¿Está amenazada la libertad de expresión en España?
Por primera vez en su historia, ARCO retira una obra; una juez ordena el secuestro de un libro; un rapero es condenado a tres años de cárcel. Estas son noticias reales y ocurridas en España en apenas un par de días. La polémica está servida porque en todos los casos hay un denominador común: la defensa o vulneración de la libertad de expresión en democracia.
Por primera vez en su historia, ARCO retira una obra; una juez ordena el secuestro de un libro; un rapero es condenado a tres años de cárcel. Estas son noticias reales y ocurridas en España en apenas un par de días. La polémica está servida porque en todos los casos hay un denominador común: la defensa o vulneración de la libertad de expresión en democracia.
En medio del debate, Amnistía Internacional (AI) ha hecho público un informe en el que denuncia que 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión en España . “Alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso”, y recuerda que sólo el pasado año hubo 20 condenas dictadas por “enaltecimiento al terrorismo” y humillación a las víctimas. «Comentarios en redes sociales, letras de canciones controvertidas y bromas están siendo criminalizadas bajo esa categoría vaga de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas”, añade AI.
Una conclusión preocupante para un país donde los derechos de manifestación y de reunión, por ejemplo, también se han visto restringidos con sanciones desorbitadas recogidas en la polémica Ley de Seguridad Ciudadana del PP, más conocida como ‘ley mordaza’, aprobada por el Congreso de los Diputados en 2015 con el voto en contra de la oposición. El PP tenía entonces mayoría absoluta. La reforma de la ley, que limita también el derecho a la información, fue impulsada por el Grupo Socialista en 2016, pero el texto permanece en el olvido a la espera de que se reanude el trámite para derogar una norma que partidos, como PSOE o Podemos, utilizaron como bandera del progresismo. Ahora, al hilo de la polémica, ambos han vuelto a reivindicar la urgente necesidad de acabar con la ‘ley mordaza’.
Para el magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquím Bosch, «todo empezó con la Ley de Seguridad Ciudadana». En España «tenemos menos libertades ahora que en los años 80», asegura.
Todo empezó con la Ley de Seguridad Ciudadana, que convertía en enemigos a quienes protestaban. Continuó con una dura reforma penal, que criminalizaba muestras de disconformidad. Y ahora vamos hacia un sistema autoritario, que recupera la figura del disidente político castigado.
— Joaquim Bosch Grau (@JoaquimBoschGra) 20 de febrero de 2018
Incluso el diario The New York Times se ha hecho eco de estas polémicas decisiones, llegando a decir que «ya sea por ley o por intimidación, España se ha convertido en un país donde los riesgos para la libertad de expresión han aumentado en los últimos años».
ARCO no quiere ‘presos políticos’
Santiago Sierra seguramente no imaginó que su obra ‘Presos políticos en la España contemporánea‘, con la que había acudido a la 37 edición de la Feria de Arte Contemporáneo de España (ARCO) iba a sentar un precedente; un polémico procedente, porque las 24 fotografías con retratos pixelados de personajes en prisión preventiva, entre las que están el exvicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, y los presidentes de las organizaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, encarcelados en relación con la investigación judicial en marcha sobre el procés, fueron retiradas.
En una entrevista concedida a Ctxt , Serrano lamentaba lo ocurrido y se declaraba perplejo. En su opinión, «vivimos una histeria colectiva con el tema del procés», y a la pregunta de si cree que España está viviendo un proceso de involución democrático, su respuesta fue contundente: «el Estado está penetrado por el crimen organizado».
Los responsables de IFEMA, donde se desarrolla ARCO, fueron los que pidieron a la galería de Helga de Alvear, que llevó la obra en discordia, que la retirara. El argumento fue que podía molestar y crear una controversia que perjudicara al resto de las obras. En cuanto se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de comentarios, la mayoría críticos con la decisión, calificándola de «censura». La obra fue retirada, sí, pero antes fue fotografiada y reproducida hasta la saciedad en Twitter, en los medios de comunicación…Y lo que es más, la obra fue adquirida por 90.000 euros. Probablemente, lo que IFEMA no quería que ocurriera.
Ante la avalancha de críticas, llegaron las disculpas al día siguiente de retirar la obra. La dirección del recinto ferial aseguraba que sentía lo ocurrido, que no volverá a pasar y que, en ningún caso, hubo «mala fe». Pero la obra no retornó a ARCO cuyo director, Carlos Urroz, dejó claro desde el primer momento que no compartía la decisión.
Los políticos no han permanecido ajenos a la polémica.
«La libertad de expresión en cualquier ámbito es una pieza fundamental del Estado de Derecho, y desgraciadamente, desde que tenemos un gobierno del PP, la libertad de expresión en España está muy restringida», declaraba la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles. En este sentido, aseguraba que el PSOE quiere sacar adelante más pronto que tarde la derogación de la ‘ley mordaza’. Una declaración genérica de Robles cuyo partido, sin embargo, no se opuso a la retirada de la obra cuando el órgano director de IFEMA, en el que tienen representación, tomó la decisión.
«Bienvenidos a Turquía», decía, por su parte, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Joan Tardá, partido del que es líder Oriol Junqueras. «Bienvenidos al régimen de Erdogan ¡Cuánta hipocresía! Es una vergüenza que tengamos que presenciar un ejercicio de hipocresía tan superlativo, porque…como que no tienen la honradez, la honestidad de decir que se trata de un ejercicio de censura».
El Gobierno, sintiéndose aludido por esta y otras acusaciones similares, salió al paso asegurando que «nosotros no censuramos a nadie«, en palabras del portavoz y ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. En el lado opuesto, Podemos, y como expresión del rechazo a esta retirada insólita de una obra de arte en ARCO, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, decidió no acudir a la inauguración presidida por los Reyes, al día siguiente de que estallara el caso.
El escándalo de ARCO se produjo coincidiendo con otra polémica no menos intensa. La juez de Collado Villalba (Madrid), Alejandra Fontana, ordenó el secuestro cautelar del libro ‘Fariña’, obra del periodista Nacho Carretero publicada en 2015 en la que narra con datos contrastados y reales cuenta la historia del narcotráfico gallego. La juez adoptó la medida a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra), José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor.
«Creo desproporcionado secuestrar Fariña por plasmar unos hechos probados judicialmente en tres líneas del libro», dijo Carretero.
Creo desproporcionado secuestrar Fariña por plasmar unos hechos probados judicialmente en 3 líneas del libro. En cualquier caso, quien demanda está en su derecho y es una medida cautelar, así que ojalá se resuelva pronto. Mil gracias por el contundente apoyo. De verdad.
— Nacho Carretero (@NachoCarretero) 21 de febrero de 2018
La reacción en las redes sociales contra lo que, de forma mayoritaria se calificó de «censura», no fue nada comparada con las ventas del libro en Amazon. ‘Fariña’ se convirtió en el libro más vendido en unas horas, mientras numerosas personas publicaron el párrafo de la discordia en Twitter.
El Gremio Libreros de Madrid publicó también un comunicado en el que expresó su «rotundo desacuerdo y unánime disconformidad con esta medida» y anunció que «Fariña se queda en las librerías».
Para Pablo Iglesias, líder de Podemos, «la libertad de expresión está sufriendo el mayor ataque desde la dictadura y no podemos quedarnos callados». Se refería al secuestro de Fariña y a la sentencia condenatoria contra el rapero Valtonic.
Y es que antes del secuestro de Fariña, los medios de comunicación se hicieron eco de la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la condena a tres años de prisión contra el rapero Valtonyc por delitos de «enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales».
El rapero reaccionaba con este tuit a la sentencia
— Josep V. 🎗️ (@valtonyc) 22 de febrero de 2018
Una decisión calificada por muchos de «desproporcionada». La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) calificó la condena al rapero de «inaudita» e «impropia de una democracia» que vulnera los principios internacionales sobre libertad de expresión. «Valtonyc va a ser el primer cantante que entre en prisión en España acusado de enaltecimiento del terrorismo. Lo que estamos viendo es inaudito e impropio de una democracia plural: la persecución de la canción protesta», dijo en un comunicado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.
Una valoración no compartida por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para quien las expresiones de odio y los extremismos deben ser perseguidos con las armas legales que ofrece el Estado de derecho; más contundente, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo que «una amenaza de muerte es una amenaza de muerte independientemente de que el soporte en el que se haga sea digital o analógico». El líder de la formación es uno de los políticos que ha recibido amenazas de muerte a través de las redes.
El caso del Valtonic no es único. Antes que él, la justicia condenó en 2014 a Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo, aunque no entró en prisión porque la pena no superaba los dos años. El rapero catalán tiene varias causas abiertas por tuits publicados en su cuenta. También la justicia española ha condenado a ciudadanos por opiniones «ofensivas constitutivas de delito». El primero en entrar en prisión fue Alfredo Remírez, arrestado en 2015, el mismo día que el cantante de Def con Dos, Cesar Strawberry, por comentaros en Twitter contra las víctimas del terrorismo. Ellos aseguran que son sólo opiniones y se defienden apelando a la libertad de expresión. La cuestión es que la justicia, en todos estos casos, entiende que la libertad de expresión tiene unos límites que terminan donde empieza el Código Penal.
