¿Por qué a los países de América les conviene que Estados Unidos endurezca sus leyes de control de armas?
Cada disparo letal, un nuevo argumento. El debate nacional sobre la legislación de control de armas en Estados Unidos reabierto cada vez que un tiroteo masivo sacude las conciencias norteamericanas, como ha sucedido desde la matanza en la escuela secundaria Columbine en 1999 hasta la más reciente en la Stoneman Douglas en Parkland, donde perdieron la vida 17 personas irónicamente en el Día de San Valentín, no afecta únicamente a la superpotencia.
En ese país existen 56.556 comercios autorizados para vender armas de fuego, de acuerdo con la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Para ilustrarlo con claridad, hay más tiendas de armas en Estados Unidos que restaurantes de comida rápida de McDonald’s y Burger King en todo el mundo (estas cadenas tienen 37.241 y 16.717 locales respectivamente según cifras del portal Statista).
Las ventas se disparan en diciembre, demuestran las estadísticas del FBI, por ser uno de los “regalos estrella” de Navidad. Es inherente a la cultura. La afición por poseer armas de una parte de la población estadounidense representada por la Asociación Nacional del Rifle, con caras visibles como la del mítico actor Charlton Heston, es indudable, así como la influencia de los fabricantes de armas en la política gracias a sus millonarias contribuciones a las campañas electorales. Son muchos los intereses en juego.
Como aspirante presidencial a la caza de votos, Donald Trump, quien se ha jactado de tener dos pistolas, habló en el seno de la Asociación Nacional del Rifle y también después lo hizo en su condición de presidente, convirtiéndose así en el primer mandatario estadounidense en más de 30 años en participar en su convención. Y no fue poco lo que aseguró: “Tienen ustedes un verdadero amigo y defensor en la Casa Blanca”.
What many people don’t understand, or don’t want to understand, is that Wayne, Chris and the folks who work so hard at the @NRA are Great People and Great American Patriots. They love our Country and will do the right thing. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2018
Se calcula que hay más de 300 millones de armas de fuego en Estados Unidos. No existe una base de datos en el país de quienes las poseen. De hecho, hay una ley que expresamente prohíbe al gobierno federal crear un registro de este tipo que permita vincular directamente a los propietarios con sus armas. Ahora bien, alrededor de un tercio de los habitantes cuenta con una, según estudios de 2017 del Pew Research Center (30%) y datos de la encuestadora Gallup (29%).
La abundancia de armas se suma peligrosamente a la facilidad para adquirirlas. De allí los cuestionamientos, de nuevo en el tapete a raíz de la masacre de Parkland, de quienes han alzado con fuerza su voz al sentirse amenazados debido a la laxa legislación de control de armas. Pero esta política permisiva tiene, al mismo tiempo, repercusiones más allá de sus fronteras.
Puertas afuera
Cada 31 minutos aproximadamente, armas de fuego que procedían de Estados Unidos fueron utilizadas para cometer crímenes en países cercanos, señala el centro de estudios Center for American Progress en “Beyond Our Borders”. Este informe indica que en 15 países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, entre 2014 y 2016, fueron recuperadas como parte de investigaciones criminales 50.133 armas de fuego cuyo origen era estadounidense.
Este instituto independiente de tendencia liberal con sede en Washington se fundamenta en los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, a partir de los cuales 70% de las 106.001 armas recobradas tras actos criminales en México entre 2011 y 2016 fueron compradas originalmente a un vendedor autorizado en Estados Unidos.
No es poca cosa, más aún si se toma en cuenta el recrudecimiento criminal. Sólo en 2017 se reportaron 16.828 homicidios con armas de fuego en México, ha informado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, transformándose el año pasado así en el más violento de las últimas dos décadas.
La necesidad de endurecer las fronteras que tanto ha pregonado Trump con su insistente idea del muro con México, para protegerse de sus vecinos del sur, a los que llegó a tildar de criminales, paradójicamente tiene su contraparte pues los mexicanos requieren que se frene el tráfico de armas procedentes de la superpotencia.
La venta indiscriminada de rifles de asalto en Estados Unidos no sólo tiene consecuencias dentro de su territorio, visibilizada sobre todo con los ataques masivos en centros educativos, pues favorece la violencia criminal en países aledaños.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha hecho un llamamiento a las autoridades estadounidenses y ha cuestionado la libre adquisición y proliferación de armas. “El ejercicio de un estricto control en la venta de armas de fuego en esa nación permitirá disminuir, igualmente, su ingreso a nuestro país que regularmente quedan en poder del crimen organizado, cuyos integrantes propician la comisión de actos ilícitos que conllevan la pérdida de vidas humanas”, ha apuntado en un comunicado tras la matanza de Parkland perpetrada con un rifle semiautomático.
Permisividad en cuestión
La posibilidad de adquirir armas de alto calibre campantemente en Estados Unidos y luego traficarlas a través de la frontera común permite a la delincuencia organizada, a los carteles de la droga, operar e incluso tener un poder de fuego para enfrentarse a la policía o guardias armados.
La férrea legislación sobre venta y posesión de armas en México, así como en Canadá, donde casi la totalidad (98,5%) de las armas de fuego recuperadas como parte de investigaciones criminales procede de su vecino del sur, tropieza con la permisividad estadounidense.
Esta, de igual modo, afecta a una de las regiones sin guerra más violentas del mundo. Entre 2014 y 2016, eran de origen estadounidense 49% de las armas recobradas tras ser utilizadas en crímenes en El Salvador, 45% en Honduras y 29% en Guatemala. En ese mismo lapso, a su vez, fue muy alto el uso de las mismas en naciones caribeñas como Bahamas (97%), Jamaica (62%), Trinidad y Tobago (57%) y República Dominicana (46%).
En otros países centroamericanos, como Costa Rica (57%), Belice (51%) y Panamá (47%), también se registró esta tendencia, según datos de 2014 y 2015.
Más lejos, Brasil tampoco escapa al impacto aunque en menor grado. Un documento de la Policía Federal brasileña, hecho público por Reuters en enero, revela que de las más de 10.000 armas incautadas desde 2014, unas 1.500 provenían de Estados Unidos, nación de la que procede el mayor número de armas de fuego, incluyendo rifles de asalto, ilegales que acaban siendo utilizadas por la delincuencia y el narcotráfico, con Paraguay en muchas ocasiones como país intermediario.
“Estados Unidos tiene la obligación moral de mitigar su papel como fuente de armas para la violencia letal en el extranjero. Si bien hay muchos factores propios de cada nación que afectan las tasas de delitos violentos, Estados Unidos podría hacer más para reducir los riesgos que plantean las armas de fuego estadounidenses que cruzan la frontera y que se usan en delitos en países cercanos”, afirman Chelsea Parsons y Eugenio Weigend Vargas en su informe del Center for American Progress.
Sin embargo, mientras Trump permanezca en la Casa Blanca la posibilidad de que la primera potencia del mundo endurezca la legislación sobre compra y posesión de armas es cuesta arriba, tomando en cuenta que él mismo se ha calificado como “un verdadero amigo” de la Asociación Nacional del Rifle, el mayor lobby de defensa de las armas en ese país.