El desafío de gravar la actividad de los gigantes de internet

El Gobierno de Pedro Sánchez ultima ya la llamada Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocida popularmente como tasa Google en referencia al gigante tecnológico. De hecho, tiene ya diseñada la lista de empresas susceptibles de verse afectadas por la futura normativa, que gravará la actividad de los gigantes de internet que operan en España. El objetivo del Ejecutivo es que esta ley empiece a funcionar a finales de este año o principios del que viene.

De salir adelante, la tasa Google afectará a compañías que tengan ingresos superiores a los 750 millones de euros a escala global y a tres millones de euros en España. Así, gigantes como Amazon, Facebook o la propia Alphabet (matriz de Google) entran en esta lista. Sin embargo, el Gobierno ha querido ampliar el espectro e incluir también las grandes plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime o HBO. El objetivo es llegar a la anunciada recaudación de 968 millones de euros anuales, una cifra notablemente inferior a los 1.200 previstos inicialmente pero que distintos analistas consideran, aun así, demasiado optimista.

La intención del Gobierno es gravar con un 3% de los ingresos ciertas operaciones llevadas a cabo por las grandes tecnológicas que actualmente no tributan: la publicidad dirigida online, los servicios de intermediación online y la venta de datos conseguidos a partir de información otorgada por los internautas. «Se trata de una nueva fiscalidad adaptada al siglo XXI, con un sistema tributario más equilibrado y solidario», dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley, en octubre de 2018.

Pero está por ver cómo se aplica finalmente la disposición. Si atendemos al caso francés, el panorama no es muy alentador. París aprobó su propia normativa pero se vio forzada a ponerla en suspenso tras el anuncio de Estados Unidos (país más afectado por la medida) de imponer elevados aranceles a las importaciones galas.

De hecho, el secretario del Tesoro (equivalente estadounidense al ministro de Hacienda) de EEUU, Steve Munchin, envió a los Gobiernos de España, Francia, Reino Unido e Italia una carta en la que amenazaba con imponer mayores aranceles si seguían adelante en su intento de aprobar sus respectivos impuestos a los gigantes digitales.

En bloque, los gobiernos de los cuatro países aludidos respondieron de forma conjunta explicando su postura a Washington: «Alcanzar una solución multilateral basada en el consenso ante los desafíos planteados por la economía digital es más crucial que nunca. La actual crisis de la COVID-19[contexto id=»460724″] ha confirmado la necesidad de una asignación justa y acorde a las ganancias obtenidas por las multinacionales que operan sin ―o con poca― presencia física» en estos países, rezaba la misiva, según informaron entonces varios medios. «Estas empresas se benefician del libre acceso al mercado europeo. Es justo y legítimo esperar que paguen su parte justa de impuestos en los países donde crean valor y ganancias. Por lo tanto, creemos que posponer nuestro trabajo y no abordar estos desafíos constituiría un fracaso colectivo», concluía la respuesta a Munchin.

Barcelona, un modelo propio

A escala local, Barcelona también está intentando ahora sacar adelante su propio impuesto a los gigantes digitales, pero centrándose en los de comercio electrónico, como Amazon. Se trata de una reivindicación histórica de las asociaciones locales de comerciantes, que, a diferencia de los grandes titanes del e-commerce, sí pagan impuestos por los ingresos que obtienen. ¿Cómo gravar esta actividad? Por el uso del espacio público, una competencia de ámbito municipal (algo similar a los bares que ponen terrazas en una plaza).

Pero tampoco este impuesto está exento de dificultades para su aprobación. Fundamentalmente, los obstáculos son formales. El gabinete de Ada Colau no quiere penalizar a los repartidores (conocidos como riders) ni tampoco el las ventas que hagan por internet los comercios barceloneses, sino solamente a las empresas que, aun obteniendo beneficios en la ciudad condal, tienen sus sedes (y, por lo tanto, pagan impuestos) fuera de la capital catalana.

Según publica El País, la implantación de este impuesto estaría basada en las externalidades negativas que genera esta actividad, como una mayor congestión del tráfico rodado de la ciudad o un aumento de la contaminación[contexto id=»381816″]. En ambos casos (tanto la tasa Google como el impuesto que ahora estudia barcelona) se trata de crear un nuevo impuesto para gravar una actividad económica que, por su juventud, todavía no tiene un marco jurídico correspondiente que fiscalice sus ingresos.