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Medio Ambiente

Adiós a los vasos de plástico y agua gratis en los bares: estas son las medidas de la nueva ley de residuos

Desde julio de 2021 no se podrán vender pajitas y bastoncillos, entre otros productos de plástico de un solo uso

Adiós a los vasos de plástico y agua gratis en los bares: estas son las medidas de la nueva ley de residuos

Desde 2021, España declarará la guerra al plástico[contexto id=»381817″]. La Estrategia Española de Economía Circular, aprobada por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo acabar con los plásticos de un solo uso y recortar notablemente la generación de residuos. Con el anteproyecto de ley aprobado, España se une así al camino que sigue Europa en la lucha contra los plásticos de un solo uso, así como otros muchos países, que ya han aprobado prohibir en un futuro próximo productos como los bastoncillos y las pajitas.

Este es un resumen de las principales consecuencias y objetivos de esta nueva norma que entrará en vigor, al menos en parte, a partir de julio de 2021:

Adiós a los plásticos de un solo uso

El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno incluye la prohibición de venta de varios productos de plástico de un solo uso desde el 3 de julio de 2021. Así, estarán prohibidos los cubiertos, platos, pajitas y agitadores de bebidas, palitos para sujetar globos, vasos hechos de poliestireno y los bastoncillos de algodón, estos últimos siempre que no sean para un uso sanitario.

Además, la norma española va más allá que la directiva europea y prohíbe los cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos de manera intencional.

Desde que entre en vigor la norma, los envases de plástico de un solo uso serán gravados fiscalmente, según explicó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El tipo impositivo del nuevo impuesto indirecto será de 0,45 euros por kilogramo de envase, una medida con la que se estima una recaudación de cerca de 724 millones de euros.

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Foto: Jon Nazca | Reuters

Cobrar por vasos de plástico y recipientes para alimentos

Dos años después de la prohibición de la comercialización de ciertos plásticos de un solo uso, en 2023, quedará prohibida la distribución gratuita de envases de plástico para alimentos y bebidas, y será obligatorio cobrar a los consumidores cada uno de estos productos, que deberá aparecer diferenciado en el ticket de venta.

Agua sin embotellar en los bares

Otra de las medidas de esta nueva norma afectará al sector de la hostelería, que deberá ofrecer a los consumidores de manera gratuita la posibilidad de pedir agua no envasada, complementaria a la oferta del establecimiento. Esta medida se propone que sea de aplicación inmediata, desde la entrada en vigor de la norma, y el Gobierno afirma que les gustaría que apareciera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a finales del año 2020 o en el primer trimestre de 2021.

Además, las administraciones públicas reducirán el consumo de agua embotellada en sus dependencias con fuentes de agua potable y con envases reutilizables.

Respecto a las botellas de plástico, Ribera explicó que se regularán los objetivos de recogida en dos horizontes: en 2025 se recogerá separadamente el 77% en peso, respecto al introducido en el mercado, y en 2029, el 90%.

Control de los residuos

El anteproyecto de ley contempla también la gestión de los residuos, de la que se quiere asegurar la trazabilidad y aumentar su transparencia, para lo que se regula el registro de producción y gestión de residuos y se incluye la información relativa a los productores y gestores, así como a las memorias anuales de gestión. Una de las novedades del anteproyecto es la obligación de llevar un registro cronológico a las entidades o empresas que generen subproductos y las que los utilicen.

 

Además, la norma contempla sanciones y nuevas infracciones, y será considerado «muy grave» el abandono, el vertido y la gestión incontrolada de residuos peligrosos y de cualquier otro tipo de residuos, en caso de que se ponga en peligro la salud de las personas o el deterioro grave para el medioambiente.

Las multas oscilarán desde 50.001 euros hasta 2.000.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la sanción podrá ser desde 350.000 euros hasta 2.000.000 euros, para las infracciones muy graves.

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