Lo que queda de ETA

ETA ha anunciado su disolución, como estaba previsto, a primeros de mayo. Una disolución enmarcada en un proceso que comenzó el pasado año con su desarme, y que llega días después de un comunicado fechado el 8 de abril y publicado el día 20 en el diario Gara, en el que reconoce el daño causado. Queda, sin embargo, una reparación a las víctimas del terrorismo y la resolución de más de 300 asesinatos. Sólo así ETA habrá sellado su final definitivo.

Otro 8 de abril pero de 2017, ETA escenificó un desarme simbólico en la localidad francesa de Bayona, considerado para muchos un “teatrillo” o «acto propagandístico» insuficiente, mientras que para otros fue la señal inequívoca de la disolución definitiva de la organización.

El anuncio de ese desarme llegó el 17 de marzo a través del periódico francés Le Monde y del grupo de mediadores, personas «de la sociedad civil» que, según su portavoz Michel Berhocohirigoin, mantiene “relaciones” con todas las partes confiando en que los gobiernos de España y Francia «no pongan trabas al desarme definitivo». La confirmación oficial llegó apenas 24 horas antes de dicha entrega por parte de la propia ETA a través de una carta publicada por la BBC.

Cese de la violencia

El 20 de octubre de 2011, tres encapuchados anunciaron públicamente el «cese definitivo de la actividad armada«. Acosada por las policías española y francesa, abandonada por gran parte de la sociedad vasca, la organización no estaba anunciando una de sus numerosas treguas trampa para forzar una negociación con las autoridades; estaba realizando un anuncio histórico que implicaba acabar con 43 años de crímenes y 828 víctimas mortales. En el comunicado leído tampoco se hablaba de condiciones más allá de instar al gobierno español a participar en un diálogo dirigido a resolver las consecuencias del «conflicto». Así es como los etarras se referían a los asesinatos, extorsiones y secuestros.

Los principales partidos se congratularon de la noticia coincidiendo en destacar que el anuncio era el resultado de la acción policial, judicial y política contra ETA, en la que había jugado un papel importante la colaboración internacional, sobre todo, del Gobierno de Francia, país durante muchos años utilizado como santuario para los terroristas. Atrás habían quedado los años en los que los etarras cometían atentados en España y cruzaban a Francia sabiendo que no serían detenidos por los gendarmes.

El asesinato de Miguel Ángel Blanco

La sociedad vasca, que durante décadas miró hacia otro lado ante los atentados e incluso justificó las acciones de ETA, hacía años también que había dejado de apoyar a los terroristas. El asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, después de permanecer secuestrado tres días, supuso un antes y un después en la historia de ETA.

Blanco fue secuestrado a primeras horas de la tarde del 10 de julio de 1997. Horas después ETA emitía un comunicado en el que exigía al Gobierno el acercamiento de los presos de la organización a cárceles del País Vasco, amenazando con matar al concejal en el plazo de 48 horas si no eran atendidas sus peticiones. El Gobierno presidido por José María Aznar, apoyado por el resto de las fuerzas políticas, no cedió al chantaje y el sábado 12 de julio a las cuatro de la tarde, tras cumplirse el plazo, los terroristas asesinaron a Blanco de dos disparos y lo dejaron en un descampado en la localidad de Lasarte, en Guipúzcoa. Según las autoridades, el joven falleció al día siguiente.

Partidos y ciudadanos se unieron en un clamor hasta entonces desconocido contra la brutalidad de ETA. Se produjeron manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades del país condenando la ejecución; las condenas llegaron también desde la comunidad internacional que, hasta entonces, se había mantenido al margen de una cruenta realidad que se vivía en España desde los años 60.

Más de 300 asesinatos sin resolver

Si en el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco, sus asesinos fueron detenidos y fueron condenado tras un juicio que se celebró en el año 2006, todavía hoy los familiares de más de 300 asesinados por ETA esperan que se haga justicia. En diciembre de 2016 quedaban 312 atentados que aún no han sido juzgados, según datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

Desde 2011 se han reabierto 20 sumarios sobre ETA, 12 de ellos correspondientes a casos «sin autor conocido». Además de las más 800 personas asesinadas en sus medio siglo de actividad criminal, los terroristas dejaron más de 20.000 heridos y damnificados y casi un centenar de secuestrados.

Las víctimas reclaman que ETA deje las armas, sí, pero también exigen justicia, que los terroristas paguen por todo el sufrimiento que han causado. Con este objetivo, un grupo de intelectuales y víctimas de ETA hizo público en 2017 el Manifiesto ‘Por un fin de ETA sin impunidad’. Una de sus promotoras, la eurodiputada de UPyD y ex presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Pagazaurtundúa, contaba que el documento presentado en San Sebastián 48 horas antes del desarme de ETA estaba teniendo un gran acogida y habla a The Objective del anuncio de los etarras.

Catedráticos, artistas, escritores, víctimas, periodista y políticos se sumaron a este documento al que en sólo unas pocas horas ya se habían adherido 14.000 personas. Un texto en el que se dice «no al proyecto político de ETA; sí a la justicia y no a la impunidad; sí a la verdad, no a la falsificación de la historia», en el que se exige que la política no se convierta en una política de gracia y se aboga por «un final de ETA basado en la dignidad».

«Hemos conseguido ganarles desde el punto de vista policial, operativo, pero no desde el punto de vista político porque ellos no han renunciado a ser lobystas de los asesinos, a verlos como héroes, a intentar que los presos de ETA sean el foco de la opinión pública», añade Maite. «Lo que hay que hacer es no dejarles y obligarles a que evolucionen. Cuando se ha hecho tanto daño y se quiere estar en el espacio público, hay que  asumir la responsabilidad política y social pero eso no quieren hacerlo, quieren que los demás asumamos la suya, y eso no puede ser».

¿Y ahora qué?

Después del desarme o de la escenificación en Bayona, ¿qué queda de ETA? Para las víctimas y para el Gobierno de España así como los principales partidos políticos, no basta con que los terroristas hayan cesado la violencia o que digan que han entregado las armas a la sociedad civil.

“Que se desarmen y que se disuelvan, que pidan perdón y que ayuden a clarificar los crímenes que aún quedan por resolver, que es la mejor manera de ayudar a las víctimas”. Esta es la opinión del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, según recordaba la víspera del desarme de ETA, el portavoz y ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. «Que no espere ETA ningún tipo de rédito ni compensación por parte del Gobierno», añadió. Ahora, con el anuncio de su disolución, la postura sigue siendo la misma. «Que no espere nada», ha declarado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En esto, el gobierno cuenta con el apoyo de los principales partidos políticos. 

Para las víctimas, la situación ideal sería la de una organización que anuncia «que se disuelve, que condena el pasado, que intenta integrarse en la sociedad sin hacer trampas, sin decir mentiras y sin manipular moralmente a los demás, porque hay secuelas todavía de miedo, sobre todo en el País Vasco y Navarra». Esa sería la situación ideal que facilitaría todo mucho, pero esto no es así, se lamentaba Maite Pagazaurtundúa, hermana de Joseba, asesinado por ETA en 2003 tras años de amenazas, acoso y agresiones.

En su opinión los etarras «quieren seguir en política porque saben que en el siglo XXI, el negocio del terrorismo no lo pueden seguir haciendo porque los que son terroristas y suicidas se han hecho con el mercado del terrorismo de verdad».  Para la eurodiputada es clave el hecho de que haya una gran colaboración internacional contra el terrorismo, que las víctimas hayan ayudado «muchísimo a deslegitimar el terrorismo» y por lo tanto «no nos merecemos una chapuza».

Para EH Bildu, el partido abertzale, en el que milita Arnaldo Otegi, condenado a seis años y medio de cárcel por pertenencia a ETA, el desarme de la organización es un «acontecimiento histórico» que hay que llevar a cabo con “garantías, con credibilidad, con presencia internacional, con presencia de la sociedad civil y de las instituciones”. El portavoz de Sortu lamentaba que se diga que el desarme “ es un acto de propaganda” cuando es una «buena noticia»  aunque «hay gente interesada en que eso no salga bien”.

Desde el ámbito de la Justicia queda mucho por hacer y por eso la Audiencia Nacional anunció su intención de investigar el arsenal entregado por ETA, a petición de la Fiscalía, en busca de pruebas que puedan llevar a esclarecer los asesinatos de ETA aún sin resolver.