Cómo arruinar a un país petrolero en cinco pasos

El año 2014 fue un periodo de contracción económica para Venezuela. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo cerró el período con una inflación de más del 68%, una caída sistemática de su producto interno bruto y una escasez crónica que mantiene a la población haciendo largas colas por productos básicos.

Casualmente, también fue un año en el que el barril de petróleo, principal producto de exportación del país sudamericano, se ubicó en $88,42 de precio promedio, lo que significó para Caracas ingresar más de 61.000 millones de dólares. Se espera que este año ese monto se reduzca a la mitad.

Entonces, ¿cuál es el origen de la crisis?  El desempeño de la economía venezolana en 2014 evidencia que la causa del problema no es la caída de los precios del petróleo que inició a mediados del año pasado, sino las políticas económicas puestas en marcha por Hugo Chávez y Nicolás Maduro durante sus 16 años en el poder.

El propio gobierno ha reconocido que algo se hizo mal, pero ha dado pasos cortos para corregirlo. Según los analistas, debido a que teme que las soluciones, impopulares por definición, terminen por exacerbar el descontento y le hagan perder las elecciones parlamentarias de este año.

El problema es que revertir años de desequilibrios no es fácil, sobre todo cuando los ingresos que recibió Venezuela durante ese período no van a volver. La bonanza petrolera que le generó al país más de 800.000 millones de dólares entre 1999 y 2015 llegó a su fin y ahora el gobierno se ve obligado a pedir prestado para cubrir sus compromisos básicos, tanto internos como externos.

Volver la vista atrás permite observar las cinco principales decisiones en política económica que, según expertos consultados, dejaron al país en total indefensión ante la época de las vacas flacas.

Anclar la moneda pese a tener una elevada inflación

Oscar fue uno de los miles de ciudadanos que descubrió que podía ahorrar viajando gracias al control cambiario que existe en Venezuela desde 2003 y que establece un límite a las divisas que una persona puede comprar cuando va a hacer turismo al extranjero.

En 2013, el monto autorizado para este fin era de $2.500 (2.233 euros) cargados a la tarjeta de crédito y $500 (446 euros) en efectivo. En septiembre de ese año, Oscar invirtió en un boleto para Miami y solicitó el cupo de divisas a la muy favorable tasa de 6,30 bolívares por dólar, girado contra su tarjeta de crédito.

Como pudo hospedarse en casa de un familiar, gastó su dinero comprando cosas que en Venezuela le costarían el triple y se las arregló para regresar con algunos dólares que luego vendió en el mercado negro de divisas por un precio nueve veces superior al que él había pagado en bolívares.

Oscar solo aprovechó sus circunstancias personales, pero hay quienes hicieron –y hacen- de esta distorsión un millonario negocio. El año pasado, el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), organismo encargado de adjudicar dólares a la tasa oficial, citó a miles de viajeros y estudiantes para que rindieran cuentas sobre el uso de las divisas entregadas por el gobierno entre 2011 y 2013.

Ese último año, altos funcionarios del gobierno admitieron que se habían fugado por “fraudes cambiarios” más de 20.000 millones de dólares (unos 17.800 millones de euros). Sin embargo, de acuerdo con los datos del propio Cencoex a los viajeros sólo les asignaron 5.100 millones de dólares, lo que implica que incluso si todos hubieran cometido ilícitos no serían los mayores responsables del gran desfalco a la Nación.

En una entrevista realizada en febrero, el ex ministro de Planificación Jorge Giordani afirmó que “según algunas estimaciones” desde 2004 –año siguiente a la instauración del control de cambio- y 2012 “se han ido” del país entre 215 mil millones de dólares y 250 mil millones de dólares.

Según explican analistas, la corrupción es exacerbada por el creciente diferencial entre el precio de la divisa oficial –que se mantiene en 6,30 bolívares para la mayor parte de las transacciones y aunque tiene otras dos cotizaciones oficiales a 12 y 170 bolívares- y el del dólar paralelo –que se cotiza en torno a los 275 bolívares por dólar-. De acuerdo con los datos recabados por el analista y profesor universitario, Boris Ackerman, a finales de 2012 comenzó a abrirse una brecha cada vez mayor entre el precio del dólar oficial y el del dólar paralelo, lo que coincide con el momento en el que el gobierno empezó a reducir las asignaciones de divisas a las tasas oficiales.

La alta demanda de dólares era estimulada por una inflación de pulverizaba los salarios, por lo que adquirir divisas extranjeras era para los venezolanos una forma de ahorrar, y por una sobrevaluación de la moneda que hacía que importar fuese más barato que producir o comprar productos elaborados localmente.

Desde que instauró el control cambiario en 2003 el gobierno ha devaluado cinco veces, llevando el tipo de cambio oficial –actualmente “preferencial- de 1,92 bolívares por dólar a 6,30 bolívares por dólar.

La última tasa permanece igual desde febrero de 2013. Desde entonces, el índice nacional de precios al consumidor acumula 134% de aumento, impulsando el tipo de cambio en el mercado negro. Para aliviar la presión, el gobierno ha creado seis  mecanismos alternos de asignación de divisas a precios más elevados.

El último, llamado Sistema Marginal de Divisas (Simadi), inició operaciones el 19 de febrero. Fue diseñado como un tercer mercado de divisas con una tasa de libre flotación. La tasa promedio del Simadi en su primer día de operaciones cerró en 170 bolívares por dólar, apenas 20 bolívares por debajo de la cotización del dólar paralelo. Si Oscar vendiera hoy sus ahorros obtenidos a 6,30 bolívares en el mercado negro de divisas obtendría una ganancia de casi 4.300%.

Tener un gasto público fuera de control

Imagine que acaba de terminar de comer en un restaurante y llega la cuenta, en la que se detalla que no está incluida la propina. Después de pagar, usted saca el billete de más alto denominación que existe, lo deja sobre la mesa y se retira, mientras observa al salir del restaurante que ningún camarero se apresura a recogerlo.

Si le parece que esto es absurdo, entonces no ha salido a comer en Venezuela, donde para dar una correcta compensación por el servicio -10% de lo consumido- es necesario sacar uno o más billetes de 100 bolívares, el de más alta denominación.

Desde 2007, la moneda venezolana ha perdido un poco más de 88% de su valor. Para comprar los alimentos que ese año se adquirían con 100 bolívares se necesitaría hoy un billete de 1.300 bolívares, según estimaciones de la consultora Econométrica basadas en el análisis de datos oficiales.

No solo la moneda se ha empobrecido sino también el poder de compra de los salarios. En 2014, la inflación anualizada cerró en 68,5%, la cuarta más alta de la historia según las estadísticas del Banco Central de Venezuela. En el rubro de alimentos, la situación fue más dramática: 102,2%, la primera de tres dígitos desde que el chavismo llegó al poder.

Analistas coinciden que el principal detonador de esta situación fue una reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) en el año 2005 que facultó a esa institución para otorgar financiamiento a empresas públicas, principalmente la petrolera estatal Pdvsa. Desde entonces, la compañía, buscando llenar su déficit de bolívares, emite pagarés que el BCV adquiere y paga con papel moneda que imprime sin ningún tipo de restricción, como si de billetes de Monopoly se tratara. Con ese dinero en mano, Pdvsa cumple con sus compromisos en moneda local, muchos de ellos asociados a programas de ayuda social o a puestos de trabajo creados por el gobierno pero cuya manutención ha sido atribuida a la petrolera.

Para el economista venezolano Francisco Monaldi, profesor de política energética de la Universidad de Harvard, esta ha sido una de las peores decisiones de política económica. Considera que Venezuela tiene “posiblemente el peor manejo macroeconómico del planeta”.

Esos bolívares que se imprimen salen a la economía en forma de gasto público que, según el experto, en 2012 representó 51 puntos del producto interno bruto. Como no tiene soporte en divisas ni responden a la producción real de la economía termina buscando convertirse en moneda fuerte por lo que termina presionando al alza el tipo de cambio en el mercado paralelo de divisas, que se ha convertido en la tasa de referencia para la economía, generando una espiral inflacionaria indetenible. En otros casos, esos bolívares compiten en el mercado para comprar unos bienes durables cada vez más escasos que terminan por encarecerse ante la alta demanda.

¿De cuánto dinero se trata? Hasta diciembre del año pasado, el BCV había emitido Bs 672.000 millones –casi $107.000 millones al tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar- en asistencia financiera a Pdvsa.

Monaldi añade que otros problemas asociados con el mal manejo de la macroeconomía, además de la expansión monetaria, es el no haber creado un fondo de ahorros que permitiera hacer frente a los momentos de bajos ingresos. El Fondo de Estabilización Macroeconómica, creado para este fin antes de la llegada de Chávez al poder, dispone sólo de 3 millones de dólares, según datos del BCV.

Subsidiar y controlar

Cuando Luis –es un nombre ficticio para proteger su identidad- decidió abandonar el negocio de trasladar hortalizas desde los estados andinos a Caracas porque ya no era rentable, decidió dejarle el camión que tenía a su hermano para que “lo pusiera a producir” mientras él se dedicaba a otros negocios en la capital venezolana.

Su hermano decidió usar el vehículo para viajar a la ciudad colombiana de Cúcuta, que queda justo al otro lado de la frontera, transportando ilegalmente combustible venezolano. Cada traslado implica una ganancia de 7.000 bolívares, de los cuales 1.000 bolívares son para el funcionario de la Guardia Nacional que se hace la vista gorda. Le quedan 6.000 bolivares diarios, un monto 6,4% superior al salario mínimo mensual de cualquier trabajador.

Esto solo es posible debido a un subsidio que existe sobre el precio de la gasolina y que le cuesta al Estado más de $12.500 al año, según cifras oficiales. En Venezuela, un litro de gasolina cuesta 0,097 bolívares y es, probablemente, el bien más barato de la economía venezolana. Llenar el depósito de un coche pequeño cuesta menos que un billete de un autobús urbano.

Lo mismo ocurre con alimentos, medicinas y otros bienes básicos regulados por orden el gobierno. El Estado inició en 2003 un férreo control de precios para intentar frenar la inflación. 12 años después, Venezuela registra el índice de precios al consumidor más elevado de América Latina y el Caribe, que equivale a 8 veces el promedio de la región, de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Además, el gobierno suministra productos subsidiados a la población a través de las redes de distribución públicas, los cuales, muchas veces, terminan en manos de contrabandistas o revendedores.

El control de precios ha sido señalado por los analistas como una de las principales causas de la escasez, no solo porque al abaratar artificialmente el costo de un producto la demanda se hace infinita, sino porque el rezago entre el precio regulado al que se puede vender y los costos reales de  producirlo hace que muchas veces las empresas se vean obligadas a trabajar a pérdida.

Para Monaldi, esta ha sido una de las políticas que ha terminado por mermar la capacidad productiva del sector privado venezolano. A esto se suman las expropiaciones, los controles sobre las ganancias a través de la Ley Orgánica de Precios Justos y la inseguridad jurídica. “Esto genera gigantescas distorsiones macroeconómicas”, sostiene Monaldi.

La Confederación Venezolana de Industriales, que agrupa 90% de la industria nacional, publicó el 30 de enero de 2015 un un boletín sobre lo que consideran es el fracaso del control de precios:

“La situación actual con la nueva Ley de Precios Justos, es que gran cantidad de artículos se mantienen con precios congelados por largo tiempo, en niveles que dificultan la necesaria rentabilidad de un negocio y favorecen la triangulación cuando son adquiridos para la reventa. El llamado “bachaqueo” (extracción de productos de las cadenas de supermercados o del Estado para venderlos en el mercado negro a más del doble) no es más que una consecuencia de las distorsiones generadas por estos controles. El impacto inicial de la ley (principalmente por el temor generado) redujo la inflación durante unos meses, pero luego generó un aumento gradual de la misma y de la escasez”.

La falta de divisas oficiales para adquirir materias primas, el control de precios y la incertidumbre son los principales problemas para producir citados por los agremiados de Conindustria en una encuesta correspondiente al tercer trimestre de 2014. De acuerdo con este informe, el sector manifestó haber trabajado en promedio a 48,67% de su capacidad instalada.

Endeudarse

A pesar de los altos ingresos petroleros, Venezuela emprendió una agresiva política de endeudamiento, tanto interno como externo.

De acuerdo con los cálculos del analista financiero, Orlando Zamora, sobre datos oficiales, hasta el 2 de febrero de este año el país había contraído 44.791 millones de dólares en compromisos externos; 87.790 millones de dólares en deuda interna; 22.300 millones de dólares en préstamos de China; 6.139 millones de dólares en bonos emitidos por la banca pública para financiar viviendas; y un poco más de 43.800 millones de dólares en títulos de Pdvsa.

Indicó que la deuda consolidada de Pdvsa, contando los préstamos de bancos del Estado, el financiamiento de sus socios, sus compromisos con proveedores, el crédito otorgado por China y la ayuda del BCV, es mayor a la de la nación.

Ahora, con una caída de los ingresos petroleros calculada en más de $35.000 millones de dólares para 2015, los mercados internacionales perciben un alto riesgo de impago por parte de la República, lo cual ha hecho caer la cotización de la deuda externa venezolana a niveles de “bonos basura”.

Dado a que en los actuales momentos emitir un título para recabar fondos sería muy costoso, el país recurre a su principal acreedor: China, de quien obtiene fondos a cambio de petróleo. De acuerdo con las declaraciones de Nicolás Maduro, los últimos acuerdos de financiamiento con el gigante asiático para proyectos ascendieron a más de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, analistas estiman que solo una pequeña porción de ese monto será recibida en efectivo.

Según los economistas, este esquema de endeudamiento con China tiene la desventaja de que compromete la producción futura de petróleo. El ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, anunció en noviembre de 2014 que se elevaría el suministro de China, a la que actualmente se le envían unos 524.000 barriles diarios de crudo, 22% de las exportaciones totales.

Descuidar a la principal industria del país

La petrolera estatal Pdvsa genera el 96% de las divisas que ingresan a Venezuela. Actualmente, la extracción petrolera total se encuentra estancada, pese las enormes inversiones que se han hecho en la Faja del Orinoco en conjunto con empresas rusas, chinas y de otros países. De acuerdo con los datos suministrados por la propia estatal, mientras la producción de crudo extrapesado de la Faja crece, la explotación de petróleo liviano declina, debido principalmente a la falta de inversión.

El problema es que el crudo pesado y extrapesado es más difícil de vender porque para transportarlo se debe diluir con otros productos, como la nafta y el crudo liviano. Esto obliga a Pdvsa a hacer millonarias compras de estos combustibles en el exterior, ya que la producción local no es suficiente.

“El debilitamiento de Pdvsa y la expropiación de las petroleras privadas han llevado a que en vez de subir más de 1 millón de barriles la producción petrolera, esta haya caído en más de 600.000 barriles. Es decir, producimos muchísimo menos de lo que deberíamos”, señaló Monaldi.

Al mismo tiempo, la estatal se ha encargado de usar sus propios recursos para financiar actividades que no le corresponden. Pdvsa está encargada de la importación de alimentos para ser distribuidos en las redes del Estado a precios subsiados; también financia la construcción de viviendas que se entregan de forma gratuita –al menos por los momentos- a una parte de la población.

Sin embargo, las dificultades financieras de Pdvsa se han visto reflejadas en una reducción de su aporte social. El último reporte de la petrolera muestra que las contribuciones de dinero a los programas sociales se redujeron un 41% entre 2012 y 2013, especialmente a los destinados a las áreas de educación y de salud.

Analistas coinciden en que la mejor forma de auxiliar a Pdvsa, al menos en bolívares, es permitiendo que cambie en el BCV las divisas que le ingresen por explotación petrolera a una tasa más elevada que la de 6,30 bolívares por dólar, frenando así sus necesidades de acudir a este ente por financiamiento.

Los economistas advierten en que todos los problemas macroeconómicos de Venezuela están conectados de algún modo por lo que las soluciones no pueden ser aisladas, ya que los ajustes que no formen parte de un plan integral solo agravarán la situación más adelante.

“Venezuela es como la versión más grotesca de todos los males que han ocurrido en el mundo durante periodos de bonanza petrolera, acumulados en un solo país. Casi todos los otros productores mitigaron esta vez esos males”, lamenta Monaldi.

NICOLLE YAPUR