El juez de Barcelona que investiga las cargas del 1-O ha citado como investigados a tres agentes de la Policía Nacional por su actuación en la Escuela Pau Claris de la capital catalana, al considerar que procedieron en determinados momentos de forma «claramente desproporcionada e incluso peligrosa».
La Guardia Civil y la Policía Nacional interceptaron al menos cuatro llamadas telefónicas en las que el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell admite haber comprado “un hígado ilegal” para el exjugador del club Eric Abidal, que en 2012 fue sometido a un trasplante de hígado debido a un cáncer, según informa este miércoles el diario El Confidencial.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido no admitir la querella presentada por la Fiscalía contra el diputado de ERC Ferran Civit por incitación al odio por tuits contra los policías del referéndum del 1-O por entender que solo son delito las expresiones de hostilidad hacia colectivos “vulnerables”.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado investigar al exconseller Jordi Turull por un delito de insolvencia punible, por ceder a su esposa una parte importante de su patrimonio meses antes del 1-O, ante la «inminencia» del proceso penal por la hoja de ruta independentista.
La Fiscalía ha interpuesto una querella contra el exconseller de Presidencia Jordi Turull por un delito de insolvencia punible, por ceder supuestamente la titularidad de una parte de su patrimonio a su mujer antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre, ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Una alta funcionaria de la Generalitat alentó a que colegios e institutos públicos hicieran actos de protesta con «todos los alumnos y profesores» contra la actuación policial durante la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre.
Agentes de los Mossos d’Esquadra han detenido a 14 de los cerca de 100 activistas de los «comités de defensa de la república» (CDR) que se han concentrado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para bloquear el acceso al edificio judicial y exigir la libertad de los independentistas encarcelados.
La sección 10ª del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado este lunes prisión provisional y sin fianza para los dos principales procesados por el caso Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, según ha informado el propio tribunal.
El Ayuntamiento de Barcelona se personará de forma efectiva en todas las causas acumuladas en el juzgado número 7 de Barcelona en relación con la investigación de la actuación policial durante el 1 de octubre en la ciudad, ha informado este viernes el teniente de alcalde de Derechos Civiles, Jaume Asens, informa EFE.
Los Mossos d’Escuadra han presentado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el informe que recoge las actuaciones realizadas por este cuerpo policial para dar cumplimiento a las órdenes judiciales y de Fiscalía en relación con el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha rechazado declinar su competencia a favor de los juzgados de instrucción de Barcelona y ha citado nuevamente a declarar el próximo lunes 16 al comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Traperoy a los presidentes de la Asamblea Nacional y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Desde este lunes, la vigilancia del Palacio de Justicia pasa a estar bajo el mando de la Policía Nacional, en coordinación con los Mossos d’Esquadra, cuerpo que hasta ahora era el único encargado de la seguridad de las dependencias, según una orden del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesus M. Barrientos.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado para este jueves a la Junta de Seguridad de Cataluña, sin previo acuerdo con el Gobierno, para tratar la coordinación del dispositivo policial al que la Fiscalía ha encargado impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre, informa Efe.
Llevo observándolos durante años y he llegado a creer que la reivindicación de la independencia es un pretexto para revolcarse en el barro de la historia, para suspender, siquiera por un minuto, la enojosa realidad y entregarse al melodrama con frenesí de derviche.
La Guardia Civil, bajo órdenes judiciales, ha cerrado la página web oficial del referéndum de Cataluña que pretende independizar a la región del resto de España. El Tribunal Constitucional ha declarado que la convocatoria es ilegal.
La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que pide que se tenga en cuenta el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con la fecha y la pregunta del referéndum independentista, que quiere celebrar el próximo 1 de octubre y convocar a finales de agosto o principios de septiembre.
Los hechos presuntamente delictivos se centran en el periodo de tiempo que va desde el 4 de noviembre —fecha en la que el Tribunal Constitucional prohibió la consulta organizada por la Generalitat— y el 9 de noviembre de 2014, día de la consulta. El TSJC recuerda que el Tribunal Constitucional «comunicó directamente la existencia» de la resolución al expresident mediante un correo electrónico. El Gobierno catalán argumenta que dejó la organización de la consulta en manos de voluntarios. Sin embargo, el auto apunta que la Generalitat permitió que los trabajos encargados a empresas privadas siguieran adelante. El 9-N, día de la votación, «acaeció en todo momento bajo el control directo de la administración autonómica» presidida por Mas, señala el auto. Y continúa: Mas, «auxiliado» por Ortega y Rigau, «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión ordenada por el TC. Los resultados de la jornada, por ejemplo, fueron difundidos públicamente por la vicepresidenta Joana Ortega.
La Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación para que Mas no pueda desempeñar ningún «cargo público electivo» ni «ejercer funciones de gobierno» en ningún ámbito, sea local, autonómico o estatal. En el caso de Ortega y Rigau, la petición de inhabilitación se rebaja a los nueve años.
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