
La Audiencia Nacional obliga a Hacienda a devolver 42,1 millones a la constructora Sacyr
La Sala de lo Penal recuerda que hay que motivar adecuadamente «el elemento culpabilístico» para que pueda imponerse la sanción tributaria
La Sala de lo Penal recuerda que hay que motivar adecuadamente «el elemento culpabilístico» para que pueda imponerse la sanción tributaria
La Policía Nacional ha desarrollado este martes una macrooperación en decenas de municipios españoles contra la corrupción en la gestión de sistemas de tráfico y de las multas, que de momento se ha saldado con 39 detenidos, entre ellos Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), de Ciudadanos, informa Efe. De los 39 detenidos, 18 pasarán a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Badalona, del que parte toda la investigación, y otros cinco, a uno de Astorga (León), que ha abierto una pieza separada, han informado fuentes policiales. El resto será puesto en libertad. Ese es el principal balance de la Operación Enredadera, dirigida por esos dos juzgados con la Fiscalía Anticorrupción y llevada a cabo desde primera hora de este martes por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.
Esta cifra astronómica es lo que ha costado recorrer los 77 kilómetros que separan el océano Pacífico del Atlántico. La apertura del tercer juego de esclusas, que corre en forma paralela a los dos que fueron construidos en 1914 y para el que debieron usarse 220.000 toneladas de acero, se da en medio de una crisis profunda de la industria naviera. No obstante, las autoridades panameñas están convencidas de que, a largo plazo, los cambios que producirá esta mega obra serán fundamentales para el intercambio comercial en Occidente. Una de las razones de esta ampliación es precisamente la crisis naviera: las embarcaciones son cada vez más grandes para poder cargar mayor volumen y abaratar costos. La ampliación ha sido realizada por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encabezado por la española Sacyr, e integrado por la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa.
La salida del país centroamericano de esta lista negra coincidió con la entrada de una constructora española, Sacyr, en el país. Esta empresa se hizo con la adjudicación de la ampliación del Canal de Panamá, un contrato de más de 2000 millones de euros. Tras haber duplicado ampliamente esa suma, el Canal se inaugurará en verano. Varias voces se alzan para que España vuelva a incluir a Panamá en la lista, como ya ha hecho Francia. Conoce en Investigations cómo España cedió al chantaje panameño.
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