Los crímenes del lesa humanidad que se cometen en Venezuela

“Armando fue en la mañana a la Universidad Central de Venezuela a meter sus papeles para estudiar Medicina. Quería ser anestesiólogo y tener seis hijos. Ese día, 3 de mayo, suspendieron las clases en el conservatorio, en El Paraíso, donde estudiaba chelo. Decidió irse a la protesta con su hermano mayor, Alejandro (21), donde se encontraría con su padre. Había cumplido 18 años dos meses atrás”, relató para el portal venezolano Prodavinci, Mónica Carillo D’Lacoste, madre de Armando Cañizales, uno de los 124 muertos, según el Ministerio Público, en las protestas antigubernamentales en Venezuela que se dieron con más fuerza entre el 1 de abril y el 31 de julio.

Carillo declaró que antes de eso no le permitían asistir a las protestas a pesar de que el joven insistía en que quería luchar para lograr un país que se pareciera, “aunque fuera un poco”, al que le habían contado sus padres haber vivido.

“En la tarde, recibí una llamada de mi esposo:  ‘Mónica, te voy a buscar, a Armando se lo llevaron al Hospital Domingo Luciani’.  Soy médico. Y Armando estaba manifestando en Las Mercedes. Sabía que de estar herido lo habrían llevado a la Policlínica Las Mercedes o al CDI. Cuando le vi la cara al médico, no hubo necesidad de que me dijera nada. Es la misma cara que me ha tocado poner muchas veces. Es algo que se aprende con los años de servicio. Solo pedí verlo. Me entregaron la ropa primero y supe que era un tiro. Lo destapé, estaba envuelto. No tenía dolor en la cara. Era un rostro en paz”, añadió para Prodavinci.

El asesinato de Cañizales forma parte de las cientos de razones por las que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, ha instado este lunes para que se abra una investigación internacional por los “crímenes contra la humanidad” que, según afirmó, se han podido producir en Venezuela durante las manifestaciones de este año.

Según un informe reciente de la ONU, entre estos delitos, cometidos tanto por funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro como por las fuerzas de seguridad del Estado, destacan los asesinatos durante las protestas, el uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles y ataques contra periodistas.

Asesinatos

De acuerdo con el Foro Penal venezolano, son 136 las personas muertas en el marco de las manifestaciones. Una cifra mayor a las que ha registrado el Ministerio Público. Específicamente, durante el mes de agosto fueron asesinadas dos personas en ese contexto, ambas por impacto de bala en la cabeza, presuntamente por disparos realizados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Asimismo, la ONG sostiene que 46 manifestantes murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y 27 por colectivos armados afectos al Gobierno.

Según el ACNUDH, la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes, de 27 años de media. También murieron 15 niños y 7 mujeres. En general, las víctimas eran estudiantes o personas que acababan de terminar sus estudios.

Entre estos jóvenes, además de Cañizales estaba Juan Pablo Pernalete de 20 años. El caso del estudiante de Contabilidad y jugador de baloncesto se convirtió en uno de los más polémicos cuando la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, recientemente destituida por la Constituyente, se pronunció al respecto mostrando su rechazo al uso excesivo de la fuerza en la represión de manifestaciones.

Durante una rueda de prensa, la primera que hacía Ortega Díaz de manera abierta a todos los medios tras largos años de apoyo al chavismo, sorprendió a la ciudadanía al sacar de una bolsa de cartón una bomba lacrimógena como la que presuntamente fue asesinado Pernalete. “¿Quién la disparó?”, soltó un periodista aún ante la advertencia de que ella no ofrecería respuestas sino que sólo daría una declaración. “La guardia”, respondió sin titubear. Bajó nuevamente la mirada al papel que llevaba con datos.

Contradijo así también al ministro de Comunicación e Información del Gobierno Nacional, Ernesto Villegas, quien había informado al país y “al mundo” sobre la tesis oficial que, como portavoz del ejecutivo, manejaba sobre la causa y móvil del homicidio.

“Todo indica la posibilidad de que esta pistola de perno cautivo haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete causándole la muerte”, dijo Villegas, mostrando otra arma e inclusive una foto del cuerpo del joven, lo que representó una violación al Código Orgánico Procesal Penal, porque esa imagen era parte del expediente prohibido a terceros, perteneciente a la Fiscalía.

Los análisis del Ministerio Público demostraron que la teoría del Gobierno era falsa. Y entre mentiras, los padres de Perlanete sólo claman justicia. En la puerta de su habitación cuelga un letrero que reza: “Mantener cerrada por favor”.

Las fuerzas de seguridad, asimismo emplearon armas de fuego con municiones tales como perdigones, “metras” (canicas) y piezas de varilla metálica, prohibidas para reprimir manifestaciones. El ACNUDH examinó el caso de Cañizales, entre estos ejemplos.

Además, el Ministerio Público inició investigaciones sobre al menos 1.958 denuncias por lesiones sufridas en el contexto de las manifestaciones.

Entre los casos están el de Yolyter Rodríguez, de 56 años, ama de casa y madre de tres hijos, quien denunció a Reuters que resultó herida en la cabeza con una bomba lacrimógena presuntamente disparada por las fuerzas de seguridad del Estado. El impacto le causó fracturas del cráneo y daño cerebral.

Arrestos

Por su parte, la organización defensora de DDHH Foro Penal -una de las fuentes que ha utilizado la ONU para su informe- destaca que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5.341 desde el 1 de abril al 31 de agosto. 410 de estos fueron niños. Además, señala que aún permanecen 822 personas detenidas.

Destaca que en el mes de agosto hubo 156 detenciones arbitrarias, por lo que se notó “una disminución en la cantidad de personas detenidas con respecto a los meses anteriores” lo que para la ONG responde a una baja en las convocatoria de manifestaciones de calle por parte de la oposición venezolana durante ese mes, lo que “evidencia que los arrestos arbitrarios practicados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado de manera sistemática, obedecen a fines netamente políticos y de represión contra manifestantes”.

A esto se le suma que ACNUDH identificó un patrón de violaciones graves del debido proceso en los casos de detención documentados, como la falta de órdenes de arresto, la detención en régimen de incomunicación, la falta de acceso a un abogado y el incumplimiento del principio de presunción de inocencia.

De hecho, 705 civiles detenidos durante las manifestaciones fueron sometidos a la jurisdicción militar y acusados de delitos de naturaleza militar, en violación de las garantías de un juicio justo previstas en el derecho internacional de los DDHH.

Torturas y malos tratos

ACNUDH documentó también el empleo de diferentes formas de tortura y malos tratos. Según el informe, muchos de los detenidos que fueron entrevistados por las distintas ONG les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, con palos, barras de metal, alicates, cascos, bates de béisbol y armas.

“A veces, se envolvió a los detenidos en colchonetas para evitar que la paliza dejara marcas”.

Asimismo, fue noticia que unos guardias esposaron y suspendieron a un hombre en la tubería de un tanque de agua durante nueve horas con solo la punta de los dedos de sus pies tocando el suelo. Durante ese tiempo, recibió golpes sin interrupción y no se le dio agua ni comida.

Un abogado contó a ACNUDH que su cliente sufrió quemaduras hechas con cigarrillos y con el cañón caliente de un arma. Otros detenidos fueron obligados a arrodillarse durante largo tiempo y otros, a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas.

Entre el 1 de abril y el 10 de julio de 2017, el Defensor del Pueblo -identificadi con el Ejecutivo- recibió dos denuncias de tortura y 122 denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Allanamientos ilegales

Otro de los crímenes que denuncia ACNUDH fueron los allanamientos ilegales y violentos en conjuntos residenciales por parte de las fuerzas de seguridad con el objetivo de detener a manifestantes.

Uno de los que resultó especialmente violento fue en el conjunto residencial El Paraíso, comúnmente conocido como Los Verdes, formado por varios edificios de apartamentos donde viven unas 1.200 personas, en el lado oeste de Caracas.

El 13 de junio de 2017, de 6 a 9 de la mañana aproximadamente, unos 40 apartamentos fueron objeto de registro sin orden judicial. En la operación se produjo la destrucción generalizada de bienes y hubo 23 detenidos.

Algo similar sucedió en otro emblemático conjunto residencial de la misma zona llamado las Residencias Victoria, cuando el 2 de mayo la guardia comenzó a lanzar bombas a los edificios donde protestaban algunas personas en contra de la convocatoria hecha por Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente.

En principio, las bombas fueron disparadas hacia los estacionamientos, incendiando dos vehículos que estaban allí, pero luego comenzaron a dispararlas directamente hacia los edificios incendiando incluso pisos.

Según la ONU, la crisis que atraviesa Venezuela ha empeorado este año. El país tiene un 82% de pobreza, de acuerdo con Caritas de Venezuela y una inflación anual de 700%.

Además, para que una familia de cinco miembros pueda adquirir una canasta alimentaria básica se requieren 18,9 salarios mínimos, reseña el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM). Desde el 1 de enero hasta el 13 de agosto, se habían registrado 9,927 homicidios, según el Observatorio Venezolano de Seguridad.

Todo esto ha conllevado a un incremento del número de solicitantes de asilo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, calcula que, para mediados de julio de 2017, cincuenta mil venezolanos habían solicitado asilo, cifra que era casi el doble del número de solicitantes registrado en 2016.