Detenidos y humillados, así pagan las personas sin recursos sus facturas médicas en África

En algunos lugares del mundo, la atención médica puede llegar a costar mucho más que dinero. Detenciones, castigos físicos y hasta abusos sexuales es lo que sufren las personas sin recursos que no pueden pagar sus facturas médicas en varios países del África subsahariana y Asia.

República Democrática del Congo, Nigeria, Ghana, Camerún, Zimbabue y Kenia son los países donde existen evidencias de estas prácticas, así como en India e Indonesia, según un informe del centro de estudios británico Chatam House, considerado uno de los más importantes en el mundo de las relaciones internacionales.

Hundreds of thousands of people are detained in hospitals against their will each year. Their crime? Being too poor to pay their medical bills.
Robert Yates examines two practical steps that countries can take to eliminate this practice.https://t.co/fxzKJSFuRd

— Chatham House (@ChathamHouse) 13 de diciembre de 2017

¿Quiénes son las víctimas?

Tan importante es el dinero para estos hospitales, que en ocasiones llegan a ponerlo incluso por encima de la salud física y mental de sus pacientes con tal de cobrar las facturas. Por tanto, no es sorprendente que sean las personas sin recursos las que quedan indefensas ante los inhumanos abusos a los que son sometidas.

En la mayoría de los casos registrados, los detenidos acuden al hospital por emergencias médicas cuyo coste es mayor del que pueden permitirse, por lo que evitar estas consecuencias es prácticamente imposible. Una vez tratados, el hospital no duda en reclamarles el dinero correspondiente sin esperar siquiera a que estén recuperados, sin importarles las consecuencias que puedan tener sus acciones sobre la salud de los pacientes. Cubrir los gastos es su único objetivo.

Dentro de las víctimas de esta cruel práctica, las mujeres suelen salir mucho peor paradas. Capaces de aprovecharse incluso de quienes necesitan ayuda para dar a luz, las complicaciones en el parto, que a veces acaban en cesáreas o tratamientos de emergencia, acaban condenando a estas mujeres a semanas e incluso meses de reclusión y malos tratos en los centros médicos. 

La situación empeora aún más cuando el bebé ya ha nacido. La crueldad de estos hospitales llega hasta tal punto que son capaces de separar a la madre de su hijo recién nacido para ejercer más presión y que pague antes la factura. Así, el bebé se convierte en un rehén cuando la madre ya ha sido liberada y no es liberado hasta que la mujer consigue recaudar el dinero necesario para saldar su deuda.

Otro colectivo vulnerable que se enfrenta a estos abusos y maltratos es el de los enfermos crónicos o con enfermedades que necesitan un tratamiento alargado en el tiempo, como los enfermos de cáncer. Una encuesta llevada a cabo en un hospital de Kenia muestra que un 53% de las familias de niños con cáncer que no tienen seguro médico abandonan el tratamiento por miedo a ser detenidos en el hospital.

Abusos físicos y sexuales

Los hospitales argumentan que estas detenciones son una medida útil y de corta duración para cobrar las deudas, pero en realidad es una práctica habitualmente degradante, abusiva y discriminatoria por la que los pacientes sufren todo tipo de tratos vejatorios por parte del personal del hospital, a veces durante meses.

Aunque en un gran número de casos los abusos se limitan a un trato despectivo por parte del personal de hospital, las víctimas han llegado a denunciar maltrato físico e incluso agresiones sexuales.

Uno de los casos más impactantes mencionados en el informe es el de una mujer de Kenia que fue obligada a dejar su cama y tumbarse en el suelo un día después de haberse sometido a una cesárea, o el de otra mujer de Nigeria que fue encadenada durante días a una tubería del baño mientras duraba su detención.

Pero esto no es todo. Por si las humillaciones, los malos tratos psicológicos e incluso físicos fueran poco, algunos hospitales han llegado incluso a permitir el abuso sexual. Un ejemplo de esto, uno de los pocos que han salido a la luz, es el de un grupo de pacientes del Hospital Nacional de Kenia, que aseguraron en el año 2015 que habían sido presionadas para tener sexo con personal del hospital a cambio de dinero para pagar sus deudas, según denunciaron algunos medios locales.

Por desgracia, estos son solo algunos ejemplos de las numerosas crueldades a las que son sometidas las personas que no consiguen los medios para pagar el coste de su tratamiento médico, y las consecuencias de esto no solo afectan a la salud de las víctimas de las detenciones, sino que también se deja notar en la de quienes evitan acudir al hospital por el miedo a ser retenidos allí.

En muchos de los países afectados, la mayoría de mujeres dan a luz en sus casas, en un gran número de ocasiones por no poder pagar la factura, lo que supone un elevado riesgo para su salud y la de los recién nacidos.

Este miedo no solo afecta a las mujeres embarazas, sino que también supone un gran problema para las personas con enfermedades crónicas como el Sida, en especial las mujeres, pues tienen miedo a pedir un tratamiento de antiretrovirales por la incertidumbre de si podrán pagarlo o no.

A pesar de que son conocidos por los gobiernos, los hospitales y la sociedad, el alcance de estos graves abusos es difícil de calcular, dadas las dificultades que existen para obtener información sobre este tema. “Debido a la naturaleza ilegal de estas detenciones, los hospitales no quieren a los investigadores cuantificándolas y qué pasa con los detenidos, por lo que mucho del material de investigación viene de reportajes en los medios que indican un gran nivel de abusos”, explica a The Objective Robert Yates, uno de los autores del informe de Chatman House.

Lo que sí han conseguido determinar los investigadores es que los hospitales suelen liberar a los pacientes a los pocos días, pero en muchas ocasiones las detenciones llegan a durar meses. “Llegamos a encontrarnos con una mujer y su bebé que habían estado retenidos durante 16 meses, pero supongo que es posible que algunos estén detenidos más tiempo”, se lamenta Yates.

¿Cuánto saben los gobiernos sobre esta práctica?

Aunque estas detenciones son ilegales, la realidad es muy diferente a lo que dice la ley, y los políticos no hacen prácticamente nada para luchar contra esta práctica. “Yo no diría que son sancionadas oficialmente por los gobiernos y estoy prácticamente seguro de que son ilegales en todos los países, pero algunos comportamientos de los políticos indican que se ha convertido en una práctica aceptada y las autoridades simplemente miran hacia otro lado”, denuncia Yates.

“Las detenciones en hospitales son tan comunes en Nigeria y Ghana que hay muchas historias de políticos liberando a los detenidos en campaña electoral”, dice el informe, demostrando que los Gobiernos conocen esta situación y no hacen nada para acabar con ella.

¿Quién debe actuar para acabar con esta situación?

“Yo creo que las Naciones Unidas deberían llamar a una prohibición inmediata de esta práctica, quizá a través de una resolución especial”, dice Yates, que también apunta a la Organización Mundial de la Salud como uno de los actores que debería tomar cartas en el asunto.

“Para ser sincero, aparte de una o dos ONG como Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras y Oxfam, las principales organizaciones no han hecho prácticamente nada para parar esta práctica”, explica.

Pero quizá lo más importante es solucionar la principal causa de este problema, reformar los sistemas sanitarios para que los pacientes no se tengan que enfrentar a unos costes sanitarios demasiado elevados. En definitiva, crear un sistema sanitario universal que asegure que todos los ciudadanos pueden acceder a los servicios médicos.