Las ‘guerras del agua’, ¿una amenaza real para el planeta?

El acceso a agua potable y para el uso diario está considerado como un derecho humano desde el año 2010 por la ONU. Pese a ello, en la actualidad hay 2.100 millones de personas en el mundo que carecen de acceso a agua de calidad y 4.500 millones carecen de servicios de saneamiento seguros, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un 25% de la población mundial vivirá en 2050 en algún país afectado por la escasez crónica de agua, recrudeciendo el hambre y la desnutrición, alerta la ONU. El continuo aumento de la población agravará la situación. Se calcula que en 2030 la demanda de agua será un 40% mayor que ahora debido al aumento demográfico.

En Yemen, la sequía acarrea una gran falta de alimentos que provoca que su población esté muriendo de hambre. En Ciudad del Cabo (Sudáfrica), las autoridades estuvieron a punto de cortar el suministro de agua el pasado mes de julio debido a una sequía sin precedentes.

Expertos y altos responsables de la ONU como el secretario general, Antonio Guterres, se atreven a plantear que el agua sustituirá al petróleo como causante de los próximos conflictos bélicos, a las que se denominan “guerras del agua”. Incluso John F. Kennedy dijo, hace cincuenta años, que “quien sea capaz de resolver los problemas del agua, será merecedor de dos premios Nobel. Uno por la ciencia y otro por la paz”.

El agua sustituirá al petróleo como causante de los próximos conflictos bélicos

En Siria, el agua ya se está usando como un arma de guerra más. Infraestructuras como depósitos y cañerías se encuentran entre los objetivos de los bombardeos. Fue el caso de la ciudad de Raqa, en la que sus habitantes estuvieron más de 60 días sin suministro de agua y luz durante el asedio a la ciudad en 2017, informa Unicef. Esto obligó a sus habitantes a arriesgar sus vidas para conseguir agua del río Éufrates, teniendo que atravesar zonas de fuego abierto, o beber agua contaminada.

Uno de los conflictos relacionados con el agua más conocidos es el ocurrido en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. En el año 1999, el Gobierno de Hugo Banzer vendió a Aguas del Tunari, un consorcio internacional, la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Cochabamba, la cuarta ciudad más grande del país. De la noche a la mañana, el grupo empresarial decretó una subida de las tarifas de entre un 30% a un 300%. Además, el Parlamento aprobó una ley por la cual, los vecinos que obtuvieran el agua de los pozos adquiridos por Aguas del Tunari, del río o incluso de la lluvia, y que no pudieran hacer frente a las tasas, tendrían que pagar con sus bienes inmuebles. La compañía estaba así autorizado a desahuciar a los vecinos que no pagaran por el servicio y quedarse con sus casas.

Inmediatamente, la población de Cochabamba se puso en pie de guerra para defender su derecho al agua. El Gobierno declaró el estado de sitio, la policía y las fuerzas armadas se enfrentaron a la población, hubo cientos de heridos y un muerto, Víctor Hugo Daza, aún en el recuerdo de los cochabambinos.

“El caso de Cochabamba fue uno de los elementos que impulsó el reconocimiento del agua como derecho humano por la ONU”, explica María del Mar Rivero, responsable de Agua, Saneamiento e Higiene de ONGAWA, en declaraciones a The Objective. “Este derecho humano, además, reconoce el derecho a la participación por parte de los ciudadanos en la gestión del agua”, añade. “Los estados deben poner a disposición todos los recursos para garantizar este derecho. Se considera que los estados no lo cumplen si, disponiendo de los recursos suficientes, no garantizan el acceso al agua de calidad”.

La escasez de agua ya afecta a tres de cada 10 personas

La escasez de agua ya afecta a tres de cada 10 personas y, al año, es la causa de alrededor de dos millones de muertes, según la OMS. “El 80% de las enfermedades del mundo están relacionadas con la falta de agua y saneamiento”, comenta Pablo Alcalde, responsable de Agua, Saneamiento e Higiene de Acción Contra el Hambre (ACH), a The Objective. “Si la población no tiene acceso a agua potable, tendremos un impacto muy grande en temas relacionados con el contagio de enfermedades”.

El grupo más vulnerable es el de los menores de dos años. Cerca de 340.000 niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas, según UNICEF. “No tener un acceso a agua de calidad les va a suponer problemas intestinales y enfermedades crónicas con los que van a tener que convivir toda su vida. Los primeros mil días desde la gestación del bebé son cruciales para su futuro porque los efectos son irreversibles”, denuncia el ingeniero y cooperante.

El 40% de la mortalidad infantil se debe a enfermedades relacionadas con la falta de agua de calidad y que provocan enfermedades como la diarrea, la segunda dolencia que más sufren los niños menores de cinco años en el mundo, según Unicef. “Son enfermedades muy fáciles de prevenir y tratar, pero necesitas unas condiciones higiénicas óptimas y acceso al agua”, comenta Alcalde.

Vigilar que las mujeres embarazadas tengan acceso a agua de calidad también es determinante. “Si ellas tampoco tienen acceso a este recurso, los hijos que están gestando padecerán estas consecuencias de las que hablamos”, añade.

El agua en relación con otros derechos humanos

El agua es un elemento fundamental para la vida humana. ONGAWA defiende la importancia del “líquido azul” en relación con otros derechos humanos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, “si los niños y las niñas tienen que recorrer cuatro horas diarias para encontrar agua, son cuatro horas diarias que no están en la escuela”, apunta Alberto Guijarro, responsable de Sensibilización ciudadana en la ONG, a The Objective.

Está demostrado, además, que toda inversión en proyectos de higiene da lugar a beneficios mucho mayores a los gastos iniciales. “Hay estudios que demuestran que invertir en agua, saneamiento e higiene reporta unos beneficios entre 3 y 6 veces superiores a los gastos”, señala Guijarro.

“Cuando no hay acceso a agua, hay más enfermedades, por tanto, más gasto sanitario, disminución de la productividad… Al final, todo eso supone unos costes económicos para los estados que no justifica no intervenir en agua y saneamiento porque, además de que es un derecho humano, tiene consecuencias económicas para los países”, explica.

Un acceso a agua de calidad e higiene también puede cambiar la situación en la que se encuentran miles de mujeres. “Cuando las mujeres tienen que hacer frente a largos recorridos en busca de agua a altas horas de la mañana y la noche, pueden ser objeto de agresiones o asaltos”, denuncia, por su parte, María del Mar Rivero.

Que las mujeres participen activamente en la gestión del agua puede aumentar sus oportunidades y ser una forma de empoderamiento femenino. “Por ejemplo, las mujeres que viven en la calle o trabajan fuera y no tienen acceso a productos de higiene menstrual, tienen que quedarse en casa sin poder trabajar o estudiar”, cuenta Rivero.

La situación en España: ¿trasvases o desaladoras?

En España también encontramos tensiones en torno al agua, debido, sobre todo, a la escasez que presentan algunas zonas, agravada por el aumento de las temperaturas y el descenso de las lluvias provocado por el cambio climático. La tremenda desigualdad entre las zonas consideradas “húmedas” y las “secas” ha dado lugar a diversos intentos por encontrar una solución, los cuales no terminan de convencer a nadie.

El Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno de José María Aznar (PP) en el año 2001, apostó por los trasvases de agua de ríos caudalosos, como el Tajo o el Ebro, a otros del sureste del país, como el Segura, que sufren sequía durante la mayor parte del año. La llegada al Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE) significó la derogación de los trasvases, y la elaboración de otro plan hidrológico (AGUA), que apostaba por las desaladoras.

“El problema de los trasvases es que, muchas veces, generan demasiadas expectativas en la población que recibe agua, que aumenta la inversión en desarrollo en base a esa promesa”, explica Lucia De Stefano, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y subdirectora del Observatorio del Agua. “Además, en algunas ocasiones, el agua que se recibe no es suficiente o no concuerda con la cantidad prometida”, añade. “Fue el caso del trasvase del Segura. La primera propuesta fue de unos mil millones de metros cúbicos al año, pero esa cifra se fue reduciendo”.

Para De Stefano, “los trasvases no son una solución que quite tensiones y no resuelven el problema porque siempre queremos más”. Además, las zonas donantes de agua también se ven afectadas, pues el recurso que están dando lo necesitan para poder desarrollarse ellos mismos.

Las desaladoras, por su parte, tampoco son una solución efectiva debido al impacto económico y medioambiental que provocan. “El agua de las desaladoras es bastante más cara que el agua superficial, por lo que muchos agricultores preferirán ahorrarse esos costes, haciendo que no sea rentable la construcción de desaladoras porque no van a ser amortizadas”, comenta De Stefano.

“En todos los países desarrollados se apuesta por una combinación de soluciones: reutilización del agua, presas, uso del agua subterránea, trasvases, desaladoras… En las sociedades más desarrolladas tenemos la tecnología suficiente para hacer frente al problema”, concluye la subdirectora del Observatorio del agua.

“El verdadero problema del agua es que las personas no están en el centro del debate” – Alberto Guijarro

La ONU añadió el problema del agua a sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que pretende alcanzar para el año 2030. Entre las metas propuestas por la Organización se encuentra lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene a un precio asequible, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos, o aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos.

“Creo que son medidas ambiciosas. Pero factibles siempre y cuando exista voluntad política”, opina Alcalde. “¿Se conseguirán los objetivos? Pues si nos atenemos a las experiencias pasadas, no. Por ejemplo, los objetivos del milenio no se consiguieron, sobre todo cuando hablamos de saneamiento. Pero también hemos aprendido mucho”, señala. “A nivel técnico, hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar la eficiencia. Podemos convertir desiertos en vergeles a través de infraestructuras de regadío o de bombeo de bajo coste”, explica el ingeniero. “Las soluciones parten de entender el recurso”.

“El verdadero problema es que las personas no están en el centro del debate”, lamenta Alberto Guijarro. “Sabemos cuáles son los problemas, sabemos las soluciones, las tecnologías necesarias, el presupuesto que hace falta… El problema son las decisiones políticas, que son insuficientes”, agrega. “Con el ritmo actual, no llegamos, ni de lejos, a conseguir los ODS”.

Entre las medidas que propone ONGAWA para revertir el problema del agua destacan el aumento del presupuesto en cooperación, renovar la partida del fondo de cooperación en Latinoamérica y firmar uno nuevo con el África Subsahariana, financiación no reembolsable de esos fondo, participación de la ciudadanía española e incentivación de medidas con una mirada de género.

A pesar de todos los problemas relacionados con la falta de acceso a agua de calidad, son más las personas que se muestran en contra de usar el término “guerras del agua”. Un ejemplo es Lucia De Stefano, que explica que el agua ha sido siempre motivo de cooperación entre países, y sólo dentro de las regiones ha dado lugar a pequeñas tensiones, “pero sin llegar nunca a las armas”, recalca.

Lo mismo opina Pablo Alcalde. “Cuando hablamos de las guerras del agua hablamos de cómo un recurso es usado para intereses bélicos, políticos, económicos, etc.”, cuenta Alcalde. “En algunos contextos, el agua se ha convertido en un elemento estratégico que se puede usar como elemento de guerra como, por ejemplo, para provocar un desplazamiento forzado de personas. Al final, quien controla el agua controla a las personas”, añade.

María del Mar Rivero y Alberto Guijarro comparten opinión con los demás entrevistados. “El agua es un recurso que se comparte, y es verdad que entre pueblos ha sido objeto de conflictos, pero también ha servido como un elemento unificador y de cooperación”. Está en manos de ciudadanía y políticos continuar con esos esfuerzos.