Pablo Llarena, el azote del procés

Pablo Llarena es ya un nombre que a todos nos resulta familiar. Convertido en figura pública desde el momento en que se hizo cargo de la investigación del procés, asumida en un primer momento por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la trayectoria profesional de este burgalés nacido en 1963, procedente de una reconocida familia de juristas, está muy ligada a Cataluña, mucho antes de convertirse en el azote de los independentistas.

Mucho antes, también, de que la Justicia belga le haya dado más de un disgusto y de tener que presentarse ante ésta al haber admitido a trámite una demanda del expresidente catalán Carles Puigdemont contra el magistrado.

Y mucho antes, por supuesto, de ser el destinatario de mensajes más o menos subliminales por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez sobre la situación de prisión preventiva en la que se encuentran los políticos catalanes por decisión de Llarena, con el uso de expresiones como «humanidad» o «empatía».

En Cataluña Llarena ejerció durante años, primero en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona; después, en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona; y, finalmente, en 2011, como presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona.

En Cataluña ha vivido junto a su mujer, la también juez Gema Espinosa, más de 30 años – allí nacieron sus dos hijos – hasta que las amenazas han obligado al juez a llevar escolta y a trasladarse a Madrid, según aseguran personas próximas al magistrado. Pintadas, acoso, declaraciones subidas de tono, violentas incluso, han sido la causa de que Llarena haya tenido que dejar de vivir, por el momento, en su casa de San Cugat.

Convertido en instructor de la causa penal abierta tras la aprobación de la declaración unilateral de independencia por el Parlament en 2017, ha procesado a 23 ex altos cargos, empezando por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont – huido desde principios de noviembre – , el mismo que le ha denunciado, y continuando con la mayoría de los exconsellers y exmiembros de la Mesa del Parlament, en prisión la mayoría de ellos.

Perseguido por la polémica

Entre el inicio de la investigación y el procesamiento, Pablo Llarena ha sido criticado, por ejemplo, por no activar la orden de detención contra Puigdemont cuando éste salió de Bélgica la primera vez, argumentando que no quería participar de la estrategia política del expresidente catalán. Un argumento más político que jurídico, según sus detractores.

Después llegó el auto en el que acusó de rebelión a gran parte de los investigados; la orden de prisión, primero de la plana mayor del Gobierno catalán cesado por el artículo 155 – incluido los huidos -, y después para políticos como la expresidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell.

Llegó, con posterioridad, ese otro auto en el que, tras el tirón de orejas de un tribunal alemán, decidió que si Puigdemont no era extraditable por rebelión, entonces a ver si lo era por sedición o conspiración. Tampoco pudo ser, y como sólo le quedaba pedir la extradición del expresidente catalán por malversación de fondos, Llarena rechazó la entrega por este delito y retiró la euroorden contra el político catalán. Eso le permite a Puigdemont moverse libremente por los estados de la UE siempre que no pise España, donde permanece activa la orden de detención. Que cada cual saque sus conclusiones.

Antes de que la Justicia alemana diera un revolcón al juez del Tribunal Supremo, algunas voces cuestionaron la existencia de un delito de rebelión, castigado con más de 60 años de cárcel. Entre esa voces hay juristas, pero también políticos como Felipe González, nada sospechoso de estar en la misma cuerda que los independentistss. Un tribunal alemán dejó en libertad a Puigdemont y le dijo a Llarena que no cabía hablar de rebelión en la actuación del detenido porque no se aprecia violencia en los sucesos ocurridos en Cataluña entre septiembre y la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Llarena también se enfrentó con el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristobal Montoro, cuando procesó a Puigdemont también por malversación. El ministro del PP, que tenía bajo su control las cuentas de la Generalitat, negó que ésta se hubiera gastado un céntimo de los dineros públicos en el procés. Tras un primer momento de tensión, juez y político acercaron posiciones, y donde dije digo, digo Diego.

Parece que el procés se le está atragantando a Llarena. Pero la polémica rodeó a este juez antes de ocuparse de este delicado e intrincado asunto.

Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, su nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial, en 2016, estuvo envuelto en la polémica ya que fue recurrido por la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Un recurso que, según contó el portavoz de esta asociación, Ignacio González, a The Objective, tenía que ver con un problema de idoneidad en relación con la especialidad. Es decir, que Llarena se presentó al concurso de méritos sin haber aportado unas pruebas selectivas de promoción a la carrera de magistrado, que eran las que le hacían merecedor de acceder al cargo en el Supremo. Este tribunal, recordaba González, no entró en el fondo de la cuestión y desestimó el recurso un año después.

Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Llarena fue portavoz y presidente “en la época dura de la asociación”, como dicen personas de la judicatura consultadas por este periódico. «El juez sale de ahí y lo nombran los vocales del PP», recordaba el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.

“¿Por qué va al TS Llarena y no va al Supremo gente que tiene mucha más antigüedad y más prestigio pero que no estaba metida en temas de estos?. Pues porque una vez que va, ya no hace falta llamarlo por teléfono. Todo el mundo sabe la ideología de Llarena. No te tienen que llamar por teléfono, nadie te va a llamar porque ya saben lo que vas a hacer. Ese es el sistema perverso”, añadía Prado.

El problema catalán, un tema político

Cuando uno se adentra en el pasado de Llarena, encuentra cosas tan interesantes como su opinión sobre la cuestión catalana. En 2012, el todavía presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, era partidario de dar a la cuestión catalana una solución política.

“Lo que no se puede pretender es que toda la cuestión relativa a atribuir un espacio significativo a la individualidad catalana y toda esta cuestión relativa a la integración de Cataluña en España se vaya a resolver judicialmente, porque no tiene que ser así”, dijo en una entrevista concedida al diario El Mundo. Entonces opinaba que la respuesta a la cuestión catalana «tiene que ser política» y señalaba a «los que llevan la gestión política en Cataluña y en el Estado» como los responsables de buscar una salida, porque «los jueces no tienen ninguna capacidad ni ningún instrumento de solución».

«No se puede pretender que toda la cuestión relativa a atribuir un espacio significativo a la individualidad catalana (…) se vaya a resolver judicialmente, porque no tiene que ser así» – Llarena en 2012

Seis años han pasado desde estas declaraciones que harían, en su día, las delicias de más de un independentista.

El Llarena que consideraba que el problema catalán debían resolverlo los políticos es el mismo que ha metido en la cárcel a los protagonistas del procés, y a los que niega la libertad pese a que la mayoría ha acatado el artículo 155, ha renegado del referéndum y de la declaración de independencia y ha abandonado la política renunciando a sus escaños.

Si la cárcel tiene como finalidad reinsertar al reo en la sociedad, en el caso de los políticos catalanes presos, no parece que eso se esté teniendo en cuenta. Forcadell, Forn y la mayoría de los que están en la cárcel han asumido que el procés fue un error que se les fue de las manos, y que constitucionalmente no hay por donde cogerlo; todos acataron el 155 y han renunciado a seguir en política. Por eso no se entiende que sigan en prisión.

Existe el riesgo de huida, argumenta el juez para no dejarlos en libertad, que ha llegado a considerar lo ocurrido en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017 como una rebelión similar a la del golpe del 23F. La culpa, al final, es de Puigdemont, viene a decir.

Llarena, que tenía ya bastantes frentes abiertos con la Justicia alemana y con los independentistas que piden un día sí y otro también la libertad de los presos y le acusan de estar a las órdenes de los constitucionalistas, se ha encontrado sin comerlo ni beberlo en medio de declaraciones de miembros del Gobierno que creen, de pronto, que la prisión provisional en la que están los políticos del procés igual es un poco desproporcionada. Desde la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, hasta el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, o la vicepresidenta, Carmen Calvo, pasando por el mismísimo presidente Sánchez, que ha hablado de «empatía», todos a una  – y, aseguran, sin querer interferir en la independencia judicial, ¡sólo faltaba! – creen que los presos podrían quedar en libertad condicional a la espera de juicio, e incluso, podrían ser indultados en un futuro. Y es que Pedro Sánchez necesita como agua de mayo el apoyo de los catalanes a los Presupuestos Generales del Estado para el 2019; todo, menos convocar elecciones.

A Llarena aún le queda camino por recorrer. Sólo cuando comience el juicio a los imputados podrá dejar la causa y pasará entonces a la historia por haber sido el azote del procés, aunque el coste haya sido demasiado alto.