Jové se niega a hacer una prueba de caligrafía para determinar su papel en el procés
El diputado de ERC no reconoce como suyos los manuscritos de la agenda que presuntamente esbozan la hoja de ruta del independentismo
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El Supremo considera que los hechos no son constitutivos de delito alguno
Oriol Pujol cumple una condena de dos años y medio por cobrar comisiones ilegales de empresarios en el llamado caso ITV.
Fue la Generalitat la que concedió en marzo pasado el tercer grado a Pujol
El presidente catalán se niega a responder a la acusación popular ejercida por Vox por «decencia democrática»
La causa está abierta por los delitos de abuso sexual y pornografía sobre dos personas con incapacidad
La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias de investigación para «depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de quienes hayan planeado, ideado, coordinado y ejecutado esos ataques a las sedes judiciales», informa el Ministerio Fiscal en un comunicado.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad inadmitir los recursos de amparo presentados por Anna Gabriel, Mireia Boya, Carme Forcadell y Anna Simó contra la providencia y autos de la Sala de Admisión del Tribunal de Causas Especiales de la Sala Penal del Tribunal Supremo, en los que se declaraba la competencia objetiva y funcional de este órgano judicial para instruir y juzgar a las recurrentes.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado investigar al ex secretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové por la organización del referéndum independentista del 1-O, informa el TSJC en un comunicado. En un auto, la sala civil y penal del TSJC ha designado a la jueza Maria Eugènia Alegret para investigar a Jové, al que atribuye los delitos de malversación, desobediencia y revelación de secretos, pero no el de prevaricación administrativa que también apuntaba la Fiscalía. La sala ha descartado, por el contrario, investigar al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, después de que la propia Fiscalía Superior de Cataluña afirmara que no veía suficientes indicios para imputarlo.
Arropado por la plana mayor del Govern, el conseller catalán de Interior, Miquel Buch, ha negado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que diera órdenes para organizar el 1-O a través de los alcaldes soberanistas cuando presidía la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Buch ha alegado que se limitó a «escenificar» el apoyo del mundo local a esta consulta mediante una «declaración política».
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado como investigados al conseller de Interior, Miquel Buch, exlíder de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras por promover el 1-O entre los alcaldes.
El juez que indaga los preparativos del referéndum del 1-O en Cataluña ha citado a declarar como investigados al exdelegado de la Generalitat ante la Unión Europea Amadeu Altafaj y a otros tres cargos del Departamento de Exteriores. Todos están citados por los pagos a observadores internacionales del referéndum.
El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y ha fallecido a los 69 años, ha informado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a través de su cuenta de Twitter. “Mi afecto para su familia y compañeros. Una gran pérdida para la justicia y la fiscalía”, ha dicho Catalá.
La sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recibido las dos querellas de la Fiscalía Superior de Cataluña emitidas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Las querellas han sido registradas y repartidas a sendos ponentes, los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos. Sus ponencias respectivas serán debatidas en la denominada Sala de Admisiones, informa en Poder Judicial en un comunicado. Maza había emitido ambas querellas tras la aprobación por parte del Parlament de Cataluña de la Ley del Referéndum el pasado miércoles, con la que el hemiciclo catalán quiere convocar la consulta del 1 de octubre.
El presidente autonómico Carles Puigdemont interrumpió una sesión del Parlamento de Cataluña para proclamar que “la democracia española está enferma”. El diagnóstico es certero. Lo que resulta extraño es que sea él quien lo profiera. Es como si, estando en cama con fiebre, un paciente recibe la visita de sus virus para que le anuncien apesadumbrados: “Parece que tiene usted una gripe”.
Los hechos presuntamente delictivos se centran en el periodo de tiempo que va desde el 4 de noviembre —fecha en la que el Tribunal Constitucional prohibió la consulta organizada por la Generalitat— y el 9 de noviembre de 2014, día de la consulta. El TSJC recuerda que el Tribunal Constitucional «comunicó directamente la existencia» de la resolución al expresident mediante un correo electrónico. El Gobierno catalán argumenta que dejó la organización de la consulta en manos de voluntarios. Sin embargo, el auto apunta que la Generalitat permitió que los trabajos encargados a empresas privadas siguieran adelante. El 9-N, día de la votación, «acaeció en todo momento bajo el control directo de la administración autonómica» presidida por Mas, señala el auto. Y continúa: Mas, «auxiliado» por Ortega y Rigau, «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión ordenada por el TC. Los resultados de la jornada, por ejemplo, fueron difundidos públicamente por la vicepresidenta Joana Ortega.
La Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación para que Mas no pueda desempeñar ningún «cargo público electivo» ni «ejercer funciones de gobierno» en ningún ámbito, sea local, autonómico o estatal. En el caso de Ortega y Rigau, la petición de inhabilitación se rebaja a los nueve años.
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