¿Son Uber y Cabify ejemplos de liberalismo salvaje? ¿Y los taxis, de monopolio? Datos para salir de dudas

Uber y Cabify han dejado de funcionar en Barcelona. En Madrid, los taxistas[contexto id=»383900″] llevan dos semanas de huelga indefinida. ¿Son Uber y Cabify un ejemplo de liberalismo salvaje? ¿Han disfrutado los taxis de un monopolio? Vamos a empezar por el principio.

El taxi está considerado un servicio público, porque las licencias son otorgadas por los Ayuntamientos y las tarifas están fijadas por el Estado.

En el caso de las VTC (Vehículos de Transporte Concertado), ni Uber ni Cabify tienen trabajadores a su cargo ni coches propios, sino que son los que ofrecen la plataforma tecnológica a otras empresas, que son quienes tienen las licencias VTC y contratan a los conductores.

¿Cuántas licencias hay?

En los últimos 25 años, el número de licencias de taxis en España apenas ha variado, incluso ha descendido en los últimos años. Está ahora en unas 65.000 licencias. En Madrid, hay 15.723.

En cuanto a licencias de VTC, había en enero 13.125 en todo el país, más de la mitad opera en Madrid, según los datos del Ministerio de Fomento.

¿Qué precio tienen?

Ahora mismo, el precio de una licencia de taxi en España se sitúa por encima de los 150.000 euros en un mercado paralelo. Porque, por ejemplo en Madrid, el Ayuntamiento no emite licencias desde 1980, y en su momento llegaron a ser hasta gratuitas.

El precio de las licencias de VTC ronda los 50.000 euros también en el mercado secundario. El Ayuntamiento Madrid tampoco otorga más de estas licencias porque existe, según especifica en su web, una “situación de desequilibrio”.

¿Quién tiene estas licencias?

Según datos del Ayuntamiento de Madrid de 2017, el 80% de los propietarios de taxi solo tiene una licencia. Es más, solo hay 126 propietarios con más de cuatro licencias de taxi: el 0,8%. Pero, ¿conducen los taxistas su propio taxi? El 60% sí lo hace: utiliza la licencia en su propio vehículo y no tiene asalariados, según los datos del consistorio.

En cambio, la mayor parte de las licencias de VTC está en muy pocas manos. Por ejemplo, 10.000 de las 13.125 licencias pertenecen a cuatro grandes entramados.

¿Tienen las mismas condiciones?

Desde 2011, los taxistas solo pueden circular 16 de las 24 horas y están obligados a librar un día entre semana y otro el sábado o el domingo.

En cambio, los conductores de VTC pueden elegir si librar uno o dos días. Y el vehículo puede estar funcionando las 24 horas en dos turnos separados. El perfil medio de estos conductores son hombres mayores, parados de larga duración e inmigrantes que llevan poco tiempo en España.

¿Qué pide cada uno?

Los taxistas exigen el cumplimiento del ratio 1/30: un VTC por 30 taxis. Esta limitación se impuso de forma efectiva con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y está ratificado por el Tribunal Supremo desde este verano. Sin embargo, del período de 2009 a 2015, el sector estaba liberalizado por la llamada Ley de Ómnibus y se otorgaron un mayor número de licencias. El ratio actual en España se sitúa 1 por cada 5, con diferencia según las ciudades. Esta proporción implica que en ciudades como Madrid, la única forma de cumplir con este ratio sería revocando licencias ya concedidas.

Las VTC reivindican que dan trabajo a más de 15.000 personas y que su servicio está muy valorado entre los consumidores. Además, por ejemplo, Cabify ha ofrecido a los taxistas integrarse en su plataforma digital.

¿Hay soluciones?

Una de las más comentadas es crear un fondo de rescate al sector del taxi que le permita reconvertirse. Uber y Cabify se han ofrecido a cinco céntimos de euro por cada kilómetro de sus coches. En dos o tres años, las empresas tecnológicas calculan que podrían ingresar unos 2.400 millones de euros, lo que les permitiría recomprar las licencias a los taxistas a unos 150.000 euros. Pero, claro, el riesgo de esta propuesta es dejar a Uber y Cabify construir un monopolio sin ninguna intervención del estado.

Es decir, la prioridad debería ser crear un mercado transparente de precios y concesiones enfocado a crear un fondo de rescate del sector que permita a los ciudadanos tener un servicio público lo más eficiente, barato y seguro posible, como señala Marta García Aller en este reportaje de El Independiente.