han convocado manifestaciones para los próximos días en las principales ciudades del país bajo el lema «El abuso no se puede legalizar». En muchas regiones rurales turcas se mantiene la costumbre de casar a las hijas a partir de los 15 años en una ceremonia religiosa. Y según Bozdag, la ley vigente perjudica a las víctimas ya que se envía a la cárcel al marido, dejando a la mujer menor de 18 años en situación de vulnerabilidad.
Según las declaraciones de Stoltenberg, «algunos oficiales turcos que trabajan en la OTAN han pedido asilo en los países en los que están trabajando y como siempre, los Estados miembros en el ámbito nacional evaluarán y tomarán una decisión sobre cada solicitud». Las autoridades griegas anunciaron al poco tiempo de la intentona golpista que ocho militares turcos huyeron a su país. Atenas rechazó sus solicitudes de asilo.
Los datos revelan que el 67% de las personas conectadas a la red viven en países en los que las críticas al gobierno, al ejército o a la familia en el poder están sujetas a censura y darle ‘me gusta’, compartir una información o publicarla puede ser motivo para perseguirte y encerrarte en la cárcel. Este año además aumenta el número de países que restringen el acceso o uso de la red, pasando de 15 gobiernos a 24. Los regímenes centraron su persecución digital en aplicaciones de mensajería como Whatsapp y Telegram, que permiten difundir información de manera segura. El informe pone como ejemplo China, que este año cerró el servicio de Telegram por su creciente popularidad entre abogados y activistas de derechos humanos. El país asiático vuelve a ser por segundo año consecutivo el más represor en Internet, seguido de Siria e Irán. Los resultados del informe de Freedom House recogen un análisis de la libertad web en 65 países: el 88% de la población ‘online’ del mundo.
En el comunicado, el ministerio informó que ha tomado esta decisión «para proteger la seguridad general y el orden público». Las 370 ONG, que están repartidas por 39 provincias de Turquía, serán cerradas de inmediato. No se han detallado sus nombres, pero sí que 153 de ellas están acusadas de tener lazos con Fethullah Gülen, el predicador islamista a quien Erdogan culpa de organizar el golpe. También se ha producido la detención del editor jefe del diario Cumhuriyet, en el que es el último episodio de una férrea persecución a los medios de comunicación del país.
La Fiscalía de la provincia de Konya, en el centro del país, acusa a los pilotos militares de incumplir la Constitución, traición y pertenencia a una organización terrorista tras presuntamente participar en el intento de golpe de Estado. Durante la noche del 15 de julio la participación de la Fuerza Aérea fue clave. Los aviones militares llegaron a bombardear la sede del Parlamento y la residencia oficial del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Desde que tuvo lugar el fallido golpe el Gobierno de Erdogan ha llevado a cabo más de 110.000 detenciones entre jueces, profesores, policías, militares y funcionarios.
La explosión se produjo sobre las 8.00 y, según fuentes gubernamentales, el objetivo podría haber sido una comisaría de policía y una prisión, ambos edificios colindantes. «Se ha evaluado que la explosión se debió a un ataque con coche bomba. Se considera que la responsable es una organización terrorista separatista (como las autoridades se refieren al PKK). La explosión ha tenido lugar en una zona atestada de civiles y estudiantes», ha informado la oficina del gobernador en un comunicado. La explosión se produce un día después de que las autoridades turcas detuvieran a 11 diputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), tercera fuerza política de Turquía y conocido por su defensa de los derechos de la minoría kurda. Además, desde la madrugada de este viernes diversas redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y WhatsApp han sido bloqueadas.
Más de 100.000 personas han sido ya expulsadas o suspendidas de empleo y 37.000 han sido arrestadas desde la intentona golpista, en una persecución sin precedentes por parte del gobierno que justifica la acción como necesaria para sacar a todos los que apoyaron el golpe de los aparatos del Estado. También miles de académicos, profesores, médicos, sanitarios, funcionarios de prisiones y médicos forenses han sido apartados de sus puestos de trabajo en las últimas horas bajo el mandato de dos nuevos decretos publicados a última hora del sábado.
Los dos grandes partidos de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) y el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), temen que esta decisión implique un crecimiento del totalitarismo. Sin embargo, partidos de menor representación en el parlamento no se oponen a la medida. “Si el partido Justicia y Desarrollo (AKP) propone al Parlamento algo que incluya todos los puntos de vista, podremos lograr grandes cosas», ha declarado Devlet Bachelin, líder de la formación Partido de Acción Nacionalista (MHP).
Para realizar este cambio, que afecta a la Carta Magna, el AKP necesita un mínimo de 330 votos en el Parlamento. El partido cuenta con 317 diputados, que sumados a los 40 del MHP hacen que esta situación sea posible.
Los efectos del fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio siguen produciéndose en el país. El cierre de medios de comunicación y la purga de supuestos golpistas son una constante casi diaria. Con esta nueva medida, el gobierno turco constriñe aún más los derechos de sus ciudadanos amparándose en el miedo a un ataque terrorista. Se cree que el ataque está planeado para suceder en una reunión pública, por lo que ha decretado la suspensión temporal de cualquier celebración de este tipo. El último atentado ocurrido en la ciudad fue el 13 de marzo de 2016, cuando perdieron la vida 37 personas tras la explosión de un coche bomba.
Los canales afectados pertenecen en su mayoría a ciudadanos kurdos o a la minoría religiosa aleví, según informa el editor de noticias en IMC TV, Hamza Aktan. Esta emisora, una de las que cerrará por el decreto, ha publicado informes de los 14 meses de operaciones militares de las fuerzas de seguridad turcas contra el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PPK), en las que murieron miles de personas. Otro de los canales que cerrará será Zarok TV, que emite dibujos animados para niños en lengua kurda. Erdogan ha señalado que el estado de emergencia, que en principio iba a durar tres meses, podría extenderse en el tiempo para erradicar la «amenaza» de los golpistas y la insurgencia kurda.
En una intervención ante representantes locales en Ankara, Erdogan despachó las críticas sobre los planes para que Turquía prolongue el estado de emergencia, diciendo que nadie debería establecer un «calendario o mapa de ruta» para el país. «Hay que esperar, ser pacientes. Incluso 12 meses podrían no ser suficientes», dijo. El Consejo de Ministros debe aún aprobar la medida, pero no se espera que contradiga los deseo de Erdogan. La oposición turca ha expresado sus crecientes preocupaciones por la situación, instando a poner fin al estado de emergencia y recuperar el gobierno parlamentario.
Las declaraciones del mandatario turco, realizadas durante un discurso realizado en Nueva York este jueves, viene a añadir más tensiones entre Turquía y Washington sobre el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas del YPG Kurdo y a su ala política PYD, que participan en operaciones contra el Estado Islámico. «Si creen que pueden acabar con Daesh con el YPG y el PYD ya les digo que no pueden porque también son grupos terroristas», dijo Erdogan. «Hace tres días, los americanos lanzaron armas sobre Kobani desde dos aviones para estos grupos terroristas», añadió. El presidente turco dijo que había preguntado sobre el asunto el miércoles al vicepresidente de EEUU, Joe Biden, y que éste le había contestado que no tenía constancia de ello.
«Por eso estamos en Jarablus (Siria). Y si es necesario no renunciaremos a tomar responsabilidades similares sobre otras áreas». Ante miles de seguidores, Erdogan dijo que «las operaciones contra organizaciones terroristas seguirán hasta el final».
Por otro lado, Turquía ha negado las informaciones que denuncian la muerte de civiles, asegurando que sus ataques aéreos habían matado a 25 «terroristas» kurdos, ha informado la agencia oficial de noticias Anadolu. El Ejército turco ha declarado que la campaña aérea fue llevada a cabo contra «grupos terroristas» que habían atacado soldados turcos que apoyaban una operación del Ejército Libre Sirio en Jarablus. El lunes, EEUU criticó los enfrentamientos en el norte de Siria, calificándolos de «inaceptables» e hizo un llamamiento a las partes implicadas para rebajar la tensión y centrarse en la lucha contra ISIS.
Más allá de la cooperación para combatir el terrorismo, el encuentro entre Biden y Erdogan ha servido para aminorar la tensión bilateral existente entre ambos países a raíz de la solicitud aún no concedida de la extradición del clérigo Fetulá Gülen, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos y al que Ankara acusa del fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio. “No tenemos ninguna razón para acoger a alguien que atacaría a un país aliado”, ha asegurado Biden, al tiempo que explicó que corresponde a un Tribunal federal decidir una extradición de acuerdo con las pruebas presentadas. De eso se trata la «separación de poderes, eso es nuestro sistema», puntualizó. «Déjeme ser claro, en contra de cualquier especulación, que he oído, sobre si Estados Unidos tuvo advertencias de antemano o complicidad, Estados Unidos no tuvo, no tuvo, ningún conocimiento previo a lo que pasó el 15 de julio», destacó Biden. El presidente turco, por su parte, ha declarado que Estados Unidos no tiene excusas para no permitir que Gülen sea extraditado pues “sigue liderando la organización terrorista desde su lugar de residencia», afirmó. «En nuestro acuerdo de extradición se incluyen pasos como la detención», agregó.
El ataque tuvo lugar sobre las las 23.00 del sábado cuando los novios, izquierdistas prokurdos, se disponían a realizar el baile nupcial. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien ha comparado el atentado con la intentona de golpe de Estado del pasado 15 de julio, ha atribuido la autoría de la masacre al Estado Islámico. La comunidad internacional ha condenado el acto. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien expresó «que lo ocurrido subraya de nuevo la necesidad de aunar realmente los esfuerzos de toda la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo». A su vez, el presidente francés, François Hollande, ha calificado de «innoble» el atentado y, en un mensaje de condolencias a las autoridades y al pueblo turco, subrayó que Francia está junto a «todos los que luchan contra la plaga del terrorismo». Por su lado, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el español Pedro Agramunt, manifestó su repulsa por «este nuevo acto de violencia» y trasladó un mensaje de apoyo a Turquía por lo que llamó un «dramático ataque». Los principales partidos españoles -PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos- también han condenado desde sus respectivas cuentas de Twitter la masacre.
Ozgur Gundem, con una tirada diaria en torno a los 7.500 ejemplares, centra su información en el conflicto kurdo en el sureste de Turquía, razón por la que ha sido objeto de numerosas investigaciones, multas y detenciones de corresponsales desde el 2014.
El gobierno turco ha cerrado más de 130 medios de comunicación desde que declaró el estado de emergencia tras el fallido golpe de Estado militar del pasado mes Turkey. Una medida contra la libertad de expresión que preocupa a los aliados occidentales y a los grupos defensores de los derechos humanos.
El ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, dijo durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo iraní, que un total de 208 diplomáticos fueron convocados como parte de la investigación sobre el golpe de Estado, pero 32 de ellos abandonaron Turquia. «Hemos contactado con los países donde huyeron para solicitar su extradición», explicó.
Las autoridades turcas han arrestado, detenido y despedido a decenas de miles de personas entre militares, funcionarios, jueces, profesores y periodistas tras la asonada del 15 de julio que, según el presidente Tayyip Erdogan, fue orquestada por una red liderada por un clérigo residente en Estados Unidos, Fethullah Gülen. Miembros del gobierno turco no disimulan su malestar por lo que consideran una falta de simpatía de sus homólogos occidentales que, según dicen, parecen más preocupados por las duras medidas adoptadas que por el golpe militar.
En un comunicado emitido por Moscú, se asegura que ambos líderes han mostrado su «insatisfacción» con el estado actual de la cooperación política, comercial y económica entre sus territorios. Además, han acordado intensificar «el trabajo conjunto» en diversos frentes urgentes como la seguridad del transporte aéreo. May está dispuesta a consolidar el papel del Reino Unido en la diplomacia global y abrirse al mundo tras el Brexit. Durante la campaña del referéndum de salida de la Unión Europea, pesos pesados del stay -como David Cameron- habían insinuado que el líder ruso estaba deseando un resultado favorable a la salida que desestabilizara a la UE. May y Putin podrían encontrarse en China en septiembre, en la cumbre del G20. Downing Street ha confirmado que el Reino Unido estaría abierto a la posibilidad de fijar una reunión privada entre ambos en el marco del encuentro. La charla entre ambos líderes llega un día después de la reunión mantenida entre Erdogan y Putin.
Las restricciones y sanciones impuestas por Turquía a Rusia serán levantadas gradualmente, según ha comunicado Vladimir Putin. Erdogan ha confirmado que está dispuesto a suministrar gas a Europa por el gasoducto Turkish Stream, además se ha comprometido personalmente a acelerar el proyecto, una cuestión muy deseada por Moscú. También se retomará el proyecto de la central nuclear de Akkuyu, la primera que tendrá Turquía, y que cuenta con tecnología rusa. Con este acercamiento, Erdogan se aleja de Occidente, después de las numerosas críticas recibidas tras las consecuencias del fallido golpe de estado en Turquía.
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