Los familiares del atentado contra la AMIA piden juzgar a Cristina Fernández

Política y conflictos

Los familiares del atentado contra la AMIA piden juzgar a Cristina Fernández
Foto: Marcos Brindicci| Reuters

Los familiares de las víctimas del atentado a la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994 y sigue impune, han pedido este viernes en Buenos Aires que se juzgue por «traición a la patria» a la expresidenta argentina Cristina Fernández y al resto de los procesados por encubrimiento a ciudadanos iraníes prófugos. El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hezbolá, fue el segundo contra la comunidad judía de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer. La exmandataria, que gobernó en Argentina entre 2007 y 2015, ya fue procesada con prisión preventiva por esta causa, pero sus fueros parlamentarios la mantienen en libertad.

«Los imputados han ayudado a quienes con sus actos se han constituido en enemigos de la Nación Argentina», han asegurado los familiares querellantes en la causa Luis Czyzewski y Mario Averbuch, en un escrito en el que piden se envíe a juicio a todos los acusados, según la agencia Télam, citada por Efe. El abogado de los allegados, Juan José Ávila, ha afirmado que los familiares consideran que se «han realizado actos de ayuda que menoscaban objetivamente la independencia e integridad jurídica, ética y moral del Estado argentino». El documento ha sido presentado en el juzgado federal de Claudio Bonadio, juez en la causa.

La Cámara Federal de Buenos Aires -tribunal superior- ha confirmado los procesamientos por supuesto «encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional» pero ha desestimado la imputación por «traición a la Patria» que había incluido Bonadio en su fallo, por lo que ahora los familiares piden que se abra el juicio oral y se añada también ese delito. A su juicio, un Memorándum de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán en 2013 -que según el Gobierno de Cristina Fernández buscaba colaboración conjunta para investigar el atentado pero que para la Justicia suponía encubrir a los acusados iraníes- era una «forma artera y subrepticia de elaboración y suscripción».

«Ha degradado y puesto en duda, frente a la potencia extranjera sindicada como agresora, a la que pertenecen los partícipes en los hechos -de manera subrepticia y por completo al margen de los procedimientos constitucionales y legales vigentes en la Nación Argentina- facultades y prerrogativas que como nación libre e independiente le corresponden para investigar y juzgar a los imputados en esos actos de agresión», reza el texto. Los familiares han reivindicado que «no era necesaria la firma de un tratado internacional para lograr la declaración de los imputados» en el caso de que el país árabe hubiera querido cooperar con la investigación, así como que «para ello era suficiente que (los acusados) declararan vía Skype».

Cuatro días antes de aparecer muerto en su apartamento de Buenos Aires, el fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina Fernández y a otros miembros de su gabinete al asegurar que la firma del acuerdo con Irán escondía un pacto para encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos antiguos altos cargos del país, a cambio de favorecer el intercambio comercial bilateral. Bonadio ha procesado a los acusados por esos delitos y por «traición», pero su postura no fue compartida por sus superiores de la Cámara Federal. Tanto Czyzewski como Averbuch perdieron a sus hijas en el atentado, y ambos se han presentado como querellantes en la causa por la denuncia del fiscal Nisman.