En recuerdo de los abogados de Atocha
La matanza de Atocha – ocurrida en un despacho de abogados vinculados al Partido Comunista y al sindicato Comisiones Obreras, ambos ilegales en 1977 – se produjo en medio de otros acontecimientos que hicieron tambalear la frágil democracia.
Una placa recuerda en la sede del Colegio de Abogados de Madrid de la calle Serrano a los abogados laboralistas asesinados a sangre fría por un grupo de la extrema derecha. Se colocó coincidiendo con los 40 años del trágico asalto al despacho, ocurrido un frío 24 de enero de 1977 en el que España vivía los coletazos de cuatro décadas de dictadura, pese a que Francisco Franco había muerto hacía dos años.
Una España convulsa en la que una parte de la sociedad intentaba mantener vivo un régimen dirigido por quienes habían ganado la Guerra Civil en 1939 con violencia y amenazas constantes, mientras la otra parte soñaba con un país en libertad. La democracia, aún en pañales, pareció tambalearse tras el brutal crimen de los cinco abogados laboralistas y un joven administrativo – otros cuatro abogados resultaron heridos de gravedad – pero ocurrió todo lo contrario y miles de ciudadanos participaron en una manifestación pacífica y sobrecogedora por las calles de Madrid en repulsa por una vil acción que marcó un antes y un después en la historia de España.
La semana trágica
La matanza de Atocha – ocurrida en un despacho de abogados vinculados al Partido Comunista (PCE) y al sindicato Comisiones Obreras, ambos ilegales en 1977 – se produjo en medio de otros acontecimientos que a punto estuvieron de frustrar la Transición. El día antes, el 23 de enero, fue asesinado un joven, Arturo Ruiz, que se manifestaba a favor de la amnistía política.
El día 24, cuatro individuos esperaban a primeras horas la salida del presidente del Consejo Supremo de Justicia, el teniente general Emilio Villaescusa. Le encañonaron y le introdujeron en su coche oficial donde estaba su chófer. Horas después, los Grupos Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) reivindicaron el secuestro del militar en respuesta a la muerte el día anterior del joven Arturo y exigieron la amnistía de varios presos políticos.
Esa misma tarde se celebró una multitudinaria protesta por las calles de Madrid en repulsa por la muerte de Arturo Ruiz, en la que los antidisturbios cargaron contra los manifestantes, alcanzando con un bote de humo a la estudiante María Luz Nájera, quien falleció a consecuencia del impacto. Y cuando todo parecía que no podía ir a peor, hacia las 22.30 de la noche de ese frío 24 de enero, dos jóvenes armados irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas del número 55 de la céntrica calle de Atocha, en Madrid, acompañados por un tercero que se encargó de arrancar los cables del teléfono, y ametrallaron a los que se encontraban allí mientras les acusaban de «rojos» y «comunistas».
Murieron en el acto cuatro de los abogados: Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Javier Sauquillo, y el estudiante de Derecho, Serafín Holgado, además del administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron heridos de gravedad los abogados Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz.
El Gobierno de Adolfo Suárez ordenó a las Fuerzas de Seguridad del Estado y al Ejército mantener la calma ante la que se esperaba fuera una multitudinaria manifestación por las calles de la capital para acompañar a los féretros de los abogados asesinados, durante un entierro que transcurrió el días 26 pacíficamente, en medio del dolor y de la repulsa por un crimen de odio cometido por afectos al régimen de Franco. Una manifestación que se repitió al día siguiente en Barcelona, también sin incidentes.
Para el Gobierno de entonces, aquellos fueron los momentos más difíciles y tuvieron que hacer auténticos esfuerzos para frenar los intentos de algunos sectores para restablecer un régimen militar. «El único momento en que yo vi el proceso político amenazado fue justamente la última semana de enero», admitió años después el entonces ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa. Cuatro meses después de aquella trágica semana, se celebraron las primeras elecciones generales de la democracia.
«El único momento en que yo vi el proceso político amenazado fue justamente la última semana de enero» – Rodolfo Martín Villa
Ahora, cuatro décadas después de aquellos trágicos momentos, la actual alcaldesa de Madrid es Manuela Carmena. En 1977 formaba parte de ese grupo de jóvenes abogados laboralistas defensores de la libertad, afines al Partido Comunista, y cofundadora del despacho de la calle de Atocha. Aquella noche del 24 de abril, Carmena tenía previsto estar con sus compañeros pero le surgió una reunión en la otra sede del despacho, en el número 49.
«Poco antes del asesinato, me despedí. Me dirigí a Atocha 49. Estábamos ahí, quitándonos los abrigos, cuando oímos las sirenas. Nos asomamos y vimos que había Policía delante de la puerta de Atocha 55. No nos cogían el teléfono. Nos extrañó. Nos pusimos los abrigos. Hacía frío. Y los vecinos, que nos conocían y nos querían, nos dijeron: corred, corred iros, están matando a vuestros compañeros, os están matando a todos», narró la alcaldesa con motivo del homenaje a sus compañeros ante la sede del Colegio de Abogados de Madrid en 2017.
Los asesinos
Por el crimen de los abogados de Atocha fueron procesados Francisco Albadalejo, secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid, relacionado con la extremada derecha de la FET de las JONS y considerado autor intelectual del atentado; José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada. A los cuatro se les acusó de pertenencia a un grupo de la ultraderecha contrario a la democracia, radicalizado y totalitario.
La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel. A José Fernández Cerrá y a Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos, a 193 años de prisión cada uno; Francisco Albadalejo Corredera a 63 años, fallecido en en prisión en 1985; y cuatro años para Leocadio Jiménez Caravaca.
García Juliá, en unión de Francisco Albaladejo, Jorge Fernández y Leocadio Jiménez, antiguos militantes de Falange Española y Fuerza Nueva constituyeron un grupo radical y totalitario, disconforme con el cambio constitucional que ese estaba operando en España y, de acuerdo con esos ideales y por enemistad con un sindicalista del transporte afiliado a CCOO, Joaquín Navarro Fernández, que intervenía en la huelga del transporte y que se asesoraba en el despacho de abogados laboralistas con sede en la calle Atocha 55, “decidieron tomar venganza y agredir física y violentamente al Sr. Navarro y a los abogados del referido despacho”, se recoge en un auto.
Armados con pistolas del calibre 9 mm parabellum, sobre las 22. 30 horas, llamaron a la puerta del despacho y cuando les abrieron, encañonaron a las personas que allí había, les condujeron a un salón, destruyeron los archivos, arrancaron los cables de teléfono y “cuando tuvieron a todas sus víctimas inermes y con los brazos en alto, dispararon de forma fría e inopinada”.
