La mitad de las ciudades europeas no tiene planes para adaptarse al cambio climático

En 2006, ciudades pioneras como Londres y Durban (Sudáfrica) comenzaron a incorporar el cambio climático[contexto id=»381816″] en sus políticas y planes con el objetivo de preparar sus infraestructuras, comunidades, ecosistemas e instituciones contra los impactos esperados.

Desde entonces, numerosas ciudades de todo tipo, y en todo el mundo, han seguido su ejemplo. Se han establecido importantes redes de colaboración entre distintas urbes para impulsar la adopción de medidas contra el cambio climático (la organización C40, por ejemplo) y se han alcanzado acuerdos que demuestran un compromiso global, como el Pacto Mundial de los Alcaldes.

Todas las ciudades tienen voz, independientemente de su tamaño, por lo que su papel es cada vez más importante en las negociaciones internacionales. Algo que quedó patente tras el Acuerdo de París en 2015, en el cual no cupo la menor duda con respecto a la contribución de los actores no estatales en la lucha contra el cambio climático.

Progresos y asignaturas pendientes

Algunos estudios han intentado evaluar los progresos alcanzados hasta la fecha en materia de adaptación urbana. Uno de ellos, un análisis a gran escala de 885 ciudades europeas, señaló que solo el 47% planea adaptarse, ya sea centrándose en ese aspecto (26%) o combinando adaptación y mitigación, es decir, planificando también la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Una investigación realizada en diciembre de 2016 analizó 401 ciudades con una población superior a un millón de habitantes y descubrió que solo en el 18% se habían planteado iniciativas de adaptación. Algunos estudios se han centrado en países, como Canadá, Estados Unidos, España, Italia o Reino Unido. Estos estudios presentan varios rasgos en común: un contexto desarrollado y el uso de la mera existencia de políticas y planes de adaptación como un indicador del progreso realizado.

La evaluación de las ciudades

Si bien los avances son positivos, ¿cómo podemos estar seguros de que estos planes reducirán los riesgos futuros de manera efectiva? En primer lugar, debemos considerar si esos planes son política y económicamente factibles, en segundo lugar, si los proyectos y actividades se basan en evidencias científicas sólidas; y, en tercero, si contarán con el apoyo de los agentes urbanos y de la sociedad civil.

Para tratar de dar respuesta a esta cuestión, hemos propuesto un nuevo método y lo hemos probado en cuatro ciudades pioneras: Durban, Quito, Copenhague y Vancouver. El estudio pretende evaluar la credibilidad de las políticas de adaptación al cambio climático, para lo que se emplean métricas que determinan si están aseguradas financieramente, si se han llevado a cabo las valoraciones climáticas correctas y si se han tenido en cuenta las opiniones de los ciudadanos.

La legitimidad de las políticas de adaptación es crucial. Cada acto público tiene que ser transparente y cada propuesta debe ser consensuada mediante procesos participativos. Además, las medidas de adaptación han de proteger a aquellos que se encuentran especialmente expuestos a los impactos climáticos. Asimismo, cabe la posibilidad de que una misma medida beneficie más a algunas comunidades que a otras, por lo que es importante tener en cuenta tanto a los que salen ganando como a los que no.

La principal conclusión a la que hemos llegado es que, incluso en las ciudades más avanzadas, aún queda mucho que hacer en cuestión de adaptación, especialmente en lo que respecta al desarrollo de procesos legítimos que incluyan a las comunidades y a todas las partes interesadas. También resulta muy importante establecer sistemas de seguimiento adecuados y destinar un presupuesto sostenible para la implementación de políticas, además de considerar los riesgos y la incertidumbre que el propio cambio climático genera.

El cálculo de los riesgos futuros

En esta línea, un estudio realizado en enero de 2017 calculó las pérdidas económicas esperadas asociadas al impacto climático como consecuencia del aumento del nivel del mar en 120 ciudades costeras de todo el mundo a lo largo de este siglo, así como la probabilidad de que esto ocurra.

La investigación desveló que la incertidumbre juega un papel fundamental en la toma de decisiones.

Podemos clasificar los sucesos en dos tipos: aquellos que provocarían graves pérdidas económicas pero es poco probable que acontezcan y los que no generarían daños tan devastadores pero la probabilidad de que tengan lugar es elevada. Lo cierto es que habitualmente tendemos a prevenir estos últimos y a pasar por alto aquellos cuyos daños son más graves pero son mucho menos probables.

Si nos atenemos al 5% de los peores casos esperados, esta decisión puede tener una gran trascendencia para las ciudades, ya que las consecuencias podrían ser catastróficas desde las perspectivas económicas, sociales y medioambientales. Un ejemplo ilustrativo sería el huracán Sandy, que golpeó Nueva York en el año 2012. Tras el desastre, la ciudad aprobó en 2013 el plan Stronger, More Resilient New York (Nueva York más fuerte y resiliente).

La investigación desarrollada también identificó la necesidad de determinar el nivel de riesgo que las ciudades estarían dispuestas a asumir. El riesgo climático, como cualquier otro, no puede ser eliminado completamente con recursos razonables. Que algo sea posible no quiere decir que sea factible.

Un ejemplo (algo exagerado): aunque es posible construir muros de cuatro metros de altura para evitar el desbordamiento de un río, se trata de una solución poco realista y práctica desde un punto de vista económico, medioambiental o social. Para reducir el riesgo de inundaciones en las zonas más expuestas de Bilbao, por ejemplo, la ciudad abrió recientemente el canal de Deusto. El proyecto reducirá la magnitud del impacto producido por las lluvias y la subida de la marea, pero no puede eliminarlo por completo.

¿Tienen en cuenta las ciudades los riesgos climáticos en estos términos? ¿Para qué nivel de riesgo se están preparando?

Siguiendo el progreso de las ciudades

Para responder a estas preguntas estamos llevando a cabo el proyecto de investigación Are cities preparing for climate change? (¿Se están preparando las ciudades para el cambio climático?), que realiza un seguimiento de los esfuerzos adaptativos de 136 entornos urbanos costeros.

En primer lugar, hemos recabado información sobre las políticas de adaptación al cambio climático que pueden afectar a la gestión costera de estas 136 ciudades. Para ello no solo hemos tenido en cuenta las políticas locales, sino también las regionales y las nacionales. Posteriormente, evaluaremos cuáles de los planes son susceptibles de ser implantados y conservados a lo largo del tiempo (es decir, su credibilidad) para, a continuación, pasar a valorar si las medidas propuestas tienen potencial para reducir futuros riesgos.

Estamos estudiando, por ejemplo, las políticas nacionales y urbanas relacionadas con la adaptación de Montevideo. En este momento estamos analizando con especial atención el Plan Climático de la Región Metropolitana de Uruguay para resolver si su implantación es factible y analizar de qué manera se han definido las medidas de reducción de riesgos futuros específicos de la región.

La protección de la biodiversidad y de los ecosistemas costeros, así como el control de la urbanización en áreas que tienden a erosionarse (como es el caso de la capital uruguaya), son buenos indicadores de la futura adaptabilidad urbana a eventos extremos.

Aunque los resultados de nuestro estudio no verán la luz hasta 2020, tenemos la esperanza de que también sirvan como ejemplo en sectores diferentes a la adaptación costera urbana. De igual manera, esperamos que las mismas ciudades puedan hacer uso de nuestros resultados para mejorar sus competencias a la hora de planificar la adaptación al cambio climático y para, posiblemente, adaptar sus estrategias a los riesgos a los que podrían enfrentarse en un futuro que cada vez es más cercano.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.