Robert Mueller, el investigador en cuyas manos podría estar el destino político de Donald Trump

En un edificio de oficinas del Departamento de Justicia en pleno centro de Washington D.C. no es poco lo que está en juego. Allí, a la cabeza de la investigación conocida como “Russiagate” que podría apartar a Donald Trump de la silla presidencial, se encuentra el fiscal especial Robert Mueller, quien fuera director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama. Cuenta con el visto bueno tanto de republicanos como de demócratas gracias a una meritoria trayectoria que hizo, incluso, que el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos solicitara al Congreso un cambio de legislación, que limitaba el cargo a un único mandato de no más de una década, para poder así extender por dos años más su permanencia al frente del servicio de inteligencia.

“No hay mejor persona para ese trabajo que Bob Mueller”, había sentenciado el fiscal general Eric Holder cuando le juramentó el 3 de agosto de 2011, tras asegurar que en la coyuntura marcada por la continua amenaza terrorista dentro y fuera de Estados Unidos era crucial que el FBI siguiera contando con un fuerte liderazgo.

Ahora tampoco es poca cosa lo que ha de enfrentar al estar a cargo de las averiguaciones sobre la supuesta relación entre Rusia y miembros del equipo de campaña de Trump para interferir en la pasada elección presidencial estadounidense; más, si como se ha afirmado en la primera plana de The Washington Post, estaría indagando la obstrucción a la justicia por parte del mandatario, lo que despejaría el camino en el Congreso a un impeachment (proceso de destitución).

Un giro al derecho y al revés

Pero no es la primera vez que Mueller debe salir al ruedo para una difícil faena. Basta recordar que este abogado de 72 años que trabajó en el Departamento de Justicia se convirtió en director del FBI una semana antes del 11-S, que dejaría al descubierto la vulnerabilidad de la superpotencia frente al terrorismo internacional.

No sólo el perfil de su ciudad natal, Nueva York, cambiaría para siempre, al desaparecer de un plumazo las Torres Gemelas, símbolo de altivez, de poderío, en el mayor atentado que ha sufrido el continente americano. También se daría un giro a la política internacional y, por supuesto, a la seguridad nacional.

Mueller está acostumbrado a marcar la diferencia. Bajo su mando, un nuevo enfoque redimensionaría el FBI, desde la estructura o capacitación hasta la propia cultura organizacional de esa familia, como la llamaba, integrada por 36.000 agentes, bajo “el lema de fidelidad, valentía e integridad”.

El 3 de septiembre de 2013 signaría el término de su servicio al frente del FBI, el cual daría paso al de James Comey, pero no por mucho tiempo pues, aunque las funciones del nuevo jefe expiraban en 2023, sería destituido por el presidente Donald Trump en mayo pasado.

Estos dos nombres, Mueller y Comey, estarían de nuevo ligados ya no al mando de un cuerpo de inteligencia en el que se sucedieron, sino a una investigación en la que, curiosamente a la inversa, el vacío por el despido de uno fue llenado por el otro.

El Watergate y la pistola humeante

«Se inventaron una falsa conspiración en la historia de los rusos, encontraron cero pruebas, así que ahora van a por la obstrucción de justicia en la historia falsa. Bonito», lanzó en Twitter el pasado jueves 15 de junio Trump, quien acostumbrado a altisonantes frases ha calificado la pesquisa como “la más grande cacería de brujas” que ha vivido Estados Unidos.

Ya se entiende por qué, según develó The Wall Street Journal a fines de mayo, la Casa Blanca estudia la posibilidad de que abogados supervisen, ajustando o reduciendo, sus tuits para que «no salgan de la mente del presidente al mundo».

En efecto, uno de sus mensajes en esta red social ha estado en el centro del debate al poder ser interpretado como una intimidación a un potencial testigo. «Más le vale a James Comey que no haya grabaciones de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a los medios de comunicación», había escrito quien estaría siendo inquirido por obstrucción a la justicia, entre otras razones, por despedirle.

Tejer similitudes es inevitable. Richard Nixon, quien dimitió de la Presidencia en 1974 debido al espionaje al Partido Demócrata, en su momento también cesó de sus funciones al investigador del caso Watergate, el fiscal especial Archibald Cox. El gobernante había ordenado a su jefe de gabinete, H.R. “Bob” Haldeman, que hiciera gestiones ante la CIA para que presionara al FBI con el objeto de cerrar la investigación, lo cual quedó registrado en una grabación conocida como “smoking gun tape”, aludiendo como una pistola humeante a su carácter probatorio.

De acuerdo con Comey, Trump le habría dicho, según consta en un informe que dejó escrito y como destacó el 8 de junio al comparecer ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, que “espero que puedas dejar ir esto”, lo cual entendió como una directriz para que diera por terminada la pesquisa sobre el asesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se vio obligado a separarse de su cargo el 13 de febrero por haberle mentido al vicepresidente Mike Pence acerca de sus vínculos con Rusia.

Como destacara el senador John McCain: “Esto está adquiriendo el tamaño y el nivel del Watergate”. Pero hay una gran diferencia. Mientras el republicano Nixon debió hacer frente a un congreso de mayoría demócrata, Trump cuenta con un parlamento controlado por el mismo partido que lo llevó a la Presidencia.

Veterano en grandes lides

Sin duda, el “Russiagate” inquieta a los estadounidenses. De acuerdo con una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, realizada entre el 8 y el 11 de junio y dada a conocer después de que Comey compareciera ante el Senado, casi la mitad de los consultados expresó gran preocupación por los supuestos contactos entre Trump o su equipo de campaña con el gobierno ruso y 20% se mostró medianamente preocupado.

Entre los encuestados, seis de cada diez cree que el mandatario intentó obstruir el curso de la justicia. El sondeo indica, además, que 26% piensa que la averiguación liderada por Mueller puede ser bastante o en extremo justa e imparcial y 36% tiene una confianza moderada en ello.  

Este fiscal especial no sólo puede alardear de una gestión exitosa como director del FBI desde 2001, cuando su proceso de nominación en el Senado se saldó con 98 votos a favor y ninguno en contra, hasta 2013, convirtiéndose en el hombre que más tiempo lideró el Buró sólo superado por su fundador, J. Edgar Hoover.

Fue veterano de guerra con no pocas condecoraciones. Unido al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, dirigió un pelotón de rifle en Vietnam que le hizo merecedor, entre otras, de la Estrella de Bronce, entregada al heroísmo o éxito meritorio en servicio, y el Corazón Púrpura, instituida por el general George Washington en 1782 y que se otorga en nombre del Presidente a quien haya muerto o, como Mueller, resultado herido en combate.

Criado en Filadelfia, en 1966 se graduó de la Universidad de Princeton y después cursó un Máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Nueva York. En 1973, egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia.

Su carrera fue en claro ascenso. Fue jefe de la división criminal de la Fiscalía en San Francisco, fiscal auxiliar en Boston, asistente del fiscal general Richard L. Thornburgh y encabezó la División Penal del Departamento de Justicia. Supervisó casos de gran relevancia como el del atentado del avión de Pan Am derribado por extremistas libios cuando sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie o el de narcotráfico abierto contra “El hombre fuerte de Panamá”, Manuel Antonio Noriega.

Un grupo de primera línea

Se ha rodeado de los mejores. El equipo que Mueller fichó para que le acompañe es de alto calibre. En el mismísimo Watergate participó como un joven fiscal auxiliar especial el abogado James Quarles, por lo que podrá aportar su experiencia en investigaciones que involucran la Presidencia.

Quarles trabajó en la firma Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, en la que Mueller laboró en los últimos tres años hasta que dada la envergadura del “Russiagate” se apartara para evitar cualquier conflicto de intereses.

De ese mismo bufete reclutó a Aaron Zebley, con quien compartió en los tiempos en que coincidieron en el FBI, este como jefe de gabinete, y a Jeannie Rhee, quien fuera vicefiscal general y alta funcionaria de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, donde aconsejó sobre aspectos constitucionales y regulatorios al fiscal general y a la propia Casa Blanca.

Más de cien casos ante la Corte Suprema avalan la experticia en derecho penal del subprocurador general Michael Dreeben, quien asistirá a Mueller a tiempo parcial.

“Tú no incluyes a Michael Dreeben en un caso cualquiera. Él es el mejor abogado en derecho penal en Estados Unidos”, ha dicho a CNN Neal Katyal, socio de la firma Hogan Lovells y uno de los principales representantes legales de Hawái en la demanda en contra de la orden ejecutiva de Trump que prohíbe viajar a Estados Unidos a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.

También integran este dream team Andrew Weissmann, quien fue jefe de la sección de fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia. Participó en el caso Enron, que derivó en la condena por fraude y engaño del presidente de la compañía de energía; así como en el de Volkswagen, que dejó al descubierto el trucaje de los motores diésel que emitían más gases contaminantes que los que anunciaban.

El exfiscal especial Kenneth Starr, quien investigó al mandatario Bill Clinton en los años noventa, en declaraciones a ABC News alabó la honestidad a toda prueba de Robert Mueller y la experiencia de quienes le acompañan: “Es un gran, gran equipo de profesionales integrales, así que dejemos que hagan su trabajo”.

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