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Brasil

Detenido en Brasil García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha en 1977

Redacción TO
Foto: Wikimedia Commons

Las fuerzas de seguridad brasileñas han detenido a Carlos García Juliá, que contaba con una requisitoria internacional por su participación en la matanza en 1977 de los abogados de Atocha, según han informado fuentes de la investigación.

Las autoridades españolas habían solicitado la extradición de García Julia, que tenía 24 años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha, y que fue condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión como autor material de cinco asesinatos.

La matanza de Atocha de 1977 fue un atentado terrorista cometido por terroristas de extrema derecha en el centro de Madrid la noche del 24 de enero de 1977, en el marco del llamado terrorismo tardofranquista. Cinco abogados laboralistas de Comisiones Obreras fueron asesinados, lo que marcó la Transición española iniciada tras la muerte de Franco. Este suceso tuvo una importante influencia en la posterior legalización del Partido Comunista. Como consecuencia de los disparos resultaron muertos los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo; el estudiante de derecho Serafín Holgado; y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Una de las abogadas del bufete, Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid, pudo evitar el atentado porque Luis Javier Benavides le había pedido usar su despacho para una reunión.

García Juliá fue quien disparó a Javier Sauquillo y Serafín Holgado en el ataque. En 1991, el juez Ignacio Sánchez Ybarra decretó su libertad condicional tras 14 años en prisión. En 1994, el terrorista de extrema derecha solicitó un permiso a la Audiencia Nacional para viajar a Paraguay por una oferta laboral. El permiso le fue concedido por el juez José Luis Castro, pero lo revocó días después a petición de la Fiscalía. Meses más tarde se solicitó formalmente su regreso a España, pero García Juliá no compareció. En 1996 era detenido fue en Bolivia bajo la acusación de tráfico de drogas. El Gobierno español, a petición de Izquierda Unida, acordó solicitar su extradición el 20 de abril de 2001.