La Amazonía brasileña: una tragedia forjada entre llamas y grilletes

El lunes 19 de agosto, hacia el mediodía, muchos habitantes de Sao Paulo dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar al cielo y constatar, no sin sorpresa, que una nube negra de proporciones bíblicas se cernía sobre la ciudad. Es verdad que en Sao Paulo, una de las ciudades más pobladas del mundo, la contaminación ambiental es un factor a tener en cuenta. Sin embargo, los paulistas tenían claro que aquel nubarrón apocalíptico no era producto del tubo de escape. Algo estaba ocurriendo.

En efecto, “algo” estaba ocurriendo. Pero no en Sao Paulo, ni tampoco en las inmediaciones. Ese “algo” estaba ocurriendo a cientos de kilómetros de distancia: las llamas consumían los estados brasileños de Rondonia, Pará y Mato Grosso al tiempo que devoraban la franja oriental de Bolivia. En otras palabras: una parte sustancial del Amazonas estaba siendo pasto del fuego.

Todo empezó nueve días antes. El 10 de agosto grupos formados por ganaderos, sindicalistas, grileiros –usurpadores de tierras públicas– y agricultores decidieron llevar a cabo una jornada de deforestación por la vía del incendio. La prensa local, cuyas investigaciones han permitido saber que aquellos productores rurales estaban coordinados a través de grupos de WhatsApp, ha bautizado ese día como el “Día del Fuego”. Por lo visto el objetivo era, además de la deforestación de otro pedazo del Amazonas aprovechando la temporada seca, mostrar su apoyo al presidente brasileño Jair Bolsonaro.

El pasado mes de abril Bolsonaro, un líder favorable a la apertura comercial de las áreas protegidas, recortó un 24% el presupuesto del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), la agencia encargada de velar por la salud de la Amazonía brasileña. Por eso ahora hay menos agentes del IBAMA combatiendo las ofensivas contra la selva. Y por eso, en última estancia, los agentes del IBAMA no pudieron hacer mucho para detener el “Día del Fuego” pese a que las intenciones de todos esos ganaderos, sindicalistas, grileiros y agricultores habían sido recogidas días antes por el periódico Folha do Progresso. Precisamente, fue este diario el que habló con un líder rural afín a quienes provocaron las quemas que dijo que éstas se habían producido para “mostrar al presidente que queremos trabajar y que la única forma de hacerlo es derribando con fuego”. Bolsonaro, por su parte, dejó caer que los fuegos habían sido obra de activistas medioambientales obsesionados con manchar su imagen. No aportó ninguna prueba.

Hay quien sostiene que la culpa de los incendios sucedidos en las últimas semanas no se puede atribuir sólo a la premeditación de sujetos que perciben los bosques de la Amazonía como una fuente de ingresos una vez se quite lo verde de en medio. Estas personas –el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, es una de ellas– consideran que “el clima seco, el viento y el calor” han sido determinantes a la hora de propiciar el desastre ecológico. La ‘versión natural’ de los acontecimientos choca, empero, con la valoración de expertos como Alberto Setzer. Este investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil declaró a Reuters que “no hay nada anormal en torno al clima o las precipitaciones en la región amazónica este año” antes de añadir que “iniciar un incendio es trabajo de los humanos, ya sea de forma deliberada o por accidente”. Desde el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía opinan lo mismo: “No hay fuego natural en el Amazonas. Hay personas que practican la quema, que puede empeorar y provocar incendios en la estación seca”. Es decir: el clima seco, el viento y el calor no son factores que ayuden, evidentemente, pero rara vez son el origen de las llamas.

Con la llegada del nubarrón negro a Sao Paulo los medios internacionales decidieron que el asunto ameritaba ser una de las noticias del verano. Las imágenes del fuego devorando la selva dieron pie a un sinfín de críticas contra las autoridades brasileñas y en especial contra el propio Bolsonaro, quien un mes antes le había espetado a un corresponsal extranjero que hacía preguntas incómodas aquello de que el Amazonas “es de Brasil, no de ustedes”.

En respuesta a las críticas los partidarios del líder brasileño tiraron de hemeroteca; vale –dijeron– que entre enero y agosto de este año se han registrado 74.000 fuegos, la cifra más alta de la última década, pero… ¿qué sucede con las cifras registradas en la primera década del siglo XX? Porque durante los primeros ocho meses del 2005, por ejemplo, se registraron 133.000 fuegos. Y entonces no gobernaba Bolsonaro, un político que ve en la amenaza del cambio climático otra tontería más procedente de la factoría progresista, sino el izquierdista Lula da Silva. Por lo tanto –agregan estos partidarios– los fuegos del Amazonas no son ninguna novedad traída por Bolsonaro.

Y tienen razón. No obstante, los observadores más pesimistas advierten que en tanto en cuanto las llamas afectan al mayor bosque del planeta convendría no enredarse en el y tú más y ver, en cambio, qué se puede hacer para que un fenómeno tan recurrente deje de serlo. Entre otras cosas porque los fuegos no sólo matan árboles; también esclavizan a la gente.

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Hace dos años un equipo de reporteros del diario británico The Guardian se metió en un todoterreno de la policía brasileña que deambuló durante dos días por una de las zonas más remotas del estado de Pará. El objetivo era llegar hasta un rancho de 230 hectáreas donde, supuestamente, un terrateniente local llamado Lúcio de Cassio Vieira mantenía a varios trabajadores en condiciones de esclavitud.

Cuando la policía brasileña llegó hasta la propiedad lo primero que vio fue un trozo de madera sobre el que alguien, presumiblemente Cassio, había grabado la siguiente inscripción: “No me envidies; trabaja”.

Dentro del rancho los agentes se toparon con siete jornaleros que dormitaban hacinados en una chabola. Según contaron a los periodistas del Guardian, trabajaban de domingo a domingo, de sol a sol, sin acceso a botiquín alguno, camas o electricidad. La comida era la misma que Cassio daba a los animales y el agua era la que proveyese el cielo. “Nos decía que si escuchaba quejas sólo se calmaría matando a uno de nosotros”, explicó uno de los jornaleros tras comprobar que estaba, en efecto, bajo protección policial.

El abogado del ranchero, que según estos trabajadores se paseaba por la propiedad con una pistola al cinto, rechazó las acusaciones de esclavitud alegando que los siete hombres recibían un salario por sus servicios. Preguntados al respecto, los jornaleros explicaron que recibían alrededor de 50 euros cada tres o cuatro meses (el salario mínimo en Brasil era, en aquel momento, de unos 200 euros al mes). Los cientos de euros restantes iban a pagar la deuda que habían contraído con Cassio por el traslado hasta el rancho y la ‘manutención’.

El caso es que el ranchero de Pará no era una cara nueva para la policía del estado. Cinco años antes los agentes habían registrado otro rancho que resultó ser suyo y en el que encontraron a 15 jornaleros viviendo en situación de esclavitud. En aquella ocasión los trabajadores presentaban, además de un aspecto penoso, signos de haber sido golpeados.

Pero Cassio no es un caso excepcional; un ranchero que aprovechando lo aislado de sus propiedades y la consiguiente indefensión de sus ‘empleados’ ejerce de señor feudal. Hay muchos así. Según datos de Walk Free, en 2017 todavía había 160.000 esclavos en Brasil, un tercio de los cuales malvivía –y presumiblemente todavía malvive– en ranchos parecidos al de Cassio. La cifra sorprende por sí misma, sí, pero sorprende todavía más si se tiene en cuenta que el país cuenta con unas leyes especialmente duras contra la esclavitud. ¿Entonces? Según los expertos, no hay que confundir lo que aparece escrito en los textos legales con la realidad cotidiana. La corrupción institucional, los intereses empresariales y la falta de medios –tres lados del mismo triángulo– complican que en muchos lugares del país se cumpla la ley.

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La falta de medios es, precisamente, lo que ha llevado a un buen número de activistas y a no pocas poblaciones indígenas contrarias a la deforestación a organizarse. ¿Su misión? Resistir al margen de las autoridades.

En el caso de indígenas como los suruí, un pueblo que habita en la frontera de los estados de Rondonia y el Mato Grosso, la resistencia consiste en organizar patrullas que vigilan el territorio para evitar la acción de quienes quieren fulminar la selva, ya sean ganaderos, garimpeiros en busca de metales preciosos o agricultores. Estos, a su vez, responden como cabría esperar: a sangre y fuego. Como cuando en el año 2017 dos de ellos dispararon contra Naraymi, un líder suruí, y su esposa Elizângela Dell-Armelina. Ambos sobrevivieron al asalto.

No tuvo tanta suerte Eusebio, uno de los líderes de los Ka’apor, otro pueblo indígena que habita en el estado amazónico de Marañón. Eusebio era uno de los encargados de organizar las patrullas de su gente para prevenir las incursiones de los rancheros y madereros. En 2015 dos sicarios le dispararon por la espalda y terminaron con su vida. Tras su muerte seis de los siete miembros del consejo Ka’apor recibieron amenazas de muerte.

Tampoco escapan a las represalias de lo que alguna ONG ha denominado “cárteles de la Amazonía” los blancos y mestizos que se enfrentan a sus intereses. Ya sean activistas, líderes sindicales contrarios a la deforestación o pequeños granjeros que por buena conciencia o quizás por miedo a la llegada de competencia han decidido denunciar las incursiones ilegales en la selva. Un informe publicado hace apenas unos días por Human Rights Watch habla de 28 ejecuciones a ciudadanos incómodos en los últimos cuatro años, varios intentos de asesinato y docenas de amenazas. Estas cifras se suman a los 300 cadáveres encontrados desde el año 2009 por misioneros católicos adscritos a la Comisión Pastoral de la Tierra.

De las 28 muertes documentadas por Human Rights Watch sólo dos han sido investigadas. Nada nuevo bajo el sol; de las 300 registradas con anterioridad solo 14 terminaron con alguien sentado frente al juez. Así las cosas uno termina por sospechar que aquellos jesuitas italianos que, dicen, bautizaron el lugar como la Sicilia verde no estaban haciendo gala de ningún sarcasmo.