Mónica Silvana: "No legislamos para casos concretos cuyo voto pueda ser manipulado, legislamos para la mayoría"
En las próximas elecciones, todas las personas con discapacidad intelectual, sin exclusiones, podrán ejercer su derecho al sufragio.
Según la Constitución Española, todos los ciudadanos «tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». De esta forma, asumimos que una vez cumplida la mayoría de edad todos tenemos derecho irrevocable a ejercer el sufragio activo y pasivo. Sin embargo, sobre el plano legal la situación cambia.
Hasta el pasado 6 de diciembre, la legislación española contemplaba tres escenarios donde un ciudadano podía perder su derecho a ejercer el voto. El primero de ellos se refiere a aquellas personas presas por haber cometido algún tipo de delito o crimen; el segundo y el tercero hacían referencia a ciudadanos discapacitados intelectuales o aquejados de algún tipo de enfermedad mental que no les permitieran estar en plena capacidad de sus facultades.
Sin embargo, a partir de estas próximas elecciones – generales el 28 de abril y europeas, municipales y autonómicas el 26 de mayo -, por primera vez todas las personas con discapacidad intelectual, sin exclusiones, podrán ejercer su derecho al voto. España se convierte así en la octava democracia del mundo en eliminar todas las restricciones cumpliendo, aunque tarde, con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Hablamos con Mónica Silvana, diputada de la Asamblea de Madrid y secretaria de Área de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE, quien tomó la iniciativa de cambiar la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) para que voten personas con discapacidad intelectual.
¿Quién se ve beneficiado con esta ley?
¿Por qué se le ocurrió a usted emprender esta lucha?
Tengo que contarte una experiencia personal. Yo milito en Alcalá de Henares y uno de nuestros compañeros en la agrupación, que lleva muchos años con nosotros, es una persona con discapacidad intelectual que hace vida normal, como cualquier otro militante, compartiendo con nosotros todas las actividades. Sin embargo, en reiteradas elecciones, el día que todos íbamos a votar él tenía que quedarse en la sede preparando bocadillos y todo el material sin poder ejercer su derecho. Desde hace muchos años me sensibilizó mucho su cuestión personal y cuando tuve la ocasión de estar en la Asamblea de Madrid, en este Parlamento, y ser la portavoz de Políticas Integrales para la Discapacidad, junto con organizaciones tan grandes como Plena Inclusión Madrid o el propio CERMI, que es el comité que unifica a todas las discapacidades, tuve la ocasión de justamente enterarme de cómo lo podríamos hacer y buscamos una herramienta que permite a los parlamentos regionales modificar leyes orgánicas, o al menos instar al Parlamento nacional a modificar leyes orgánicas.
Fue difícil porque la iniciativa nace en esta Asamblea de Madrid, de nuestro grupo, pero el PP presentó dos enmiendas para modificar el texto intentando que no se cambiase la normativa, sino que se matizase. Fue muy importante que Ciudadanos y Podemos no aceptasen esas enmiendas y el texto que salió de la Asamblea de Madrid fue el texto final que venía de la mano del tejido asociativo.
¿Algún reproche o no es políticamente correcto criticar esta medida?
Más allá de los reproches que podamos hacer a otras fuerzas políticas, la reforma de la Ley Electoral, que es la regla de juego de un país, no podría haber sido abordada sin un consenso mayoritario y sin que nadie se opusiese. Esto nos convierte a España en la octava democracia del mundo en eliminar una barrera en cuanto a la discapacidad intelectual. Unos requerimientos que España estaba incumpliendo con Naciones Unidas, con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Hay quien considera que estas personas son fácilmente manipulables y, por tanto, que su voto puede estar dirigido.
Yo creo que si no se le pone trabas a una persona mayor con una cierta edad avanzada, tampoco se le debe poner trabas a una persona con discapacidad que quiere votar, que quiere participar. Es un avance natural de la sociedad, ir eliminando barreras. El voto es el derecho fundamental que más cambia la vida de los países.
Pero hay personas con un grado de discapacidad demasiado elevado que no van a ejercer su voto conscientemente…
Cuando los legisladores afrontamos una decisión o tomamos una decisión política que afecta a un conjunto de personas siempre pensamos en la mayoría o siempre intentamos legislar para la mayoría, no para las minorías, ese es el principio del legislador. No legislamos para casos concretos cuyo voto, de alguna forma, pueda ser manipulado. Legislamos para la gran mayoría, y la gran mayoría de las personas con discapacidad, el conjunto de estas 10.000 personas que estaban inhabilitadas en Madrid, saben lo que quieren hacer y así lo han manifestado, por ejemplo, con los recursos. Obviamente existe una minoría que estará incapacitada de por vida, pero no legislamos para la minoría, legislamos para la mayoría.
A la manipulación estamos sujetos todos, pero ¿en qué medida se está trabajando para que la información sea accesible a estas personas? ¿Se contempla algún tipo de apoyo?
Estamos contando con la difusión del propio tejido asociativo. Hace quince días participamos en un simulacro electoral, organizado por Plena Inclusión, con el apoyo de CERMI.
¿Hay que dejar de asociar discapacidad con incapacidad?
Son dos cosas muy separadas, y la incapacidad la tiene que otorgar un juez. Lo que nosotros hicimos con esta reforma legislativa es separar la incapacidad con el derecho del voto. No tienen por qué estar unidos un derecho fundamental, como es elegir y ser elegido, con la capacidad.
Anteriormente a esta reforma muchas de las personas que solicitaban una incapacidad para recibir una aportación económica y proteger a sus familiares se encontraban con la retirada del derecho al voto. Esto ahora ya no pasa.
Hay un déficit de personas con discapacidad intelectual y psicosocial en los partidos. Ahora pueden votar pero, ¿son elegibles?
Siempre han podido ser elegidos. El derecho pasivo siempre lo han tenido, lo que tenían es que recuperar el derecho activo. Nosotros mismos dentro del PSOE hemos llevado en nuestras listas a personas con discapacidad intelectual, sin embargo, estas personas no podían votarse a sí mismas. Esa era la contradicción que existía.
¿Ahora tendrán las personas con discapacidad intelectual las mismas oportunidades para participar de forma activa en unos comicios, por ejemplo, siendo miembro de una mesa electoral?
Sí, efectivamente. Pueden ser miembros de la mesa. Nosotros desde el partido damos ejemplo sobre ello. En todos nuestros procesos internos contamos con personas con discapacidad tanto física como intelectual en las mesas justamente porque creemos que la democracia se ejercita participando.
¿Si el presidente de la mesa electoral alberga dudas de que una de estas personas no ha votado de forma «consciente, libre y voluntaria» puede impedir el voto?
No, no puede impedirlo. Lo que está por aclararse es si los apoderados de los partidos pueden pedir el DNI o la documentación a estas personas para indicarlo posteriormente en el acta. Pero si no piden el DNI a una persona mayor de edad o a una persona que tenga otro tipo de discapacidad, ¿por qué tienen que hacerlo a ellos? La Junta Electoral Central tendrá que revisar esta instrucción o al menos aclarar para que no se convierta en una discriminación hacia estas personas.
Es decir, no pueden impedirles el voto pero sí pueden indicarlo posteriormente en el acta. ¿Esto no entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral?
Efectivamente. Nosotros abogamos por que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer su derecho, el derecho fundamental que cambia la vida de un país. Que estas 100.000 personas ejerzan su derecho con total libertad y con total normalidad como el conjunto de los electores y ciudadanos de este país.
¿Cómo está el derecho a voto de las personas discapacitadas en otros países de Europa?
No sé la normativa de todos los países. Pero sí se que en la gran mayoría de los países nórdicos nunca tuvieron la restricción. Francia cambió en los últimos años. A España le queda mucho por avanzar, y paulatinamente se va abriendo camino.
¿Las personas con discapacidad están bien representadas en el Congreso y en la vida pública?
