La guerra contra la violencia machista: cifras y desafíos
44 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, con lo que ya son 972 las víctimas de violencia de género desde 2003
Reuters
Desde la ley integral hasta el pacto de Estado, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha ido ganando batallas en una guerra que aún no ha terminado, con retos todavía pendientes que explican a Efe los cinco responsables que hasta ahora han dirigido este organismo.
Encarnación Orozco, Miguel Lorente, Blanca Hernández, María José Ordóñez, y en la actualidad Pilar Llop, han sido los titulares de la Delegación, nacida en 2005 fruto de la ley integral que entró en vigor en enero de ese año para coordinar e impulsar medidas en esta materia.
Para afrontar los nuevos desafíos, dice a Efe Llop, se cuenta con «la mejor hoja de ruta» posible, la del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un «gran acuerdo político» que supone «un ejemplo de consenso, compromiso y determinación en la lucha contra la mayor expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres».
#NiMediaBroma con la #ViolenciaMachista, es el lema de la campaña contra la #ViolenciaDeGénero en la que varios cómicos y cómicas de nuestro país se unen para denunciar esta lacra.
Porque es trabajo de tod@s avanzar hacia la igualdad real. #25N 👇 pic.twitter.com/WQkl8Xgb7H— La Moncloa (@desdelamoncloa) 23 de noviembre de 2018
Y es también «el reflejo de una sociedad en la que el machismo no tiene cabida» y un «nuevo impulso legislativo, político y social, cuyos resultados pueden ser definitivos», y por ello su departamento está poniendo todo su «empeño» en cumplirlo.
Hasta llegar a él, en esta guerra no acabada se han librado distintas batallas, algunas con éxito y otras pendientes de ganar; en todas, cada uno de ellos ha dejado su impronta.
Los inicios: forjar una red
«Todo empezó con una ley pionera en el mundo: la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que la desgajó por primera vez de la violencia doméstica y abrió las puertas a combatirla desde una perspectiva de Estado», rememora la primera delegada.
Para llegar ahí, dada la ausencia de otros referentes, hubo que tomar el testigo a las organizaciones de mujeres para «escuchar y romper el silencio», prosigue Orozco.
«Había que adelantarse al golpe, a la caída, al desfallecimiento de estas mujeres para que comenzaran a sentir que no estaban solas y que por fin existía una red de atención que las recogía, protegía y ayudaba, tanto en su recuperación física como para devolverles su autoestima y autonomía», explica.
Con un equipo de diez personas, y rodeada de «soledades», la entonces secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, y la primera fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, arrancó la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
«Fue una época increíble» de la que no recuerda «nada negativo»: el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, el 016, las «primeras piezas» del sistema de valoración del riesgo y de los protocolos con instituciones y administraciones, el trabajo en las escuelas o los convenios con medios de comunicación, como el suscrito en 2008 con la Agencia Efe para el tratamiento informativo de este problema.
En suma, una etapa de «creatividad» para visibilizar una realidad sobre la que no existía conciencia y de la que Orozco guarda un «emotivo» recuerdo de Antonio Fraguas, Forges, y su compromiso contra el machismo. Y se queda con un logro: haber forjado «una red» para «recoger a las víctimas donde quiera que estuvieran y cualquiera que fuera su situación».
Involucar a los hombres
En abril de 2008 la ya Delegación del Gobierno de Violencia de Género, dependiente del recién creado Ministerio de Igualdad y con el triple de efectivos, contaba con unos ejes «muy bien definidos» -concienciación, formación, especialización y protección-, pero aún «faltaba mucha implementación», destaca Lorente, su entonces responsable.
De lo primero que se dio cuenta es «de lo que no podía hacer», porque no tenía presupuesto, «tiempo o una normativa» que lo permitiera; pero pudo emprender una línea «novedosa» de concienciación con las primeras campañas enfocadas al agresor.
Otra de sus «grandes apuestas» fueron las pulseras electrónicas de localización de los maltratadores y la mejora del servicio de protección móvil para víctimas Atenpro. También la «gestión del conocimiento» del problema, a través de estudios periódicos de percepción que tuvieron su máximo exponente en la primera macroencuesta de 2011.
Se trataba de abordar una misma causa, el machismo, desde una doble acción: «promover la igualdad y corregir la desigualdad». Bajo esta premisa, varias veces al año se reunía un «grupo de hombres por la igualdad» para abordar la «masculinidad hegemónica tradicional».
Incluso se instauró un servicio telefónico para hombres sobre cuestiones como «la igualdad, la custodia, sexualidad o el permiso de paternidad». «Había una serie de demandas que demostraban la inquietud de muchos hombres por la igualdad (…) Había que incorporarles a esta lucha», subraya.
Recuperar los mensajes dirigidos a los hombres es una de las necesidades que cree que debe abordar ahora Pilar Llop, junto a la mejora de la detección de los casos sin necesidad de que las mujeres denuncien y seguir creando conciencia, puesto que, cuanto más se consolida, «más resistencias surgen».
Los menores
Cuando Hernández tomó el relevo en 2011 de la Delegación, que el nuevo Gobierno del PP circunscribió al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, lo primero que hizo fue un plan estratégico que luego se convirtió en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, cuyo objetivo era «ordenar prioridades y comprometer al resto de agentes».
Trabajó por ampliar el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia contra la mujer; aumentar la concienciación social hacia sectores que aún no la tenían y mejorar la recogida, difusión y estudio de los datos.
Pero su máxima prioridad fueron los menores, de forma que la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia de 2015 pasó a reconocerles por primera vez como víctimas directas de la violencia de género.
Aunque «es difícil ser triunfalista» en este asunto, opina que España «ha hecho muchas cosas bien», como demuestra el reconocimiento internacional a un «sistema de transparencia y datos único en el mundo, un grado de concienciación pública sin igual, un entramado legislativo extenso y un sistema institucional muy serio».
«Éxitos» que tienen «otra cara», la de los desafíos pendientes: unos, «fruto de decisiones del pasado», como la falta de una acepción más amplia de esta violencia; otros, «de necesidades sobrevenidas», como la «obligación» de coordinar a todos los agentes que han ido apareciendo; finalmente, los derivados «de la propia evolución de los tiempos», como las nuevas tecnologías o el uso de sustancias en las agresiones sexuales.
La violencia de género sobre las chicas más jóvenes es «enormemente preocupante», como también la que sufren las mayores, las del ámbito rural, las inmigrantes y las mujeres con discapacidad. Aunque el primer reto a afrontar es el del descenso de asesinatos hasta lograr su «desaparición completa».
Hacia el pacto de Estado
En febrero de 2017, «la violencia contra las mujeres empezaba a concebirse más allá del maltrato en el seno de la pareja». «Era el momento de visibilizar otras formas y trabajar en una cuestión que era de Estado», afirma Ordóñez, la cuarta titular de la Delegación.
Y así fue: ese septiembre, todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, con la abstención de Podemos, dieron luz verde al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fue ratificado definitivamente en diciembre con las comunidades en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
Algunas medidas estaban en marcha, pero otras muchas hubo que empezarlas: así se realizó, por ejemplo, la primera encuesta a nivel europeo sobre la «Percepción Social de la Violencia Sexual», así como las primeras campañas de sensibilización sobre este tipo de violencia.
Cuando está a punto de finalizar el primer año del pacto, Ordóñez piensa que «se debería empezar a mover el primer balance» al menos de «aquellas medidas más evidentes y catalogadas como más inmediatas».
De cara al futuro, aboga por seguir insistiendo en «un cambio de mentalidad de toda la sociedad: mientras no haya igualdad de oportunidades plena entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, seguiremos padeciendo las distintas formas de violencia contra la mujer», avisa.
Las cifras de la violencia machista
A poco más de un mes para que acabe este 2018, 44 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, con lo que ya son 972 las víctimas de violencia de género desde que hay estadísticas sobre ellas en España, a partir de 2003. Una barbarie que ha arrebatado también la vida a otros 27 menores, tres de ellos este año, desde 2013, cuando empezaron a registrarse.
Cifras aún provisionales y que podrían seguir aumentando antes de que acabe el año, ya que aún está en fase de investigación la muerte de otra mujer y las de los dos hermanos de Getafe (Madrid) a los que su padre presuntamente asesinó antes de suicidarse tirándose a las vías del tren en marzo.
La presentadora @IngridSunyer da comienzo al acto conmemorativo del #25N con un homenaje en recuerdo a las víctimas mortales de #ViolenciaDeGénero. 44 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de 2018 y un total de 972 desde 2003. #BastaYa #NiUnaMenos pic.twitter.com/TpVcCGDcmp
— DelGobVG (@DelGobVG) 22 de noviembre de 2018
De esta forma, en lo que llevamos de 2018 han sido asesinadas dos mujeres menos que hace justo un año; los máximos históricos se registraron, sin embargo, en 2008, con 76 víctimas mortales; 2010, con 73; y 2004, con 72.
Sí ha aumentado, por el contrario, la cifra de los huérfanos de violencia de género, que ya suman 226 con los 35 de este año, una cifra superior a los 26 de 2017 o los 23 de 2016, pero muy inferior a la de 2015, cuando 51 niños perdieron a sus madres.
Respecto a las denuncias, entre enero de 2007 hasta junio de 2018, se han interpuesto 1.572.186; de ellas, 81.663 se presentaron en el primer semestre de este año, un 1,84 % menos que en los seis primeros meses de 2017, año en que se alcanzó el récord de 166.260, un 16,4 % más que en 2016.
