La Europa de Visegrado: una fortaleza contra la inmigración

Se apoyaron mutuamente desde la caída de la Unión Soviética para formar parte de la OTAN y de la Unión Europea y hoy se alían en contra de Bruselas y de la llegada de inmigrantes y refugiados. El Grupo Visegrado (Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia) es una alianza intergubernamental formada en 1991 que no tiene estructuras organizativas y políticas formales, pero es la representación más visible de la deriva xenófoba y nacionalista en Europa.

Los cuatro países de Visegrado tienen en su conjunto unos 64 millones de habitantes, de los cuales unos 22.000 eran refugiados en 2017, según cifras de ACNUR. Ya no quieren acoger más extranjeros. Prueba de ello es su negativa rotunda a cumplir con las cuotas de reasentamiento de migrantes aprobadas por el Consejo de Europa desde 2015 con la llegada de miles de personas de personas no comunitarias a Italia y Grecia.

Hungría y Polonia no han aceptado a ningún solicitante de asilo, la República Checa solo a 12 y Eslovaquia a 16, esto es, entre los cuatro países de Visegrado solo han aceptado a 28 inmigrantes de los 11.069 que tenían que recibir, muy por debajo de la ya insuficiente media del resto de Europa. 

Refugiados acogidos por Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia según ACNUR

El rechazo migratorio del Grupo Visegrado, cuyas raíces se remontan a una alianza en el siglo XIV, es un buen ejemplo de que, como recoge el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las leyes y reglamentos nacionales en materia migratoria pueden no encajar con la legislación de la UE. La deriva de estos cuatro países tiene que ver con su historia reciente. “Visegrado tiene un recuerdo amargo por la ocupación de la Unión Soviética. Como grupo está muy a la defensiva del centralismo europeo o a la posibilidad de que la Unión pueda tener competencias en materias tradicionalmente soberanas, como la gestión de la inmigración y el derecho de asilo”, reflexiona para The Objective Cristina Gortázar, profesora de Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea en la Universidad Pontificia Comillas y experta en Derecho de inmigración y asilo.

Europa tiene que buscar el equilibrio entre sus Estados miembros, y para ello algunos países, incluidos los de Visegrado, tienen que hacer concesiones, tal como explica a The Objective Eugenio Ambrosi, director regional de la Unión Europea para la Organización Internacional de Migraciones (OIM). “Ser parte de una unión requiere que se consiga un equilibrio entre todas las partes involucradas. Esto se consigue cuando hacen concesiones; si no, nos encontramos con una situación de bloqueo”.

Europa necesita un Reglamento de Dublín más realista

Uno de los pasos a seguir para luchar contra este bloqueo es la reforma del Reglamento de Dublín -que sería la cuarta o Dublín IV- para repartir de forma más equitativa, responsable y solidaria las solicitudes de asilo. Los máximos dirigentes europeos llevan varios años intentando llegar a un consenso para reformar el Reglamento de Dublín y no sobrecargar a una minoría de estados. La última vez que se reformó fue en 2013. “Está claro que tiene que ser modificado”, señala Ambrosi, que afirma que no ha sido elaborado para afrontar situaciones migratorias como las de 2014 y 2015.

“El maridaje entre los países del Grupo Visegrado y Austria e Italia en materia de migración va a complicar la reforma del Reglamento de Dublín”, sostiene Gortázar. El fracaso en la gestión migratoria se debe tanto a la ineficacia de la legislación europea y del sistema de asilo como a la insolidaridad, a la xenofobia o a los intereses políticos. “Para empezar, la legislación estaba mal: ese espacio común de asilo que habíamos cerrado en falso en 2013 creyendo que habíamos asentado los pilares para una zona común de asilo estaba pensado para situaciones de bonanza o de llegadas de personas en necesidad de protección puntuales”.

¿En qué tiene que cambiar entonces el Reglamento de Dublín? “No se trata de que se acojan más refugiados, sino de que se acojan mejor”, apunta Gortázar, que critica que la Unión nunca ha aplicado la Directiva 2001/55/CE de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, y que se destinan más fondos europeos para el control de las fronteras externas que al sistema de asilo.

La experta en Derecho de inmigración y asilo defiende que el camino a seguir son las dos propuestas del Parlamento Europeo para reformar el sistema de Dublín y que acabó bloqueando una minoría del Consejo de Europa: el establecimiento de cuotas objetivas y proporcionales teniendo en cuenta el número de habitantes, la riqueza o el número de refugiados ya acogidos y, por otra parte, la reubicación de las personas en los países donde vayan a ser mejor integradas por cuestión de idioma, estancia en el pasado o lazos familiares y culturales.

La migración como arma política

“La migración sigue siendo utilizada como herramienta política y a menudo no se basa en hechos, sino en intereses políticos”. El autor de estas palabras, transferibles a los países de Visegrado, es curiosamente Miroslav Lajcak, el ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia –uno de los países de la UE con menos inmigrantes, según la OIM– y el actual presidente de la Asamblea General de la ONU. Los mitos no fundados en torno a los inmigrantes, los que se relacionan con el terrorismo, la falta de oportunidades, las ayudas estatales o la seguridad nacional, se han utilizado como bandera nacionalista, xenófoba y, por supuesto, como estrategia política.

“La migración se ha usado mal por los políticos para fomentar la preocupación de la gente e instarles a que voten a un partido. Se ha usado mucho el miedo”, según Ambrosi, que afirma que muchos de los problemas en Europa surgieron antes de la oleada migratoria de 2014 y 2015. “Las soluciones no vendrán frenando la migración. Esta ha aportado muchísimo en las comunidades donde ha habido inmigración. Hoy existe una falta de trabajadores en Europa debido a la curva demográfica de los europeos: se necesitan extranjeros para mantener la eficacia del mercado de trabajo o las pensiones”.

En la República Checa, las referencias xenófobas a las personas refugiadas y migrantes se hicieron notar durante la campaña electoral de finales de 2017, tal como denunció Amnistía Internacional: “El ministro del Interior presentó como un logro las políticas restrictivas que disuadían a las personas refugiadas de intentar entrar en la República Checa”.

Las instituciones europeas no han obviado la actitud de los estados de Visegrado. La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción a mediados de junio de 2017 e interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra Polonia, República Checa y Hungría por considerar que no habían cumplido las dos Decisiones del Consejo de Europa de 2015 –1523 y 1601– sobre la reubicación de refugiados desde Grecia e Italia. Este tribunal ya rechazó el 6 de septiembre de 2017 la demanda presentada en 2015 por Hungría y Eslovaquia contra el programa de reasentamiento de los refugiados de Grecia e Italia.

Hungría, el eje de la antiinmigración de Visegrado

La Hungría de Viktor Orbán no ha sido el único país que ha incumplido las cuotas migratorias europeas, pero su postura en contra de la inmigración es “tan sangrante, tan pública y tan notoria”, como afirma Cristina Gortázar, que es el que más ruido ha generado más allá de Visegrado.

Los migrantes saben que atravesar la frontera sur húngara para ser recibidos en este país o en el resto de los estados del Grupo Visegrado es más difícil que antes, y por eso el número de llegadas de inmigrantes irregulares en la ruta oeste de los Balcanes ha disminuido un 63% en la primera mitad de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, según Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Por tanto, “los chicos malos de Europa” –una autodenominación del ministro de Exteriores húngaro Péter Szijjártó– han conseguido frenar un flujo masivo de migrantes por su frontera sur. Por ejemplo, en el mes de junio de 2018 las autoridades húngaras realizaron la mitad de intervenciones en la frontera que en el mes de junio de 2017, según los datos de junio de 2018 de la OIM. El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha manifestado que la implantación de fronteras interiores supone un retroceso inaceptable para Europa.

El referéndum de 2016 se planteó como una herramienta para dilucidar si los húngaros estaban de acuerdo con las cuotas obligatorias impuestas por la UE, pero no consiguió el 50% de participación. El 43% que sí votó mostró totalmente su rechazo a la reubicación de refugiados, pero el referéndum no era válido. Aun así, Viktor Orbán tomó por buenos los resultados.

El Gobierno húngaro aprobó una ley en abril de 2016 que restringe los derechos de los solicitantes de asilo y reduce el apoyo a los refugiados y en julio legalizó las devoluciones a Serbia de los inmigrantes irregulares que atraviesen la frontera, de acuerdo con Human Rights Watch. Esa ley hizo que entre 6.000 y 8.000 personas quedaran atrapadas en Serbia en dos “zonas de tránsito”: las de Rözske y Tompa. Se trata de campos de refugiados “fuertemente custodiados” en condiciones precarias y en las que solo se podían presentar 10 solicitudes de protección internacional cada día laborable, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

En 2017 Hungría endureció su política migratoria: reforzó sus vallas fronterizas y la presencia de las fuerzas de seguridad en sus fronteras y aprobó un paquete de reformas de cinco leyes para habilitar la detención automática y sin revisión judicial a todos los solicitantes de asilo en las dos “zonas de tránsito” y la expulsión de los inmigrantes irregulares, según CEAR, que denuncia que “la mayoría de los solicitantes de asilo en Hungría abandonaron el proceso o permanecieron detenidas de forma indefinida”. Hungría devolvió a Serbia a 20.000 personas –en ocasiones de forma violenta, según esta organización–, que no pudieron recibir un procedimiento de asilo justo.

Otra legislación polémica del Gobierno de Orbán está vinculada a las ONG, a las que el mandatario ha acusado de atentar contra la soberanía y la seguridad nacional. En junio de 2018 el Parlamento húngaro aprobó por mayoría penalizar a las ONG dedicadas a apoyar a los refugiados y solicitantes de asilo con un impuesto del 25% a sus ingresos, según medios húngaros. 

Fidesz, el partido nacionalista y conservador de Orbán, volvió a ganar en abril de 2018 por tercera vez consecutiva unas elecciones –con el 49% de los votos– en las que la extrema derecha consolidó su poder y Hungría continuó con su imparable política antiinmigración. Con la reelección de Orbán llegó un nuevo paquete de leyes, conocido como «Stop-Soros», que instaura el delito basado en “favorecer la inmigración ilegal” a cualquier persona y organización nacional y extranjera –incluidos los familiares, voluntarios y abogados– acusada de formar parte de las actividades de organizaciones o de asistir a los migrantes que buscan asilo o que han entrado irregularmente en Hungría, según detalla un informe de Amnistía Internacional.

Por ejemplo, el simple hecho de que una persona facilite información sobre alquileres y oportunidades educativas y laborales podría ser motivo de condena por “favorecer la inmigración ilegal”. Quienes participen en organizaciones destinadas a ayudar a los migrantes y obtengan ingresos por ello pueden afrontar hasta un año de prisión.

Esa nueva legislación contempla la protección a la comunidad cristiana de Hungría –una religión minoritaria entre los solicitantes de asilo–, niega la residencia a grupos de población salvo permiso expreso de Hungría, y rechaza a solicitantes de asilo procedentes de países considerados seguros –como Serbia–, entre otras medidas restrictivas.

Otra prueba más de que Hungría no es solo un baluarte de la antiinmigración dentro del Grupo Visegrado es su firme resolución a no ratificar el Pacto Mundial sobre Migración. La respuesta en torno a esta decisión del ministro de Exteriores Péter Szijjártó, la segunda figura más visible de la xenofobia húngara institucional, puede resumirse en tres oraciones: “La migración no debe ser controlada: debe ser detenida”, “Hungría no está de acuerdo con que la migración sea buena” y “Los gobiernos no deberían hacer grandes esfuerzos en hacer legal la inmigración ilegal”.

“La Unión Europea no se puede permitir el lujo de perder a Visegrado”, declara Gortázar. La posibilidad de que Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia abandonen la Unión Europea causaría un daño tremendo después del Brexit, a pesar de que la influencia innegable de su política migratoria a otros países sigue amenazando los dogmas fundacionales de la Unión Europea. “¿Eso quiere decir que tenemos que tragar con todo? Es un momento complicado para la Unión Europea”.