Los políticos presos, los peones que Sánchez quiere mover para ganarse a Cataluña

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado a 25 personas por el procés tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Se enfrentan principalmente a tres delitos: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El primero está penado hasta con 30 años de cárcel, el segundo con 15 y el último ocho años de prisión. Nueve de estos políticos y protagonistas del desafío independentista se encuentran en prisión preventiva, a la espera de juicio. El máximo tiempo que una persona puede pasar bajo esta medida son dos años. El uicio contra los líderes del procés comienza el 18 de diciembre para 18 de los 25 procesados.

Los crespones amarillos que comenzaron a usar en sus chaquetas los independentistas a modo de protesta a favor de la liberación de los que consideran “presos políticos” se han vuelto un centro de conflicto. Han pasado de ser pequeños lazos para las prendas a ocupar edificios y hasta playas en Cataluña. En verano los incidentes por quitarlos o ponerlos no cesaron.

El Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de que los presos son uno de los principales obstáculos para cualquier negociación política en Cataluña. El propio presidente del Gobierno central afirmó el 23 de septiembre: “Ha habido durante demasiados años un lenguaje grueso, de confrontación […] En Cataluña hay ahora mismo dos bloques muy separados, con visiones muy distintas de lo que debe ser Cataluña, y lo que necesitan es tender puentes […] Lo que propone este Gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política”.

Otros miembros del Gobierno fueron más claros a la hora de hablar de sacar a los presos catalanes de prisión, lo que refleja por dónde va la estrategia de Sánchez para ganarse el apoyo de los partidos catalanes en los presupuestos. “Si se retrasara mucho en el tiempo [el juicio] sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva. Y parecería lógico que el juez, en el ámbito de sus competencias y con total independencia, sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones”, dijo la vicepresidenta, Carmen Calvo, en una entrevista en La Vanguardia. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, también habló de que sería «más fácil» el diálogo sin los políticos catalanes en prisión. Hasta el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo a la BBC que «personalmente preferiría que estas personas estuvieran en libertad condicional». 

Por esta razón recordemos quiénes son los presos, además de los otros procesados por el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 declarado inconstitucional.

La lista de los encarcelados la encabeza el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, por ser el cargo político más alto de entre los detenidos. Ingresó en la cárcel de Estremera el 2 de noviembre de 2017. A diferencia del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica,  Junqueras ha defendido que está en España porque no se «esconde». Por su parte, Puigdemont ha defendido su huida en una entrevista diciendo: “No creo en los mártires, creo en la democracia y la separación de poderes”.

A pesar del destacado rol de Junqueras dentro del Govern de Puigdemont, no fue el primero en ir preso. Ese lugar lo ocupan el exlíder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y el de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, conocidos como los ‘Jordis‘. Cumplirán el 16 de octubre un año tras las rejas. ¿La razón principal?, las manifestaciones del 20 de septiembre del año pasado ante la sede de la Consellería de Economía en Barcelona, en las que los cabezas visibles de las plataformas soberanistas tuvieron un papel destacado.

Además están presos otros exmiembros del Govern: Jordi Turull, consejero de la Presidencia; Joaquim Forn, consejero de Interior; Raül Romeva, consejero de Asuntos Internacionales; Josep Rull, consejero de Territorio y Dolors Bassa, consejera de Trabajo. También la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Por otra parte, hay siete procesados huidos de la justicia española. Cuatro están en Bélgica: el expresidente Carles Puigdemont, Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura; Toni Comín, exconsejero de Salud y Lluís Puig, exconsejero de Cultura. Dos de las política fugadas están en Suiza: la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y Marta Rovira, exsecretaria general de ERC. La última de estos siete huidos, Clara Ponsatí, exconsejera de Enseñanza, se encuentra en Escocia. Se reincorporó a su puesto de directora de la Escuela de Economía y Finanzas en la Universidad en la Universidad de St. Andrews.

Acusados por rebelión

Son 13 los líderes acusados de rebelión. Entre estos están los citados Puigdemont, Junqueras, y los exconsellers Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comín, Bassa, así como Forcadell, los dos ‘Jordis’ y Rovira.

Por el delito de malversación están acusados los 13 miembros del Govern, incluidos Carles Mundó (exconseller de Justicia del Govern de Catalunya) y Santi Vila, quien ejerció de consejero de la Generalidad en los departamentos de Cultura y Empresa. Mundó, que pasó un mes en prisión preventiva, quedó en libertad condicional a primeros de diciembre y posteriormente renunció a su acta de diputado anunciando su decisión de abandonar la política «por motivos personales». El exconsejero fue, junto a Santi Vila, el único del Govern que expresó sus reticencias sobre el proceso independentista, aunque acabó firmando la declaración de independencia. 

Por malversación y desobediencia, además de los anteriores, Llarena ha procesado a los otros cinco ex miembros del Govern: Meritxell Borràs (consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda), Puig, Mundó, Vila y Serret.

Los acusados sólo por desobediencia son siete. Se trata de los miembros de la Mesa del Parlament: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, Anna Gabriel y Mireia Boya (ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP).

Para los 14 miembros del Govern de Puigdemont, el procesamiento incluye una fianza de 2,1 millones de euros a pagar entre todos.

Otras causas

La Audiencia Nacional también investiga la actuación de los Mossos. Hay 72 agentes investigados por no impedir el referéndum ilegal del 1-O y son cuatro los procesados por sedición y organización criminal. Entre estos, el Mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, a quien el Gobierno central cesó cuando activó el artículo 155; el exdirector de los Mossos, Pere Soler; la intendente, Teresa Laplana y el exsecretario general de Interior, César Puig.

En el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, instruye la segunda causa con más imputados, un total de 21. Son altos cargos, técnicos y asesores de la Generalitat, y a la directiva de T-System –la plataforma que utilizó la Generalitat para realizar la votación– por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Este procedimiento se inició por las declaraciones del ex juez Santiago Vidal y acabó en una investigación por el 1-O.

El TSJC también tiene abierta una causa contra el ex Govern por las querellas por aprobar las llamadas leyes de desconexión. También investiga la presunta participación en el referéndum de los dirigentes municipales independentistas, Neus Lloveras, y Miquel Buch.