Desde 2012 el Gobierno ha ordenado la expulsión de unos 80 imanes desde 2012 procedentes de alguno de los 120 templos de influencia salafista -la orientación más extrema del Islam-, sobre un total de 2.500 lugares de culto musulmanes. Tras el ataque a la parroquia de Normandía en la que dos terroristas degollaron a un cura, el primer ministro francés, Manuel Valls, fijó en 10 años el periodo en el que estudia prohibir la financiación por parte de países extranjeros de la construcción de mezquitas en suelo francés para evitar cualquier posible vínculo de subordinación con un tercer país. Con este control de la financiación, Francia pretende supervisar quién paga la factura de las mezquitas y de esta forma saber si el mensaje divulgado en ellas puede formar a futuros terroristas. Según la ley de 1905, “la República no reconoce ni subvenciona ninguna confesión”, pero los alcaldes han hecho un mayor esfuerzo por apoyar algunos proyectos debido a la mayor presencia de los musulmanes en el país (más de 5 millones). Según recoge este reportaje de El Confidencial, la forma de saltarse la norma es financiando las actividades culturales que en ella se desarrollan, como “salas de té, bibliotecas o exposiciones”. Según Le Figaro, el 30% de la construcción procede de los poderes públicos, el resto se reparte entre los fieles y grandes mecenas como Argelia, Marruecos o Arabia Saudí.
En pos de esa transparencia en las cuentas, el Gobierno y el Consejo Francés del Culto Musulmán crearán antes de finales de año una Fundación con el objetivo de “garantizar la transparencia” en la financiación de las mezquitas. Asimismo, la organización del Islam en Francia también está trabajando en la creación de un consejo teológico para “desmontar la argumentación yihadista” y una base de enseñanza común para los imanes.
