¿Por qué asesinan a los líderes sociales en Colombia?

El proceso de paz firmado por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha acaparado la atención de los medios de comunicación durante meses. Se habla de los grandes esfuerzos de ambas partes por acabar con la violencia que durante años ha causado la muerte de miles personas y protagonizado las portadas de los medios de comunicación dentro y fuera del país, pero numerosas personas siguen muriendo asesinadas en Colombia, aunque no sea a manos de las FARC.

Los asesinatos de defensores de derechos humanos están aumentando cada vez más, pero la investigación sobre las causas y los culpables no avanzan al mismo ritmo. Muchos indicadores de violencia han descendido en el país, pero lo cierto es que muchos de los lugares que las FARC han abandonado están ahora ocupados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla inmersa en un proceso de diálogo con el gobierno, y algunas organizaciones criminales, y las asociaciones defensoras de los derechos humanos apuntan a esta como la principal causa del crecimiento de los actos de violencia y homicidios de líderes sociales.

Un asesinato cada cuatro días

Los líderes sociales y defensores de derechos humanos se encuentran en una situación crítica en Colombia. Los actos de violencia contra este colectivo se están volviendo algo sistemático, explica la Fundación Paz y Reconciliación en un informe sobre la paz entre el Gobierno y las FARC.

Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 11 de julio de 2017, la fundación ha contabilizado 181 actos de violencia contra algún líder social o defensor de los derechos humanos. De todos estos sucesos, 55 fueron homicidios, lo que quiere decir que cada cuatro días un líder social es asesinado en Colombia, y cada dos días uno de ellos sufre una amenaza.

El Defensor del Pueblo habla de 186 asesinatos entre enero de 2016 y julio de 2017, la mayoría de ellos ocurridos en zonas donde operaba la guerrilla de las FARC. Además, “unos 500 líderes sociales y defensores de derechos humanos están amenazados”, explicó el defensor del pueblo, Carlos Negret, durante un recorrido por varios lugares del país para estudiar y comprobar la peligrosa situación de los líderes sociales en Colombia.

El último informe del programa Somos Defensores, que se publicará en las próximas semanas, contabiliza 335 defensores de derechos humanos agredidos entre enero y junio de 2017. De estos 335, 51 han sido asesinados, 32 han sido víctimas de atentados, 225 han recibido amenazas, 18 han sido detenidos y 9 han sido encarcelados, explica a The Objective Carlos A. Guevara, coordinador de Comunicaciones, Incidencias y Sistema de Información de Somos Defensores.

“Aquí solamente hay avances en muy pocas investigaciones”, comenta. En los últimos ocho años, se han registrado 458 homicidios de defensores de los derechos humanos. De todos estos asesinados, “solamente el 13% tiene algún tipo de avance, es decir, nos estamos enfrentando a más de un 85% de impunidad en estos casos”, denuncia Guevara, que considera que tanto el Gobierno actual como el que venga posteriormente debe “poner a trabajar la Justicia” si quiere acabar con esta situación.

Los grupos paramilitares

Las organizaciones y fundaciones que se han dedicado a investigar y denunciar la creciente violencia contra este colectivo coinciden en que la existencia de grupos paramilitares no reconocidos por el gobierno colombiano es uno de los principales motivos para que ocurra esta preocupante situación.

“La acción de presuntos grupos armados ilegales y organizaciones criminales” es común en zonas donde antes operaban las FARC, explica el Defensor del Pueblo. En concreto, habla del grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN, pues asegura que ellos “han venido ocupando los espacios que están dejando las FARC”.

Las FARC operaban en 242 municipios y “se esperaba que estos espacios fueran ocupados por la institucionalidad estatal. Sin embargo, hacia estos territorios se han estado desplazando otras estructuras ilegales”, explica la Fundación Paz y Reconciliación.

“Las fuerzas militares no están moviéndose como cuando estaban las FARC. De alguna manera están enfrentando a estos paramilitares con muchísima suavidad”, denuncia Guevara, que asegura que estos grupos están tomando mucha fuerza en ciertas zonas del país debido a una comodidad proporcionada por parte del gobierno y las fuerzas militares, que no están actuando frente a la situación.

Sin embargo, Guevara explica que a diferencia de las FARC, y en parte el ELN, estos grupos “no son rebeldes políticos, sino grupos delincuentes, grupos criminales de mafias que se nutren de rentas ilegales”.

Cómo acabar con esta situación

“El primer arma que se debe utilizar en este contexto es la justicia. Si la justicia funciona, quienes asesinan, amenazan, atacan, pues van a saber que hay una justicia que funciona y van a ir a la cárcel. Pero desafortunadamente eso no está pasando”, se lamenta Guevara, que considera que el gobierno no está haciendo lo suficiente para castigar los actos de violencia contra los activistas de los derechos humanos, que desarrollan a diario una actividad de riesgo.

Si llega a morir UN SOLO DEFENSOR d zonas q advirtió @DefensoriaCol en su informe Gob d @JuanManSantos es el DIRECTO responsable x omisión

— SomosDefensores (@SomosDef) 1 de abril de 2017

Como varias organizaciones destacan, la ocupación de los territorios abandonados por las FARC por otras guerrillas y grupos criminales es uno de los principales motivos del creciente número de agresiones a este colectivo. Por esta razón, el Estado debe llegar a estos lugares y reemplazar el vacío que dejaron las FARC en el poder político y económico. “El Estado no ha llegado de manera efectiva a los lugares donde las FARC ya no están (…) Ese vacío lo está sintiendo la gente pero el Estado no llegó. ¿Qué mandó? Mandó tropas, mandó al ejército. Pero el ejército no reemplaza al poder civil, no reemplaza al poder político, y ese es el que tiene que llegar a los territorios”, explica Guevara.

Además, asegura que es necesario llevar las medidas de protección a las zonas rurales y no a las grandes ciudades, pues es en el campo y en las zonas más apartadas donde los líderes sociales están siendo asesinados.

Desde el programa Somos Defensores ayudan a los activistas de derechos humanos y, si se encuentran en un nivel de riesgo muy alto, tratan de sacarlos del país o de trasladarlos a otro lugar dentro de Colombia. Sin embargo, “cada vez más tratamos que esas medidas no se den, porque no queremos sacar más defensores, queremos que se queden en Colombia y que sigan luchando por sus comunidades”.

Guevara afirma además que “hay una relación directa entre el proceso de paz y las agresiones y los asesinatos de defensores”, pues muchos de ellos están siendo agredidos por defender la paz y hacer pedagogía en diferentes territorios.