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Así vive un líder social en Colombia entre amenazas de muerte y abandonados por el Gobierno

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los líderes sociales en Colombia. 155 fueron asesinados

Foto: Acerca Comunicación

Cárlos Páez y Genaro Graciano son dos activistas sociales colombianos amenazados de muerte. Porque a los líderes sociales en Colombia se les mata. –155 fueron asesinados en 2018–. Se encuentran en España huyendo de unos empresarios, con nombres y apellidos, que los persiguen, amenazan de muerte y presionan para que abandonen su lucha. La lucha por los Derechos Humanos. La lucha por conseguir una sociedad más justa para sus conciudadanos que ven como sus terrenos son expoliados para beneficio de grandes empresarios y sus ríos intervenidos para la construcción de grandes hidroeléctricas que acaban con su hábitat natural. También huyen de un Gobierno que los ha abandonado a su suerte posicionándose veladamente de lado “de los poderosos”. Un Gobierno “que no hace nada para desmantelar a estos líderes criminales que están matando a campesinos”.

Estas últimas son palabras de Carlos Páez. Al igual que Graciano se encuentra en España disfrutando del Programa de Acogida Temporal a Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, coordinado por la Fundación Mundubat.

Amenazados de muerte y abandonados por el Gobierno, así vive un líder social en Colombia

Cárlos Páez (derecha de la foto) y Genaro Graciano (izquierda de la foto). | Imagen cedida por Acerca Comunicación.

Las tierras robadas por los bananeros

Páez lucha, junto a la Asociación Tierra y Paz, por devolver a 500 familias de la región de Urabá, en la frontera con Panamá, las tierras de las que fueron expulsados en los 90 por distintos actores del conflicto armado y que tras el final del conflicto (2017) nunca fueron entregadas a sus propietarios, sino que ahora se encuentran en manos de poderosos empresarios. Unas 700.000 hectáreas que les fueron expoliadas y nunca devueltas de nuevo a pesar de la Ley 1448 de restitución de tierras.

–¿Y quiénes son estos empresarios que os amenazan? –pregunto a Carlos Páez–.

–En Urabá los ganaderos José Vicente Cantero o Adriano Pino, entre otros, y también el bananero Felipe Echeverri, que tiene 500 hectáreas de banano y amenaza y asesina a campesinos y campesinas porque están reclamando una propiedad que no le pertenece. Personas que aparecen muertas dos o tres meses después.

(22 campesinos del lugar han sido asesinados en los últimos meses, siete han tenido que exiliarse en el exterior y muchos están amenazados).

En el eje bananero de Urabá –municipios de Turbo, Carepa, Apartadó y Chigorodó– se concentran 34.000 de las casi 50.000 hectáreas de banano cultivadas en Colombia. Colombia es el cuarto mayor exportador de banano del mundo por detrás de Ecuador, Filipinas y Costa Rica. Más del 90% del banano colombiano termina en los supermercados de Europa y Estados Unidos.

–Y el Gobierno, ¿cómo actúa al respecto?

–El Gobierno nacional no hace nada para desmantelar a estos líderes criminales que están matando a estos campesinos porque son empresarios que tienen puestos políticos y tienen mucha influencia. El Gobierno de Colombia no es un Gobierno comprometido con las acciones sociales porque pone el interés empresarial sobre el social. La justicia colombiana ha hecho caso omiso a estas reclamaciones.

Así vive un líder social en Colombia:

Imagen cedida por Acerca Comunicación.

El mismo Carlos Páez asegura estar amenazado de muerte en Colombia. “Mi vida corre peligro en mi país, a mi Gobierno no le gusta que reclame nuestros derechos”, y asegura: “Tengo más de 30 denuncias por amenazas, la última es que no puedo ir a la finca de mi mamá porque me están esperando para asesinarme. No sé a mi regreso qué va a pasar”. Por eso está aquí en España, para poder “descansar” y pedir protección para él y para aquellos líderes sociales que defienden los derechos de los más desfavorecidos: “Quiero contarles a los partidos políticos y a la organizaciones lo que está ocurriendo allí, y pedirles a estas últimas que nos acompañen en territorio para que nos protejan. En mi país hay una violación de Derechos Humanos que está cometiendo el mismo Gobierno”, asegura.

Hidroeléctrica Hidroituango

“Hace seis años tuvo lugar un atentado en mi casa. Me tiraron una granada. Hasta ahora eso sigue en la impunidad”, nos lo cuenta el activista social Genaro Graciano, quien emocionado asegura que esa misma indignación que siente por tanta injusticia es la que le hace seguir luchando. “Frente a esas denuncias no hay eco en las instituciones, las víctimas o damnificados de los megaproyectos no saben donde acudir porque en las instituciones se prioriza a las empresas”, cuenta.

Así vive un líder social en Colombia:

Imagen cedida por Acerca Comunicación.

 

Graciano es un campesino especializado en la cultura del café y desde 2009, tras su adhesión al Movimiento Ríos Vivos, lucha por frenar el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, el cual interviene el segundo río más grande de Colombia, el río Cauca.

Para Río Vivos y para Graciano, Hidroituango tiene más pros que contras, como la contaminación del aire, la contaminación del agua superficial y subterránea, los cambios en la calidad del agua del embalse y los cambios en la dinámica fluvial del río Cauca, entre otros.

–¿Hacia dónde crees que va el país? 

–Es demasiado desolador. Lo único que quiero es seguir luchando por permanecer en el territorio, porque no nos queremos ir a pesar de toda la injusticia. Esta tierra nos ha dado alimentos y la oportunidad de crecer en ella. Los políticos no piensan en la dignidad, que no es posible vivir en un mundo sin tierra y sin agua, solo piensan en enriquecerse.

Las cifras

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los líderes sociales en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2% más que los 106 homicidios de 2017, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores, de los cuales el 70% siguen en fase de indagación, es decir, que ni siquiera se han empezado a recopilar pruebas.

Las cifras este año, que registran datos de los seis primeros meses, hablan de 59 activistas asesinados, 49 fueron hombres y 10 mujeres, según la organización no gubernamental.

Por otro lado, según INDEPAZ, el 80% de los homicidios están relacionados con la protección de los recursos naturales frente a empresas mineras y vinculadas a la industria de la palma y el banano. Al menos un 30% de las víctimas pertenecían a organizaciones campesinas, indígenas o afrodescendientes.

Así vive un líder social en Colombia:

Imagen cedida por Acerca Comunicación.

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