Con la sangre no se negocia ¿o sí?

En España está prohibida la venta de sangre y su comercialización. Donar es un acto altruista y voluntario. Su extracción y procesamiento dependen exclusivamente de las administraciones públicas a través de la red nacional de servicios y centros de transfusión con el Ministerio de Sanidad como última “autoridad competente”, según la legislación vigente.

En Madrid, sin embargo, la polémica está servida y hay sectores que acusan al Gobierno regional de comercializar con las donaciones de sangre, de utilizar el plasma que los ciudadanos donan para ayudar a salvar vidas, como una forma encubierta de subvencionar a Cruz Roja, que cobra 67 euros cada bolsa de sangre que extrae en la calle. Esto es, al menos, lo que denuncia la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (ADECETMA). Las autoridades regionales y la propia ONG niegan las acusaciones.

La culpa de todo este debate que ha sido llevado a los tribunales y a las calles con manifestaciones varias, la tiene el Convenio Específico entre el Servicio Madrileño de Salud, a través del Centro de Transfusión y el Comité Autonómico de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, firmado en diciembre de 2013 y que entró en vigor a comienzos del año siguiente. Desde entonces y hasta el 31 de julio de 2016, el Gobierno regional ya ha desembolsado 16 millones de euros a esta institución.

Es este un asunto delicado porque estamos hablando de vidas humanas, de personas que ceden, nada más y nada menos, que su sangre a cambio de nada; bueno, sí, a cambio de algo tan importante como dar vida, permitir que otras personas se recuperen de una enfermedad o de un accidente, que puedan ser sometidas a una operación y tantas otras actuaciones que se logran con este gesto, sin duda, altruista como pocos.

Atrás quedaron esos oscuros años en los que en España estaba permitida la venta de sangre, en los que las extracciones se realizaban por diferentes entidades públicas y privadas sin orden ni concierto. En Madrid se crea a mediados de los 80 el Centro de Transfusión para organizar, gestionar y unificar todo esto y dar al proceso de las donaciones la seguridad y calidad necesarias para donantes y receptores. Por eso, resulta cuanto menos alarmante la sospecha de que en la capital pueda existir en torno a esta actividad pública y gratuita un componente económico.

Esta es la tesis que mantiene ADECETMA. Sus denuncias se han hecho eco entre colectivos que defienden la sanidad pública y critican la privatización más o menos encubierta de la misma por parte del Gobierno regional, como Marea Blanca, con denuncias por escrito y en forma de protesta en las calles de la capital y la propia ADECETMA con campañas propias.

“Esto es algo que sólo ocurre en Madrid”, asegura la portavoz de la Asociación, Deli Edreira, que nos cuenta que en ese proceso de unificación de la gestión de todo lo que tenía que ver con la hemodonación, todas las organizaciones que extraían sangre se fusionaron en torno a la Unidad de Centro de Transfusión (UCT). Todas menos Cruz Roja. “Por algún motivo que nunca hemos entendido, Cruz Roja seguía extrayendo sangre, procesando y distribuyéndola paralelamente a la UCT. Eso fue así durante veintitantos años y en diciembre de 2013 la Comunidad de Madrid dice que va a firmar un convenio, que ya está cerrado, que sólo falta la firma con Cruz Roja para que sea ésta la que se encargue de la extracción de sangre en los puntos de calle”. En dicho convenio se le da a la ONG la exclusividad en cuanto a extracciones en la vía pública.

Desde el Servicio Madrileño de Salud, un portavoz rechaza una por una las críticas de quienes cuestionan el fondo del convenio. Explica que antes de dicho acuerdo, en la Comunidad de Madrid había dos unidades que gestionaban las donaciones de sangre, el Banco Público y Cruz Roja. “Eso en el panorama nacional era una anomalía, en el sentido de que es la Administración la responsable de la gestión de las donaciones y de los derivados de la sangre y demás”. Para acabar con dicha anomalía y teniendo en cuenta “el buen trabajo de Cruz Roja, y en especial el que atañe a la donación en vía pública, se consideró que una buena forma de integrar esa actividad y que hubiera un solo banco público, que el es Centro de Transfusión, Cruz Roja continuara con su actividad a través de un convenio”. Lo que la Consejería mantiene es que “es una actividad de la administración que, como otras, se realiza a través de una concesión a una entidad que, en este caso, es una ONG, no una empresa”.

GASTOS ¿QUÉ GASTOS?

“Con lo que no estamos de acuerdo es con ese detalle. ¿Por qué tiene que ser Cruz Roja la que extraiga la sangre?”, se pregunta la representante de ADECETMA, para quien lo lógico hubiera sido que fuera el propio Centro de Transfusión, de carácter público, el que absorbiera la actividad que está realizando Cruz Roja. Edreira va más allá al apuntar que el verdadero problema es que la Comunidad de Madrid, con el dinero de todos los madrileños, “está pagando 67 euros por cada bolsa de sangre que aporta” la ONG.

¿67 euros por qué?, preguntamos al portavoz del Servicio Público de Salud de Madrid. “Esa es la valoración que se ha hecho del coste. Incluye el combustible, los salarios, algunos materiales – otros no, porque son del Centro de Transfusiones –  y recursos. Se hace un baremo y se establece por unidad, y lo que da es 67 euros”, responde. ¿Cruz Roja no gana nada?, preguntamos. “¡Claro que no! Porque si ganara sería una actividad comercial. No puede ganar nada y no gana nada. Está establecido así y baremado así para que sea así, pero, lógicamente, esa actividad tiene un coste que se repercute para que la entidad pueda llevar a cabo esa actividad”.

 

Para ADECETMA, la respuesta no aclara nada. “Eso lo dicen pero no lo demuestran. Nosotros, desde que empezó todo el proceso estamos hartos de solicitarles a través de numerosas vías, a través de un juez, a través de la Consejería, información sobre los gastos. Esa cantidad, esos 67 euros ¿en concepto de qué? ¿Por qué se ha llegado a esa cantidad? ¿Por qué son 67 y no 90 ó 30? Pero no conseguimos que nos lo expliquen. Lo único que dicen es que tienen que soportar los gastos. Evidentemente, los habrá, pero nosotros decimos: unidades móviles son las de la Comunidad de Madrid, que se las han cedido; el material para hacer la extracción de sangre se les cede también gratuitamente, es decir, lo compra el Centro de Transfusión y se les suministra. Lo paga el Centro de Transfusión, lo pagamos todos los madrileños”, comenta Edreira.

Ni siquiera en el tema de los sueldos la Asociación está de acuerdo con lo que dice la Consejería. “Y luego, efectivamente, hay que pagar al personal que realiza esa actividad. Pero eso tampoco nos convence demasiado porque aquí, en el Centro de Transfusión, el personal que estaba realizando esa actividad se le ha quitado de la ubicación donde estaba para dárselo a Cruz Roja. Así que no hubiera sido necesario si esto hubiera seguido siendo un servicio público. No hubiera sido necesario pagar a una segunda persona para hacer lo mismo que hacía la primera. Es quitar a unos para poner a otros”.

Cruz Roja ha salido al paso también de este debate. Ya lo hizo en su día con una ilustrativa nota de prensa que nos reenvían ahora en la que, entre otras cosas, asegura que «Cruz Roja jamás ha hecho ni hará negocio con esto». Su experiencia en más de 161 países trabajando en este ámbito lo confirma. Pero, aunque sea altruista tiene un coste, indica la ONG. ¿Qué coste? «De contratación de profesionales sanitarios que garanticen el proceso de la hemodonación, de mantenimiento de autobuses, de compra de material… La Comunidad de Madrid cuantifica estos costes y, en nuestro caso, ha calculado una tarifa de 67 euros por bolsa de sangre”. Una cantidad que la propia entidad asegura que es insuficiente ya que la actividad le resulta “deficitaria”. Otra cosa es que, como dice, tenga todo el derecho a recuperar parte de los costes a través de esos 67 euros.

 

Sospechas

La pregunta es: ¿por qué se firma un convenio con Cruz Roja cuando existe una entidad pública que puede hacer ese mismo trabajo y que lo hacía sin sobrecoste, teniendo en cuenta que el Centro de Transfusión tiene el personal adecuado y es en el propio centro donde esa sangre extraída por Cruz Roja se procesa y se distribuye a los hospitales?

El portavoz de la Sanidad Pública Madrileña explica que “partimos de una situación en la que hay una entidad, una ONG con mucho arraigo que es Cruz Roja, con un funcionamiento muy bueno, sobre todo en donaciones en vía pública, que obtenía muchísimo más que el Centro de Transfusión”; a esto se añade que en el Centro “no se contaba con el personal suficiente como para asumir la actividad que tenía Cruz Roja, y en lugar de decidir que todo lo asuma el Centro y decir ‘se acabó la actividad de Cruz Roja porque sí’, se entendió que era mejor unificar las dos actividades, siempre siendo actividad de la administración”. Insiste mucho el portavoz en que se optó por el convenio porque “Cruz Roja tenía más actividad y lo hacía muy bien”; un convenio como “cualquier otro de la administración”, puntualiza.

Por ejemplo y, para que se entienda mejor, explica que en el caso de la drogodependencia, muchísimas actividades de prevención y asistencia las realizan ONGs y “no son subvenciones, son convenios, son contratos, y no pasa absolutamente nada, y es obligación y es titularidad de la administración hacer esa labor”. “Es que en ese caso, si sabemos que las madres contra la droga en tal sitio llevan tiempo haciendo esa labor y son las que mejor lo hacen, pues se les concede esa actividad pero con las directrices y la cobertura que hay que dar y que es de la Administración”, insiste.

Volviendo al tema de las donaciones de sangre subraya que “cuando la realidad es que tienes una ONG que está haciendo un gran trabajo y especialmente en lo que es donación en vía pública, se valora y se decide que la mejor forma de integrar ambas actividades de la administración, pero que se hagan aparte, sea a través de un convenio con quien lo está haciendo en mayor volumen y muy bien. Ya está”. Esto no significa que el Centro de Transfusión lo fuera a hacer mal, puntualiza, pero “se valoró el hecho de que Cruz Roja tenía más peso en vía pública, una imagen más potente, y mucha más presencia en aquel momento que el Centro de Transfusión y por eso se decidió que se quedara con eso”.

ADECETMA pone en duda esta explicación. “Eso no es verdad porque el Centro de Transfusión funcionaba con unos niveles de calidad muy altos, con lo cual lo único que chirriaba era que se estuviera haciendo por dos vías. La solución habría sido que se absorbiera por el Centro lo que estaba haciendo Cruz Roja”. Aunque en la Asociación admiten que no saben “mucho más”, sí tienen sus sospechas de qué hay detrás del convenio y explican cuáles son éstas. “Si se está realizando una actividad en buenas condiciones, con excelentes resultados y de pronto alguien decide dárselo a una entidad que, no nos equivoquemos, es una entidad privada, es una empresa y funciona como tal, realizando actividades y cobrando por ellas, como subvención o como lo que sea, pero está realizando una actividad por la que cobra; si esta es la situación, nosotros lo que sospechamos y lo que puede sospechar cualquiera es que se ha hecho por el dinero; porque de alguna manera había que beneficiar económicamente a Cruz Roja, para ayudarle en su mantenimiento o lo que sea«.

En este apunto, Eli Edreira recuerda que el convenio se firmó coincidiendo con la crisis económica en España, momento en el que las subvenciones a organizaciones no gubernamentales y humanitarias se redujeron mucho. “Y Cruz Roja se vio afectada como Cáritas o cualquier otra asociación”. “Sospechamos, porque realmente nadie nos lo ha confirmado, que aquí se está funcionando por dinero” e insiste en que “realmente, no sería necesario pagar esos 67 euros por cada bolsa para que se realice la actividad porque se estaba haciendo sin necesidad de desembolsar ese dinero”. Esto es así, además, porque si un donante va a un hospital público, “ese sobre coste de 67 euros, desaparece. Porque no nos olvidemos que ese dinero se paga única y exclusivamente por extraer la sangre y llevarla al Centro de Transfusión que es el que se encarga de procesarla y distribuirla, que tiene un coste añadido. Al final, el precio de la bolsa es mucho más que esos 67 euros. No habría que pagar ese dinero si todo esto lo hicieran los trabajadores del Centro de Transfusiones que lo estaban haciendo”, concluye.

Vetos políticos y batalla judicial

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid el convenio “ha sido criticado por algunos grupos de la oposición que, en algunos casos, han llegado a que en determinados ayuntamientos de la región se esté dificultando el acceso de las unidades móviles de Cruz Roja. El portavoz de Sanidad está convencido de que la polémica se ha politizado “y, a partir de ahí, el lío”. Toda actividad tiene unos costes pero “claro, cuando hablas de dinero parece que el discurso como que se corrompe, pero está la gente que trabaja en Cruz Roja, el combustible de los autobuses, etcétera – pero no de ahora, sino de toda la vida – y lo mismo cuando hay una cesión de compuestos sanguíneos de una comunidad a otra, los costes repercuten, de siempre, y eso no significa que haya una ganancia, que haya un beneficio o que haya una actividad comercial porque no la hay, entre otras cosas porque en España está prohibido desde los años 80”. Además, añade, al hablar de costes, parte de los trabajadores del Centro de Transfusión o de representantes sindicales no estaban de acuerdo por su propio interés o por lo que ellos defiendan, y se generó un poco este debate que lleva años”.

No sólo no supone ningún problema, asegura el portavoz, sino que la gestión de las donaciones a partir del convenio “funciona correctamente”, hasta el punto que “la Comunidad de Madrid este año pasado, por primera vez estaba en autoabastecimiento prácticamente de forma global; de forma puntual hacemos llamamientos a la donación, de siempre. Pero de forma global, prácticamente no tenemos que solicitar absolutamente nada a ninguna otra Comunidad Autónoma y eso antes no era así. Es decir, que el funcionamiento real último está siendo muy bueno”. E insiste en que “se ha politizado, se ha mezclado, se ha querido confundir lo que son unos costes que se bareman y que se repercuten, porque así tiene que ser, con una actividad comercial que no existe”.

 

Nos cuenta también que los críticos no dicen que «en virtud de este convenio la actividad de procesado de sangre y distribución de sus derivados dejó de hacerlo Cruz Roja para hacerlo el Centro de Transfusión”. Es cierto que el Centro ya lo hacía pero también es verdad que la ONG tenía su propio laboratorio y toda esa actividad dejó de hacerla. “Lo que quiero decir es que no es un convenio de cesión de una actividad, es un convenio en el que una ONG deja de hacer una actividad para que la asuma la administración porque ésta tiene más recursos«. “Quizá no lo hemos sabido contar”, admite después de explicar que el convenio, en definitiva, lo que hace es un reparto de tareas.

Más allá de este debate, lo que preocupa a los responsables de la Sanidad Pública de la Comunidad es la actitud de algunos ayuntamientos de la región con las donaciones en puntos de calle. «Lo grave es que para oponerse al convenio se dificulte el acceso de unidades móviles a determinados ayuntamientos«. ¿Eso está ocurriendo?, preguntamos alarmados. “Sí, claro. Hay cuatro o cinco municipios, el primero fue San Fernando de Henares, luego Mejorada, no sé si Velilla…todos del Corredor del Henares». Unas actuaciones con las que no está de acuerdo el Partido Socialista en la Asamblea, según cuentan desde la Consejería de Sanidad, a pesar de que «algún ayuntamiento socialista con apoyo de Podemos también ha entrado en esto». «Entendemos que puedes estar más o menos de acuerdo con el convenio, a pesar de que nos hemos desgañitado explicándolo; será mejorable o no, pero no se comercializa nada; lo que es terrible es no dejar a tus ciudadanos que tengan esa opción de donar sangre porque en esos municipios no hay hospital, no hay punto de donación fijo».

El convenio de la discordia tiene una duración de seis años. Cruz Roja seguirá cobrando 67 euros por bolsa de sangre extraída en la calle durante otros tres años lo que supondrá unos 52 millones de euros, según cálculos de la ADECETMA. Donar seguirá siendo una actuación voluntaria y altruista, más allá del debate político.

El asunto, mientras, permanece abierto a la espera del recurso ante el Tribunal Supremo presentado recientemente por los trabajadores del Centro de Transfusiones, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazara en abril un recurso contra el acuerdo. Los motivos para no admitir la demanda no dejan de ser sorprendentes puesto que en la resolución, la justicia de Madrid considera que el convenio denunciado «no repercute directamente» en los intereses de los empleados del citado organismo público. Ni siquiera entró a valorar el fondo de la denuncia. ADECETMA espera que el Supremo sí lo haga y estime si la denuncia tiene o no fundamento jurídico.