Colombia se debate entre la paz y la impunidad

La muerte de 218.094 personas y el secuestro de 27.023 son dos cifras que retratan las consecuencias que ha tenido el conflicto armado que ha vivido Colombia durante más de medio siglo.

La lucha interna se ha enquistado en el país sudamericano a través de un enfrentamiento entre la guerrilla, la fuerza gubernamental, los grupos paramilitares y otros actores que en su conjunto han creado un complejo entramado en el que entran en juego el narcotráfico y la corrupción.

Desde 1980 son once las veces que se ha iniciado un proceso de negociación de paz con resultados controvertidos para la sociedad colombiana que sufre el coste, en sangre y descrédito, de la lucha armada. La última apuesta por el diálogo la hizo en 2012 el actual presidente, Juan Manuel Santos, quien ha asumido el proceso de paz como su bandera política en medio de críticas y halagos.

La otra justicia

Desde noviembre de 2012, el gobierno de Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han sentado en torno a una mesa de negociaciones en La Habana, con una agenda de cinco puntos en la que  los temas de paz y justicia social son los dos aspectos álgidos.

Concretar el «Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia» es un asunto complejo y cargado de condiciones. Los expertos señalan que alcanzar la paz en casos como éste requiere de un esfuerzo que no sólo pone a prueba a todos los actores involucrados, sino que implica ir más allá de la justicia ordinaria como mecanismo para resolver controversias.

«El punto más importante de todo este proceso se refiere a la justicia transicional, que es lo que el mundo se ha inventado para facilitar un proceso de paz como el colombiano», dijo Santos durante la instalación del Congreso de Naturgas en Medellín celebrado el pasado 27 de abril.

La justicia transicional “es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales”. Tiene entre sus fortalezas que toma en cuenta las especificidades del caso, sus protagonistas así como la realidad e idiosincrasia local. Entre sus puntos más delicados está la posibilidad de impartir penas reducidas al mismo tiempo que evita incurrir en situaciones de impunidad.

Llegar a ello no luce fácil. Lo que para Santos es un supuesto para las FARC no es ni siquiera una opción. El jefe negociador de la guerrilla,  “Iván Márquez”, aseguró en abril que en Colombia no se puede aplicar una justicia transicional, porque se trata de la negociación de un conflicto interno armado de la sociedad civil con el Estado y no de la transición de una dictadura a una democracia.

El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pedro Nikken descarta el argumento de las FARC para rechazar la justicia transicional como camino para la solución pacífica del conflicto colombiano. Aclara que los valores que imbuye este mecanismo no están únicamente vinculados a la transición de una dictadura a una democracia, sino a una serie de crímenes que atentan contra el derecho internacional. De hecho, los procesos transicionales realizados en Centroamérica se instalaron una vez superadas las dictaduras y fueron suscritos por presidentes electos democráticamente. “Es un tema en el que están en juego los valores fundamentales de la sociedad”, apunta Nikken.

La polémica amnistía

Interés y confianza son valores claves en todo proceso de paz y, en el caso de Colombia, resultan fundamentales. Las FARC, que se conciben a sí mismas como un actor político beligerante, apuestan por el cese el fuego bilateral y la amnistía como condiciones irrenunciables para deponer las armas indefinidamente. Sin embargo, el gobierno de Santos no está dispuesto a ceder en este punto. “El mundo cambió y  ya no acepta esas amnistías, ese perdón (…) Inclusive aquí en Colombia eso ya no es posible», declaró el mandatario, quien de momento desestima cualquier posibilidad de ordenar el cese de la ofensiva contra la guerrilla.

“Se trata de una salida concertada, de un acuerdo entre dos partes que desean poner fin al largo calvario de la confrontación fratricida entre los hijos de una misma patria. Una solución de índole política que necesariamente requerirá un derecho que se adapte a ella, que puede ser creado y convalidado por un clamor nacional como el propuesto por las arrolladoras marchas del pasado 9 de abril (por la paz en Colombia). Carece de lógica pretender que la dirigencia insurgente resulte condenada como culpable única y que además se someta a penas que la excluirán de la política a futuro”, insiste la FARC en un comunicado emitido el pasado 15 de abril.

Nikken considera inadmisible que las FARC pretendan no ser juzgadas por cometer delitos sobre los cuales el derecho internacional no admite amnistía  (violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como los establecidos en el Estatuto de Roma). “Puede haber una negociación  pero tienen que darse penas reales y efectivas”, advierte el jurista. 

El Internacional Crisis Group explica que la justicia para todos los actores del conflicto colombiano, incluyendo a las víctimas de los agentes del Estado, es un aspecto esencial de cualquier régimen viable de justicia transicional. “Aquellos que resulten ser los máximos responsables de los delitos más graves, de cualquiera de los lados, tienen que ser juzgados y se les debe imponer penas apropiadas, que sólo bajo condiciones muy estrictas podrían ser reducidas. Una amnistía puede cubrir solamente los delitos políticos y los crímenes conexos al delito político, pero nunca los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Los miembros de las FARC que estén fuera de la categoría de máximos responsables podrían ser elegibles para un proceso administrativo que, bajo condiciones vinculadas a la reconciliación, garantice sentencias reducidas o suspendidas en el caso de que sean condenados por delitos relacionados con el conflicto”.

Nikken agrega que parte de la complejidad en el proceso de negociación de paz en Colombia es que no es lo mismo la posibilidad de enjuiciar a un militar, que también está llamado  a dirigir el proceso de inserción social, que a un comandante de las FARC.

El International Crisis Group ha advertido que cualquier acuerdo sostenible deberá ser aceptable no sólo por las dos partes (gobierno y guerilla). “Encontrar un terreno común entre la guerrilla, el gobierno, los críticos de las negociaciones de paz, las víctimas y un público en gran medida desfavorable hacia las FARC es difícil (…) No obstante, dado que las Cortes, el Congreso y los electores desempeñarán un papel importante en la ratificación y aplicación de las medidas de justicia transicional, el interés de ambas partes en una transición estable debería compensar el costo de llegar a un acuerdo que sobrepase sus estrechos intereses”.

Y es que las supuestas responsabilidades, en las causas estructurales y consecuencias del conflicto, no sólo implican a la guerrilla sino a todos los actores del conflicto que hayan vulnerado los fundamentos del sistema de justicia internacional incluyendo al Estado, los gobiernos, los grupos paramilitares, así como figuras políticas y sociales.

Sólo un aspecto complejo del ámbito político lo encarna el mismo presidente Santos, quien ha jugado roles diametralmente opuestos en los últimos años. Durante la presidencia de Álvaro Uribe, el ahora mandatario fue ministro de Defensa (2006-2009) y aplicó la política de cero tolerancia contra la insurgencia que caracterizó la ofensiva del uribismo. Actualmente, Santos apuesta a la negociación lo que le ha supuesto la oposición acérrima de Uribe, quien hoy es parlamentario y líder de la oposición a Santos.

La voz de las víctimas

Pese a las posiciones encontradas entre el gobierno de Santos y la guerrilla, hay un aspecto emblemático e inédito en este proceso de negociación que se desarrolla en La Habana: La participación de las víctimas del conflicto en la búsqueda de la paz. Es decir, su reconocimiento por parte de los actores beligerantes, sobre todo los insurgentes, como víctimas de conflicto.

El jefe negociador del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle aseguró que el modelo de justicia que se aplicará en el eventual posconflicto colombiano, si el Gobierno y las FARC concretan un acuerdo, estará marcado por la reparación a los casi siete millones de víctimas que deja la contienda.

De la Calle expresó que para lograr un efectivo modelo de justicia en el posconflicto se buscará que las FARC y el Estado «de común acuerdo y de manera voluntaria contribuyan a los derechos de las víctimas». «Esa solución implicaría, si tenemos éxito, un caso sin antecedentes en el mundo». Agregó que se podrían utilizar «herramientas judiciales y extrajudiciales que permitan a los guerrilleros dejar las armas y que sanen las heridas del pasado y construyan un nuevo estilo de vida».

Y es que el ámbito humano es fundamental para el proceso de justicia transicional. “Yo puedo perdonar, más no olvidar”, dijo en agosto de 2014 el ex soldado Leonardo Padilla, quien estuvo 79 días en poder de las FARC.  

El perdón de las víctimas, su reivindicación a través de la justicia y compensación frente a los agravios inherentes al conflicto pasa a ser un objetivo supremo en el afán de alcanzar la paz  “Es indispensable desde el punto de vista político y ético. Ni el presidente (Santos) ni el Congreso tienen el poder moral para perdonar”, asegura Nikken, quien aclara que las víctimas son las únicas llamadas a hacerlo y a aprobar cualquier acuerdo que suponga la posibilidad de pasar página.

Iraxis Bello