El saqueo a Venezuela, la silenciosa trama de corrupción que alcanza los 400.000 millones de dólares
Un robo que ha durado 15 años. Un atraco perpetrado durante décadas por un Gobierno y sus secuaces mientras su pueblo caía en un abismo de miseria.
Un robo que ha durado 20 años. Un atraco perpetrado por un Gobierno y sus secuaces mientras el pueblo caía en un abismo de miseria. Venezuela se enfrenta a la peor crisis económica, social y política de su historia moderna, razón por la cual tres millones de personas han tenido que abandonar el país, según los últimos datos de las Naciones Unidas. Aunque la mayoría de los que han huido lo han hecho metiendo toda una vida en pocas maletas, otros –conectados con el régimen chavista– lo han hecho con los bolsillos llenos. Algunos están siendo perseguidos por la Justicia internacional, otros están logrando burlar los controles e incluso conquistar a los sectores más adinerados de algunas sociedades como la española. Los que se han quedado en Venezuela, porque siguen en el poder, viven con fortunas inimaginables mientras seis niños mueren semanalmente por desnutrición en ese país, según la organización Cáritas. A continuación relatamos uno de los mayores desfalcos de la historia del mundo: el saqueo a Venezuela.
El desvío de dinero público en el país sudamericano asciende a algo más de 400.000 millones de dólares (350.000 millones de euros) desde 2003, según la Comisión de Control de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela –la única institución elegida en un proceso electoral democráticamente reconocido en la comunidad internacional–. Es decir, casi el 40% del PIB español y más de 1.000 veces los casi 313 millones de euros de la trama Púnica (según cálculos de El Confidencial), uno de los mayores casos de corrupción ocurridos en España. El desfalco multiplica en 1,65 el total de la riqueza que produce en bienes y servicios Venezuela en un año entero, que según el último dato ‘oficial’ disponible y recogido por el Fondo Monetario Internacional ascendió en 2016 a 213.000 millones de euros.
Los cálculos del Parlamento son incluso conservadores: un estudio de Boris Ackerman, profesor del departamento de Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad Simón Bolívar, y de Rosana Sosa, Economista de la Universidad Central de Venezuela, cifra en hasta 529.000 millones la cantidad desviada sólo a través de la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) que, además, hasta 2013 era la quinta petrolera más grande del mundo, según la clasificación de la publicación especializada Petroleum Inteligence Weekly (PIW). Después, comenzó a sufrir una una caída libre hasta perder un tercio de su producción. Está financieramente quebrada, en default y con deudas comerciales acumuladas con proveedores de bienes y servicios. Otra cara del legado de Hugo Chávez.
El colapso económico de Venezuela se debe principalmente a que el chavismo y sus enchufados –muchos residen hoy en día en España– comenzaron, sobre todo desde 2003, a desviar cantidades millonarias del negocio petrolero amparados por el régimen.
Pero en la inmensa trama de corrupción venezolana hay numerosos engranajes, más allá de los que se dan alrededor del llamado “oro negro”, que han permitido el saqueo de una nación. Uno de los principales ha sido el control de cambio; un arma de dominación política del Gobierno y cauce del enriquecimiento ilícito de funcionarios a todos los niveles y de algunos empresarios privados con estrechos lazos en los círculos del poder. Todos ellos han amasado inmensas fortunas debido a la enorme diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio en el mercado negro. El Gobierno les vendía dólares para la importación de productos al cambio oficial cuando el valor del billete verde en el mercado negro era más de 30 veces superior.
¿Cómo se llegó a tal desfalco? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese dinero?
No hay cifras de cuánto han robado el Gobierno y sus enchufados porque la institución encargada de actuar como Tribunal de Cuentas –que en Venezuela se llama Contraloría General de la República– en 20 años (Hugo Chávez llegó al poder en 1999) ha investigado solo un caso grande de corrupción conocido como Pudreval (hallazgo de miles de toneladas de alimentos con fecha de caducidad expirada a mediados de 2010, importados por el Gobierno de Chávez). Como la citada institución no rinde cuentas a la ciudadanía (al Parlamento) dado el deterioro de la separación de poderes necesaria en toda democracia, no se conoce la cifra de negocios de PDVSA, aunque la compañía sea del Estado y representa por lo menos el 97% del ingreso de divisas del país. Tampoco se dan a conocer las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV), institución que ingresa todas las divisas provenientes del petróleo y que no es independiente del Gobierno pues sigue las órdenes del chavismo pese a que la Constitución de 1999 consagra su total autonomía y le prohíbe financiar déficits fiscales. Ni se publica información alguna sobre cómo se distribuyen las finanzas del país. En definitiva, el Gobierno maneja discrecionalmente todo el presupuesto nacional sin conocimiento público ni rendimiento de cuentas ante el Parlamento, donde la oposición mantiene mayoría. Es decir; ni pide autorización a la Asamblea Nacional para emitir deuda ni para contraer créditos con terceros países, que al no tener su aprobación se pueden considerar ilegales.
De ahí que los datos utilizados en este reportaje han sido obtenidos por periodistas, economistas, organizaciones civiles y políticas que han desarrollado comisiones paralelas al Gobierno y han revisado y analizado las cifras. También se han usado las investigaciones hechas por el Congreso con documentos oficiales que quedaron olvidados en los cajones de las oficinas del Parlamento, a los que la oposición tuvo acceso en 2015 cuando ganó la mayoría; informes hechos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y confesiones públicas de miembros del propio chavismo.
¿De dónde sale tanto dinero?
Entre 1999 y 2014 –mandato de Chávez y el primer año de Maduro–, Venezuela obtuvo un ingreso bruto por la exportación de petróleo de 960.589 millones de dólares, un promedio de 56.500 millones anuales durante 15 años.
Durante los cinco años de mandato de Rafael Caldera, quien gobernó antes de Chávez, el ingreso promedio por exportación de petróleo fue de 15.217 millones de dólares anuales. Es decir, en tiempos de Chávez aumentó en un 76%, pero este incremento fue fundamentalmente debido a la subida de precios del crudo. El precio del barril pasó de costar 16 dólares en 1999, cuando el comandante llegó al poder, a valer 32 dólares en 2004. Los precios aumentaron hasta llegar a 88 dólares por barril en 2008 y, aunque cayeron en 2009 por la crisis financiera internacional, a partir de 2010 volverían a crecer y se mantendrían entre los 84 y los 103 dólares por barril de promedio entre 2011 y 2014. Unos 15 años de bonanza petrolera.
El desfalco en el sector del crudo se ha dado, principalmente, porque la petrolera estatal PDVSA es el principal proveedor de los dólares en la economía venezolana: 97 de cada 100 dólares que entran provienen de esa industria.
Antes del control de cambio establecido por Hugo Chávez en 2003 la gente podía adquirir en bancos y casas de cambio divisas de las que ingresaban al Banco Central, pero aquel año el Gobierno comenzó a manejar todos los dólares que llegaban producto de la exportación petrolera.
¿Cómo funcionó el control de cambio?
En 2003 Chávez crea la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), organismo gubernamental encargado de administrar los dólares. Así se acaban por cerrar las taquillas de las casas de cambio. Es decir, se puso fin al libre acceso a las divisas. Desde que se instaura el control cambiario, todo aquel que quisiera cambiar dólares tenía que tener la aprobación de CADIVI. La fuga de capitales fue la supuesta razón que argumentó Chávez para crear ese organismo.
En 2004 el Gobierno sólo vendía a precios preferenciales, muy por debajo a los del mercado negro, un máximo de 4.000 dólares al año a aquellas personas que querían viajar, pero esa cantidad se fue reduciendo con el paso del tiempo. Además existía un cupo para compras por medios electrónicos. El trámite se fue volviendo cada vez más complicado y engorroso. A medida que fueron escaseando las divisas en medio de la caída de los ingresos petroleros, el Gobierno limitó cada vez más las ventas de divisas a las personas comunes. En 2015 CADIVI cambia su nombre a CENCOEX en un maquillaje que en realidad mantenía vivo el control de cambio y sólo beneficiaba a los más estrechos círculos vinculados al poder. El ciudadano de a pie dejó de tener acceso oficial a las divisas que sólo podía, y aún hoy, únicamente puede obtener en el mercado negro.
Otra de las maneras que usó el Gobierno para controlar la economía y llevarse una tajada sobre su actividad fue ejercer el control sobre el grueso de las importaciones para la industria. Para poder hacerlo previamente asfixió a una gran parte del sector privado. Entonces la asignación de divisas para las empresas era, nuevamente, para sus enchufados. Los implicados se volvieron millonarios al obtener divisas a un precio muy bajo e irreal –ya que el Banco Central es quien establece el precio oficial– y revender la mayor parte del dinero adjudicado para las importaciones en el mercado negro por importes que se incrementan hasta un 500%. Hoy en día el mecanismo de acceso al billete verde para las empresas es a través de subastas periódicas en las que se aumenta constantemente la tasa oficial –aunque sigue siendo mucho menor al precio paralelo del dólar–, de modo que aquellas que salen “ganadoras” están de alguna u otra manera vinculadas al régimen.
Durante el año 2012, el Gobierno asignó para importaciones 59.339 millones de dólares, según informó la Asamblea Nacional en 2014. Incluso, un hombre que era mano derecha de Hugo Chávez y ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, a pocas semanas de muerto su líder carismático reconoció que 25.000 millones de dólares de aquella cantidad fueron robados por las empresas de maletín –aquellas que lograron las adjudicaciones y financiamiento por tener relaciones con el Gobierno–. Comenzaban las disputas internas y el Juego de tronos. Se murió el patriarca de una familia y los herederos comenzaron a luchar entre sí a ver quién se quedaba con la mayor parte del botín. Actualmente, lo que queda del chavismo se trata en efecto de clanes enfrentados entre sí.
Formas de asfixiar a la empresa privada
El economista Carlos Miguel Álvarez, de la consultora Ecoanalítica, dijo a la BBC que mantener el tipo de cambio de divisas casi fijo por tanto tiempo produjo un incremento de la inflación, esto hizo que las empresas prefirieran importar que producir en el país porque les resultaba más rentable. De hecho el modelo importador lo consagró Chávez durante el boom petrolero.
La otra política que ha marcado la involución de la economía venezolana ha sido la de la expropiación. Los famosos «exprópiese» de Chavéz se fueron cumpliendo como órdenes militares. Estas expropiaciones fueron ejecutadas de manera discrecional y arbitraria sin seguir los preceptos contenidos en la Carta Magna que establece, entre otras cosas, la evaluación de los bienes y su compensación. De este modo, el chavismo se hizo con el control de las empresas como una forma de librar una guerra contra lo que califica de “enemigos de clase”. Según cifras de la patronal Confederación Venezolana de Industriales, entre el año 2002 y febrero de 2015 se produjeron 1.322 expropiaciones. La mayor parte de ellas, entre los años 2007 y 2011. No sólo de empresas si no también de tierras. Cinco millones de hectáreas fueron expropiadas por parte del chavismo.
El saqueo a la empresa madre, PDVSA
La organización política Marea Socialista –escisión del partido de Gobierno fundado por Chávez, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y contrarios al régimen de Nicolás Maduro desde 2014– hizo en 2015 la Primera auditoría pública y ciudadana sobre PDVSA. Esta, aún siendo afín a la causa chavista en origen y por tanto menos crítica con la Administración, sostiene que 216.397 millones producidos por PDVSA desaparecieron entre 1998 y 2014. El citado informe demuestra que entre esos años ingresaron al país 1,790 billones de dólares por la venta de petróleo, y por parte de la estatal, solo hay registro de 1,573 billones de dólares, de modo que hay un excedente de 216.397 millones sobre los que nadie ha rendido cuentas.
Este documento es conservador frente al elaborado por los analistas citados al comienzo del texto: Boris Ackerman y Rosana Sosa. El informe de estos últimos ¿Cuál es el origen de las grandes fortunas de los enchufados venezolanos?, al que ha tenido acceso The Objective sostiene: “El monto desviado hacia la riqueza particular de unos cuantos individuos entre los años 2003 y 2015 en Venezuela, asciende a más de 385.000 millones de dólares con base a cálculos conservadores y podría llegar a 529.000 millones de dólares si se considera la totalidad de las divisas no declaradas por PDVSA al Banco Central de Venezuela”.
Otras vías del desvío de los fondos se produjeron a través de la sobrefacturación por la supuesta compra y mantenimiento de taladros de perforación y otras maquinarias. Según denuncias hechas por el Sindicato de Trabajadores Petroleros y del Gas, de los 28 taladros que hay en la Faja Petrolera del Orinoco, solo funcionan tres.
Crisis eléctrica
Otras prácticas corruptas que se han revelado afectan a otros sectores de la economía. El caso Derwick es uno de los más tratados por los principales medios españoles, ya que uno de los supuestos implicados es fundador de la empresa española de gafas Hawkers y ha sido ampliamente mencionado por estos, aunque hasta ahora no constan cargos en su contra en ningún país.
Se trata de una trama que involucra a los llamados “bolichicos”, jóvenes empresarios que supuestamente recibieron contratos de Chávez de hasta 1.300 millones de dólares, estimación hecha por el consultor de energía venezolano José G. Aguilar. El analista político Alek Boyd, que ha denunciado con fuerza este caso, ha explicado que en 2009 se dio una emergencia eléctrica en Venezuela. “No hubo licitación” –por un lado porque era una emergencia– pero Derwick Associates compró una cantidad de plantas termoelécticas a través de cobros de comisiones que elevó el precio de facturación. A pesar de esto, el país está sumido en una crisis de energía que provoca constantes apagones en todas las ciudades. Además, se critica que estos jóvenes no tenían experiencia en el sector.
— alek boyd (@alekboyd) 17 de junio de 2017
Según Boyd, los “bolichicos” tienen ahora inversiones en el área petrolera en Venezuela a través de la petrolera rusa Gazprom y continúan desfalcando al país.
Vinculados a este caso hay dos exministros de Chávez acusados por Andorra de un expolio de 2.000 millones de dólares de PDVSA. Se trata de Nervis Villalobos y Javier Alvarado, el primero fue detenido en octubre por segunda vez en España. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera.
Tanto Villalobos como Alvarado fueron el vínculo entre los llamados “bolichicos” y el Gobierno, según fuentes vinculadas al tema. Villalobos fue viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela entre 2001 y 2006 bajo el mandato de Hugo Chávez y Alvarado fue presidente de Electricidad de Caracas desde 2007 hasta 2010 cuando fue nombrado viceministro de Desarrollo Eléctrico.
Los tentáculos de Odebrecht
El escándalo que ha salpicado a varios Gobiernos de Latinoamérica también tiene ramificaciones en Venezuela. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, es el país que más dinero recibió en sobornos en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. La empresa es acusada de pagar a políticos y gobernantes de 12 países por una cantidad total de 788 millones de dólares.
Los pagos del Estado venezolano al gigante constructor de Brasil rondan los 300.000 millones de dólares en 11 obras que no han sido concluidas, según cita la revista venezolana Clímax (medio hermano de The Objective en Latinoamérica) en una investigación que le valió el Premio a la Excelencia en Periodismo 2018 por parte de La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El diputado opositor Juan Guaidó, expresidente de la Comisión de Control del Congreso venezolano, ha informado a The Objective que “todos estos contratos de Odebrecht fueron entregados saltando los procesos de licitación, amparados en un convenio binacional Venezuela-Brasil, firmado en 2007, entre Hugo Chávez y Luiz Inácio Lula da Silva, que suscribe como canciller Nicolás Maduro Moros”. El parlamentario ha reiterado que 76% de las 34 obras que debía ejecutar Odebrecht en Venezuela permanecen inconclusas. Ya son ruinas monumentales y vandalizadas, partes del paisaje venezolano.
El control de la Tesorería
En resumidas cuentas, el control del chavismo sobre PDVSA, sobre el Banco Central, así como sobre la Tesorería Nacional, han sido tres patas fundamentales para el saqueo de las cuentas públicas en Venezuela. Desde Chávez hasta Maduro, el puesto de tesorero nacional (el equivalente al cargo de gobernador del Banco de España y que es quien, además, aprueba los presupuestos del Estado), ha sido sistemáticamente designado a personas cercanas y de confianza de Chávez y Maduro. Uno de estos tesoreros es Alejandro Andrade, un exguardaespaldas de Chávez que se ha declarado culpable de lavado de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos y ha sido condenado a 10 años de prisión en ese país.
Una nota de The New York Times publicada a finales de noviembre y titulada: Jets, caballos y sobornos, cómo un funcionario venezolano se hizo multimillonario mientras su país colapsaba señala que el estilo de vida exuberante de la familia Andrade era «tan espectacular como el colapso económico del país que dejaron atrás». También el medio señala la excéntrica vida de su hijo tal y como reflejan las fotografías de su cuenta de Instagram, donde se ve al joven jinete de salto ecuestre viviendo con lujos y compitiendo en Londres y Madrid.
Andrade ha confesado porque, como otros chavistas, está colaborando con la Justicia estadounidense a cambio de que le reduzcan la pena. Deberá presentarse a cumplir su condena el próximo 25 de febrero, según la sentencia. Estados Unidos también investiga en este esquema de corrupción al dueño del canal de noticias Globovisión, Raúl Gorrín.
Por su parte, Maduro llevaba cinco meses en la presidencia cuando decidió entregarle la Tesorería a su sobrino político Carlos Erik Malpica Flores, quien, por si no fuera poco, también era responsable de administrar los fondos de PDVSA, como vicepresidente de Finanzas. De este modo la Tesorería ha asignado durante el chavismo recursos a su antojo y conveniencia.
Desde 2015, Estados Unidos ha sancionado a 76 funcionarios y exfuncionarios del Estado venezolano por sospechas de corrupción y se esperan más –también por parte de la Unión Europea–. A pesar de esto, hay muchos casos pendientes y ocultos y este 10 de enero Maduro volverá a tomar posesión del cargo de presidente en un país que enfrenta uno de los mayores desfalcos contra un Estado latinoamericano. El mandatario volverá a repetir el mandato –cuando el chavismo cumple 20 años gobernando–, tras las elecciones del pasado 20 de mayo, marcadas una profunda abstención producto de la desconfianza hacia un Estado fallido. Ese patrón se ha repetido en las elecciones de concejales de este 9 de diciembre, cuando los venezolanos hundidos en una histórica crisis generalizada, salieron a las calles a comprar comida e intentar resolver los regalos de las fiestas navideñas en lugar de participar en los comicios.
