Precariedad, violencia e invisibilidad: por qué la lucha racial sigue vigente en España

El movimiento Black Lives Matter, que surgió en Estados Unidos, ha hecho eco en otros países del mundo. No solo como movilizaciones antirracistas, sino también en forma de debate acerca de si el racismo existe o no en nuestra sociedad actual. El racismo en España existe pero es invisibilizado y negado desde los centros de poder y los medios de comunicación, según defiende Diego Paz, uno de los portavoces de SOS Racismo Madrid. 

Una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, visitó las ciudades de Madrid, Barcelona, Almería y Ceuta en febrero de 2018 y observó que en España existe discriminación racial en todos los ámbitos de la sociedad. En el informe que este grupo de expertos elaboró tras la visita, enumera un total de 26 medidas que el Gobierno español debía llevar a cabo para paliar la situación de discriminación que viven las personas migrantes en España. “No nos consta que se haya llevado a cabo alguna medida de mejora”, reconoce Diego Paz. 

Quien fue el relator especial de la ONU hasta abril de este año, Philip Alston, también viajó a España, a principios de 2020, para evaluar, en este caso, su nivel de pobreza. El veredicto fue conciso: suspenso. “Siendo un país rico, España vive en una pobreza generalizada. He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país”, aseguró Alston. Para SOS Racismo Madrid, las discriminaciones raciales están invisibilizadas. “Esto es fruto de lo que denunció Philip Alston: la sociedad es negacionista y no quiere reconocer que en España hay racismo”, explica Diego. 

La situación para las personas racializadas en España no ha mejorado casi dos años después la publicación del informe y las recomendaciones de la ONU en agosto de 2018. Además, la crisis causada por la pandemia del COVID-19 ha agravado una situación que, en numerosos casos, ya era alarmante.

La situación laboral durante la pandemia

Muchos trabajadores han perdido sus empleos y otros tantos no han recibido aún la ayuda económica proporcionada por el Estado. Diego Paz expone dos ejemplos donde las condiciones laborales precarias de personas migrantes han empeorado durante los meses de confinamiento. 

Los trabajos remunerados relacionados con la limpieza del hogar y el cuidado de personas dependientes son en su mayoría tareas desempeñadas por mujeres migrantes. Muchas de estas trabajadoras no disponen de documentación regulada ni de un contrato laboral, por lo que, en numerosas ocasiones, el empleador aprovecha esta situación para explotarlas laboralmente. 

Muchas internas se han visto encerradas en las residencias en las que trabajan y no han podido volver a sus países de origen debido al cierre de fronteras. Asimismo, gran parte de las trabajadoras han sido contagiadas por el virus debido al contacto directo con las personas a su cargo. La indocumentación y la falta de una tarjeta sanitaria les dificulta acceder a la prestación de atención médica.

El segundo ejemplo que SOS Racismo Madrid ha calificado de especialmente grave es la situación de los jornaleros en las huertas de Huelva: inmigrantes sin permiso de trabajo que viven en condiciones infrahumanas en asentamientos chabolistas, sin agua potable ni suministros básicos. Unas condiciones que, en palabras del exrelator de la ONU Philip Alston, “compiten con las peores que he visto en cualquier parte del mundo”.

A principios del mes de junio, el Colectivo de Trabajadores Africanos (CTA) pidió en una carta que se regularizara cuanto antes la situación de estos 4.000 o 5.000 jornaleros para evitar que la patronal los utilizara como mano de obra barata en la recogida de la fresa, ya que miles de temporeras marroquíes no han podido trasladarse hasta Huelva debido al cierre de fronteras con Marruecos decretado por el Estado de alarma en España. 

Una regularización extraordinaria de la situación administrativa de estos trabajadores extranjeros solventaría, por un lado, la necesidad de un salario y un alojamiento por parte de los jornaleros y, por otro, la urgencia de la patronal de obtener mano de obra para la campaña de recolección, según recoge la carta del colectivo enviada a los ministerios de Interior, de Agricultura y de Seguridad Social e Inmigración.

Las ayudas económicas promovidas por la Junta de Andalucía han sido calificadas por el Colectivo de Trabajadores Africanos como “limosna” y han declarado que se limitan al asistencialismo: “Aquí el problema no es la comida, es la vivienda y tener papeles”, escribió el CTA en sus redes sociales.

Violencia racista policial

El Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en España y el Rights International Spain (RSI) registraron hasta 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias durante los meses de confinamiento. Por parte de SOS Racismo Madrid, Diego asegura que también se han visto desbordados en su oficina de información y denuncia.

La razón, explica el activista, es que, durante los meses de confinamiento, la gente no estaba en la calle y las acciones policiales no se contenían bajo la mirada de los transeúntes. “Los policías se ven con menos vigilancia y están más libres de ejercer la violencia policial, violencia racista policial”, aclara Diego. SOS Racismo Madrid interpreta la violencia policial como una forma de ejercer racismo desde una posición de poder y de tener controlada y marginada a la población migrante y racializada. 

En muchas ocasiones, las personas paradas por la Policía eran población africana en condición de calle, es decir, personas sin un techo bajo el que pasar el confinamiento y sin una alternativa habitacional ofrecida por los servicios sociales. Diego explica que desde SOS Racismo Madrid trataron de derivarlos a sitios de acogida pero que el colapso en estos centros era una realidad.

Ciudadanos racializados, de etnia árabe o negra, también eran parados por la Policía cuando iban a hacer la compra. “Cuando veían a una persona racializada caminando por la calle asumían que estaba incumpliendo el Estado de alarma y les registraban”, cuenta el activista. A la Policía le era indiferente que las personas a las que arrestaban no tuvieran adónde ir: el motivo principal de la detención es el perfil racial. Incluso en una ocasión, la Policía apuntó con metralletas a seis chicos afrodescendientes en el barrio madrileño de Lavapiés el pasado 27 de marzo, recuerda Diego. 

Otro ejemplo que relata es la irrupción de la Policía en el taller del Sindicato de Manteros en Barcelona cuando estos se encontraban tejiendo mascarillas y otros materiales médicos. La población negra y afrodescendiente es la que más sufre detenciones policiales en un 32%, según el estudio elaborado por Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en España y RSI. 

El documento elaborado por la ONU en 2018 tras la visita a España recogió que el establecimiento de perfiles raciales de los afrodescendientes es un problema endémico en el país. La formación especializada de los agentes de Policía y del funcionariado para prohibir y sancionar el uso de perfiles raciales es una tarea pendiente que ya incluyó la ONU en su informe y que persiguen organizaciones como SOS Racismo.

Los CIES: el agujero negro del racismo en España

El grupo de expertos de la ONU hizo especial hincapié en las condiciones de encierro que viven las personas migrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Estos centros son para SOS Racismo “un agujero negro”, donde los medios de comunicación tienen las puertas cerradas y donde, incluso, se han dado casos de muerte y suicidios no demostrados.

Diego Paz niega que se hayan llevado a cabo las medidas propuestas por el informe de la ONU, las cuales tenían el propósito de mejorar la situación de los migrantes en estos centros. “El Estado encierra como delincuentes a las personas durante dos meses por una falta y las mantienen en condiciones insalubres. No tener papeles no es un delito”, sentencia el portavoz.

La vida en los CIES tampoco ha pasado desapercibida a los efectos del coronavirus. El confinamiento llevó al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla a agrupar durante la pandemia a 1600 personas en un espacio con un máximo de 700 plazas. Diego explica que las autoridades de Melilla se vieron obligadas a abrir un centro en la periferia de la ciudad autónoma para dar cabida a los cientos de marroquíes, melillenses sin hogar y jóvenes migrantes debido a la saturación del CETI. Al recinto lo bautizaron como V Pino.

SOS Racismo Madrid indica que la vulneración de derechos humanos es tal que tuvo lugar un levantamiento en el CIE de Aluche a comienzos del confinamiento. En él, una veintena de internos exigía la libertad de lo que consideran presos y denunciaba las condiciones en las que se encontraban: comida en mal estado, escasez de agua, falta de asistencia médica a personas con síntomas de COVID-19 e inexistencia de mascarillas. Ante el riesgo sanitario y el cierre de fronteras, los presos fueron puestos en libertad y, actualmente, el CIE de Aluche se encuentra cerrado indefinidamente.

La “nueva normalidad” para las personas migrantes

Más de un millar de asociaciones autoorganizadas que luchan por los derechos de las personas racializadas impulsaron la campaña #RegularizaciónYa para buscar la regularización de las aproximadamente 600.000 personas que se encuentran “sin papeles” en España. 

La campaña fue lanzada en redes durante la pandemia de COVID-19 y, el 19 de junio, se convirtió en una proposición no de ley que los colectivos antirracistas presentaron en el Congreso. La propuesta fue respaldada el pasado viernes por ocho partidos políticos, entre ellos el socio de Gobierno Unidas Podemos. 

El portavoz de SOS Racismo Madrid aclara que la campaña parte de la iniciativa popular, de personas que sufren el racismo institucional, traducido en la Ley de Extranjería del 2000. “Nosotros creemos que existe racismo de derechas y racismo de izquierdas porque, aunque se use de distinta forma, esta ley oprime a las personas migrantes y racializadas, independientemente del partido que gobierne”, sostiene el activista. Asimismo, añade que el Gobierno de coalición no la ha tocado: “No hemos experimentado ningún cambio”.

Diego está convencido de que, a pesar de que algunos partidos políticos hayan apoyado la campaña venida de los colectivos de personas “sin papeles”, la movilización de las personas migrantes es lo que en un futuro conseguirá la mejora de la situación del racismo en España. “Nosotras mismas como sujetos políticos vamos a buscar esa mejora y el Gobierno tendrá que reconocerlo y apoyar nuestros derechos”, concluye.