Parches, alquileres abusivos y el fantasma de la okupación: qué pasa con los desahucios

A finales del pasado septiembre, decenas de personas consiguieron parar en Madrid el desahucio de Paco Rodríguez, un anciano de 85 años enfermo de cáncer al que los propietarios (la familia Franco, ni más ni menos) pretendían echar por una supuesta extinción en el contrato, a pesar de que Paco había seguido pagando. Gracias a la intervención de los vecinos logró permanecer en su residencia, en el madrileño barrio de Lavapiés. Otros no han tenido tanta suerte: del 4 al 30 de junio se ejecutaron en España 1.383 desahucios. La situación sanitaria lo paralizó todo, pero la vida continúa, a veces a trompicones. Los juzgados cerraron con el estado de alarma, lo que provocó que los desalojos pendientes se paralizaran hasta que volvieron a abrir, el citado 4 de junio. Por su parte, el Gobierno impulsó un decreto que contribuyó a dar una cierta protección. Cuando la norma estaba a punto de caducar, a finales de agosto, el Consejo de Ministros la prorrogó hasta el 31 de enero. No se sabe qué pasará entonces, aun cuando los partidos en el Gobierno se comprometieron a buscar soluciones. Hablamos sobre desahucios, alquileres abusivos y okupación con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y con Mariano Gasparet, del área de comunicación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Marzo y abril de 2020 son, probablemente, dos de los meses más dramáticos de la historia reciente de España. En ese periodo fallecieron más de 24.000 personas por COVID-19 en todo el país. Mientras el sistema sanitario se venía abajo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 trató de ofrecer algo de seguridad y publicó conjuntamente con el Ministerio de Transportes el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo. Unidas Podemos la presentó como una medida estrella, pero el freno a la sangría de desahucios solo fue momentáneo. En abril, Pablo Iglesias escribió en Twitter que el Gobierno de coalición había «trabajado mucho para apoyar a los autónomos, para proteger el empleo mediante los ERTE o para evitar los desahucios, pero aún queda por hacer». Queda, desde luego. El ejercicio es sencillo: basta con escribir ‘desahucio’ en el buscador de Google y el procesador arroja noticias de diarios, la mayoría locales, que narran uno todas las semanas. A pesar de los esfuerzos. A pesar del vigor de las organizaciones vecinales. La Constitución, que sirve para un roto y un descosido, también planea sobre este conflicto: el célebre artículo 47 afirma que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna.

«Hemos vencido al virus», proclamó Pedro Sánchez el 10 de junio, ya con los juzgados abiertos. Su apertura se puede leer como el estallido de la enorme pared de hormigón de un embalse sobrepasado por la presión del agua. Más tarde, a finales de agosto, ante la posibilidad de que muchas familias pudieran verse en la calle en medio de la segunda ola de la epidemia, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca pidió «una moratoria de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, hasta el 31/12/21, estableciendo en su caso las posibles compensaciones a pequeños propietarios». El Gobierno no adoptó medidas tan contundentes, pero el 29 de septiembre prorrogó el decreto.

El mantra que repitió una y otra vez el Gobierno, (al que algunos colocaron la etiqueta, o el sambenito, de «más progresista de la historia») iba sobre «no dejar a nadie atrás». Sin embargo, según la PAH, las medidas adoptadas son insuficientes y el Decreto, «poco ambicioso», se ha demostrado «ineficaz». Su portavoz, Juan José Ramón, explica a The Objective que «la medida está muy lejos de proteger la vulnerabilidad total que hay. Todas las familias y personas vulnerables previa a la COVID-19 se quedan fuera. Las familias hipotecadas se quedan fuera y muchos sectores sociales que ahora están o pueden llegar a estar en vulnerabilidad, también se quedan fuera».

Esto se debe a que el Real Decreto-ley impulsado por el Gobierno y extendido ahora sólo es efectivo en algunos supuestos, ya que se centra en casos de vulnerabilidad demostrada donde los afectados tengan un contrato de alquiler vinculado a la Ley de Arrendamientos Urbanos. «Si estás en un sector laboral en el que no puedes demostrar bajón o pérdida de ingresos por COVID-19 [dígase contratos temporales, trabajos en B, autónomos…] estás fuera de ese decreto», explica el portavoz de la PAH. La sensación de éste y otros colectivos sociales es que se podría hacer mucho más. El Gobierno parece intentarlo, pero son tiritas para un paciente que se desangra. Más aún teniendo en cuenta que en cinco años el precio del alquiler de la vivienda en España ha subido, de media, un 50%. 

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana difieren, señalando que se ha aprobado recientemente «que no expiren las tramitaciones  durante todo el periodo del Plan Estatal de Vivienda 17-21». El Mitma, según afirman desde su departamento de comunicación, trata de blindar el derecho constitucional a la vivienda («De ahí el Plan de Acceso a Alquiler la Ley Estatal de Vivienda o la reforma de la LAU»).

No ha sido fácil, pero el Gobierno de coalición ha incluido finalmente la intención de regular los alquileres en su proyecto para los Presupuestos Generales. Aunque, de momento, no hay nada sólido: Iglesias afirmó el martes 27 que antes de cuatro meses llevarán al Congreso una ley para limitar los precios del alquiler en «zonas de mercado tensionado». Es decir, se crea un nuevo paréntesis de cuatro meses. Con buenas intenciones, pero un paréntesis. Además, las diferencias entre PSOE y UP son evidentes: el titular de la cartera del Mitma, José Luis Ábalos, enfrió las expectativas la semana pasada alegando que la limitación de los precios del alquiler tendrá que esperar a que se despejen «todas las incertidumbres» que arroja la pandemia en el mercado de vivienda. Desde el Ministerio también recuerdan que se han destinado 16.000 millones para las CCAA, «que son las encargadas competencialmente de gestionar la política de vivienda y también la de servicios sociales», apuntan. Las competencias son autonómicas, bien, pero parece claro que la coalición incluyó en el acuerdo de Gobierno un control del alquiler del que recelan algunos miembros del Ejecutivo.

La PAH no es la única plataforma que califica de inadecuadas las medidas para combatir los desahucios. Idealista también las ha criticado, pero justamente por lo contrario. En el portal de noticias de la empresa inmobiliaria afirman  que «las críticas (por parte del sector inmobiliario) se centran principalmente en la prohibición de que se produzcan desahucios por impago del alquiler». Idealista no quiere que se deje de pisar el acelerador. Y los datos son descorazonadores: durante los primeros tres meses de 2020, ya con la coalición PSOE-UP en el Gobierno, se produjeron 9.659 desahucios (según cifras publicadas por el Consejo General del Poder Judicial).

Estamos muy satisfechos de haber logrado un acuerdo para acelerar la regulación de los precios del alquiler. La Ley para intervenir el mercado de vivienda irá al Congreso antes de 4 meses. Gracias a los sindicatos de inquilin@s por su presión y su defensa del bien común. #PGE2021 pic.twitter.com/Oj7uqf0Y2o

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 27, 2020

Preguntando por su valoración del Gobierno, el portavoz de la PAH es crítico: «En este sentido la actuación del Gobierno nos parece totalmente insuficiente, más teniendo en cuenta la magnitud del problema que sin medidas eficaces y contundentes, dista mucho de solucionarse y solo puede ir a peor. Por no recordar que tanto para Sánchez como para Iglesias acabar con este drama social fue parte de su discurso y promesas electorales». 

La prórroga es hasta enero de 2021, ¿y después qué? Desde el Ministerio aseguran que «el Gobierno adoptará las decisiones que se requieran cuando llegue el momento: hasta ahora, y desde que estalló la crisis, se han prorrogado todas las medidas de  protección social». 

Asimismo, a pesar de la magnitud del problema de los desahucios, en los últimos meses no ha recibido tanto tratamiento mediático como un fenómeno asociado, al menos de manera tangencial: la okupación. La PAH, que defiende la ocupación de vivienda de bancos o de fondos buitre y la califica «recuperación», afirma que se está orquestando una campaña para criminalizar a este sector vulnerable «y empujar a alimentar un espectro que solo provoca guerra entre vecinos». Igualmente, desde esta plataforma opinan que cuando una familia se ve en la tesitura de ocupar una vivienda es porque no le queda ninguna otra opción «y siempre con el objetivo de entrar en negociaciones con el gran propietario para regular su situación con alquiler que se pueda pagar. La PAH nunca ha defendido ni defenderá la ocupación a pequeños propietarios o a pisos de la Administración», detallan.

Ahora bien, ¿qué es un alquiler que se pueda pagar? En el Ejecutivo no lo tienen claro: Podemos presiona para definirlo, para el PSOE parece algo más abstracto.

Desde Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguran que hay una ley en marcha. «El Ministerio escucha, atiende y recoge buena parte de las ideas-propuestas de todos los colectivos o actores del sector cuando legisla. De hecho, las leyes se ponen a disposición pública antes de su tramitación parlamentaria. La regulación de la vivienda es competencia de las CCAA, si bien el Mitma está preparando (ultimando) la primera Ley Estatal de Vivienda de la democracia para homologar las distintas normativas autonómicas y reforzar la protección del derecho constitucional a la vivienda», afirman. Evidentemente, también habrá que ‘escuchar’ y ‘atender’ a Nadia Calviño.

El vicepresidente también es optimista: el martes pasado aseguró que España va a tener «la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado de alquiler en Europa». No es una medida más. La PAH recuerda que la regulación de los precios forma parte del pacto de Gobierno  «como la gran apuesta en vivienda de esta legislatura». Así que exigen contundencia. «El Gobierno no solo podría regular los precios, debería  hacerlo con la mayor premura posible antes de que la situación sea más insostenible de lo que ya lo es para las inquilinas e inquilinos. Falta valentía para enfrentarse a los lobbies inmobiliarios y grandes rentistas», expresan. Reconocen que, si la medida se desarrolla «a la altura de la emergencia», puede dar buenos resultados a largo plazo, pero apuntan que la ley se ha anunciado «sin fecha ni muchos detalles».

Si se materializa la medida, lo más probable es que el Gobierno se encuentre con una oposición encarnizada. Sangre, sudor y lágrimas. De momento, sudor: ya en mayo de 2019, el Banco de España se revolvió y, con el argumento de que la oferta de alquiler era escasa, se opuso a limitar los precios. En enero de este año, cuando no existía el COVID-19 y parecía que la coalición progresista sería capaz de cambiar unas cuantas cosas, la Comunidad de Madrid ya dejó claro que vetaría cualquier control al límite del precio del alquiler.   

Por otra parte, en los últimos meses, tanto los grandes medios de comunicación como las aseguradoras han puesto el énfasis en la okupación y la han dibujado como un problema que puede afectar prácticamente a cualquiera, pero en su foto el contexto está desdibujado. A los anuncios de las aseguradoras sólo les falta incluir vampiros o zombies en un país con un tasa de paro del 16% (43.9% en el caso de paro juvenil) en el que, según Oxfam Intermón, el 20,7% de la población estaba en situación de pobreza antes de la pandemia. En esta línea, Philip Alston, que trabajó como relator especial de la ONU hasta abril de este año, realizó una inspección en España y explicó que «Siendo un país rico, España vive en una pobreza generalizada». La precariedad es evidente, la inyección de miedo, inquietante.

«Nos están colando el discurso de la okupación como el problema, cuando es el resultado de años de políticas nefastas o inexistentes para garantizar el derecho a la vivienda. Es el resultado de las subidas abusivas del alquiler, el resultado de más de 800.000 ejecuciones hipotecarias sin alternativa habitacional. Es culpa de que en este país no disponemos de un parque de vivienda social con precios sociales», afirma Juan José Ramón. Por su parte, el Mitma es ambivalente: expresa que la okupación sí es un problema de seguridad ciudadana creciente según los datos que aporta el CGPJ pero admite, a su vez, que tiene una incidencia muy baja y está «sobredimensionado en los medios y por la derecha».

Habrá que esperar para ver una regulación de los alquileres a nivel nacional, quizá menos de cuatro meses. Para ver la gestión de los desalojos, que corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al Ministerio de Justicia, basta con darse una vuelta.