El caso Anne McClain y la ley del espacio: 5 claves sobre el derecho ultraterrestre

La astronauta de la NASA Anne McClain ha sido acusada de usurpación de identidad y de acceso irregular a los registros financieros de su exmujer desde la Estación Espacial Internacional. De confirmarse como cierto, McClain sería la primera persona que comete un delito en el espacio, pero seguro que no la última. Más cuando las misiones espaciales comerciales comienzan a ser una realidad y cuando en los próximos años veremos cómo se desarrolla un incipiente turismo espacial que algunas de las grandes empresas del sector, como SpaceX, Blue Origin o Virgin Galactic, quieren conquistar.

Además, quien sabe, cuando las guerras tradicionales entre dos bandos ya han pasado a formar parte de la historia, quizás los próximos conflictos bélicos se libren en el espacio. Donald Trump, por si acaso, ya ha creado el Spacecom, un comando militar espacial. Por todo ello y por lo que venga en el futuro, debemos estar preparados. Al menos legalmente.

Desde The Objective hemos hablado con la presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE), Elisa González Ferreiro, que nos ha dado las claves de cómo se regula el espacio, qué pasa si una persona, astronauta o no, comete un delito fuera de nuestro planeta y a quién pertenece la Luna y otros objetos celestes.

¿Cómo se regula legalmente el espacio?

Las actividades que se realizan en el espacio ultraterrestre se regulan principalmente por las normas y principios jurídicos de derecho internacional establecidos en cinco tratados elaborados bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El primero y más relevante de todos ellos es el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, considerado la carta magna del espacio, que sienta las bases de la exploración espacial en beneficio de toda la humanidad y que ha sido ratificado por más de 100 países. 

«El Acuerdo sobre Salvamento (1968), el Convenio sobre la Responsabilidad por los daños causados por objetos espaciales (1972) el Convenio sobre Registro (1975) y el Acuerdo de la Luna (1979) completan el corpus iuris spatalis», nos asegura Elisa González. A todo ello habría que añadirle las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, normas y reglamentos de organizaciones internacionales, acuerdos intergubernamentales, multilaterales y bilaterales para la realización de proyectos conjuntos. 

Asimismo, la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre para Fines Pacíficos de las Naciones Unidas (COPUOS) es la plataforma mundial donde se abordan los retos y políticas actuales sobre la gobernanza espacial.  Así, se entiende que el espacio exterior y los cuerpos más allá de nuestro planeta son propiedad conjunta de toda la humanidad. Por tanto, no podrán ser reclamados como propiedad ni vendidos.

¿Cómo se juzga un delito cometido en el espacio? 

En primer lugar habría que averiguar qué Estado es responsable del objeto espacial lanzado al espacio. El artículo VIII del Tratado del Espacio establece que el Estado en cuyo registro figure el objeto lanzado retendrá su jurisdicción y control sobre el objeto y todo el personal que vaya en él. Esto es importante para determinar qué tipo de tribunal hay que aplicar en caso de que se cometiese un delito en el espacio. Es decir, que se aplicará la ley penal del Estado de registro a la persona que haya cometido un delito a bordo de la nave.

No obstante, hay casos especiales como la Estación Espacial Internacional (ISS) que se rige por un acuerdo intergubernamental propio, según el cual cada Estado mantiene la jurisdicción penal sobre sus nacionales, con la salvedad de los casos en los que la conducta indebida de un astronauta afecte a la vida o seguridad de un nacional de otro Estado parte.

«En este caso el Estado nacional del autor del delito estará obligado a entrar en consultas con el Estado afectado. Además de lo establecido en el Acuerdo de la ISS, existe un Código de Conducta específico para todas aquellas personas que visiten la Estación Espacial», asegura González Ferreiro, que deja claro que «sea cual sea la jurisdicción penal aplicable la comisión de un delito en o desde el espacio no queda impune«. 

No obstante, aunque el Tratado del Espacio Exterior define su uso para actividades pacíficas, sí permite el desarrollo de actividades militares, pero con limitaciones. Está prohibido desplegar cualquier arma de destrucción masiva, incluidas las nucleares, en el espacio, pero sí que se permite transportar al espacio cualquier otro tipo de armas y está autorizado su uso para cualquier actividad defensiva o no agresiva. Sin embargo, ningún tipo de arma puede ser estacionada en ningún cuerpo celeste, incluida la Luna, en donde tampoco puede haber bases militares.

¿Es necesario renovar la legislación?

Cuando se redactaron los Tratados la regulación espacial estaba pensada principalmente para actores estatales, agencias espaciales nacionales o intergubernamentales y sus astronautas o cosmonautas. Sin embargo, durante los últimos años ha habido un auge de las empresas privadas espaciales en su afán por conquistar el mercado del turismo espacial. 

«El auge de las actividades comerciales en el espacio ultraterrestre, por entidades privadas, y el desarrollo del incipiente turismo espacial seguramente conllevará la adaptación de la regulación existente a una nueva realidad», opina González Ferreiro.

¿Necesita España una ley espacial?

Tratándose de un sector relativamente joven, la industria espacial española no tiene nada que envidiar a sus homólogos europeos, su volumen de negocio creció un 2% en 2017, alcanzando los 851 millones de euros. Una cifra que casi se ha duplicado en la última década y que sitúa a España en el quinto lugar europeo por facturación en este sector.

Actualmente más de 3.500 personas altamente cualificadas trabajan en las principales empresas espaciales nacionales, cuyo modelo económico tiene una tasa de productividad cuatro veces superior a la media estatal y supone una aportación al Producto Interior Bruto (PIB) industrial del 0,5%, según los datos proporcionados por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

Cada vez son más Estados en el mundo los que desarrollan una legislación nacional siguiendo las recomendaciones de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre (COPUOS). «Aunque España no tiene una agencia espacial ni un puerto espacial, sí necesitaría una ley que garantice la aplicación del régimen jurídico internacional en materia espacial y que regule la participación privada, a nivel nacional». 

¿Hay formación especializada para los abogados?

En España, la formación para abogados en derecho espacial la lleva la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE). En algunas universidades españolas también se realizan cursos específicos sobre la materia.

«La  formación y la educación en derecho espacial es fundamental para el progreso de las actividades espaciales y para formar profesionales que puedan participar en el desarrollo las políticas espaciales, en los foros internacionales, y los grandes retos que deben abordarse como la futura explotación de los recursos naturales del espacio, la gestión del tráfico espacial o la contribución de la tecnología y ciencias espaciales para la sostenibilidad del planeta».