Los expertos, sobre la ley Celaá: «Se ha hecho de la educación una moneda de cambio»

La educación es uno de los temas que más preocupa a los españoles, y no es para menos: en los últimos 40 años se han aprobado ocho leyes educativas diferentes. La última, la nueva: la ley Celaá, que no está exenta de debate, se aprobó el pasado jueves en el Congreso con el apoyo de los partidos nacionalistas y el rechazo frontal de la derecha por 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.

Algunas de las medidas que se establecen en esta nueva ley son: la limitación de repeticiones por alumno, el castellano deja de ser vehicular, evaluaciones diagnósticas en vez de reválida, cuatro tipos de bachillerato y ciclos en primaria, asignatura de valores cívicos o nuevo acceso docente e incremento del gasto público. En The Objective hemos hablado con dos expertos que nos han contado cómo ven el sistema educativo actual y nos dan su opinión sobre la ley Celaá.

«El sistema educativo español tiene algunos problemas importantes, está mejorando, pero aun así queda margen importante de mejora. Uno de ellos es el abandono educativo. En España, el 30,2% de la población entre 25 y 34 años tiene como mucho la ESO y, en el resto de Europa, es poco más del 15%», cuenta Ismael Sanz Labrador, economista y director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación.

«A la luz de los análisis empíricos sobre indicadores internacionales de resultados, el sistema educativo español adolece de un estancamiento en la mediocridad; y, si mejora en alguno de ellos, lo hace muy lentamente», afirma Francisco López Rupérez, el expresidente del Consejo Escolar del Estado.

Y, como dice López Rupérez, uno de los puntos en los que están de acuerdo los dos expertos es en la lentitud de las mejoras en el sistema educativo español. Hay muchos cambios que se deben hacer, como reducir el curriculum de las asignaturas, la tasa de alumnos repetidores o impulsar las carreras de ciencias entre el alumnado. Pero ¿quién debería impulsar ese cambio?

«Tratándose del sistema en su conjunto, el liderazgo correspondería, en primer término, al Gobierno de la nación; y, después, a las administraciones educativas de las comunidades autónomas, cada cual en su ámbito de competencia. Pero, además, ese liderazgo debería contar con todos los sectores de la educación, buscando alineamientos efectivos con una reforma que debería ser racional, basada en evidencias y acorde con el consenso internacional sobre las prioridades», dice el expresidente del Consejo Escolar del Estado.

«Yo creo que sería mejor una agencia independiente, porque al final los cambios que vienen desde fuera de la escuela no suelen tener mucho recorrido a largo plazo. Por ejemplo, el proyecto de la escuela 2.0 del año 2010 tenía buena intención, era el programa con el que se le dio un portátil a todos los alumnos de 5º y 6º de primaria, pero los análisis posteriores han demostrado que no tuvo un impacto muy significativo en las competencias de los alumnos, ni siquiera en las digitales. Los docentes valoran mucho más las propuestas que se han hecho por otros docentes, ya que en su opinión en muchas ocasiones las hacen personas que no están en la clase o que hace mucho tiempo que no lo están y son ajenas a la situación. Por eso creo que sería mejor una agencia independiente y que la ley no cambiara cada vez que hay un cambio de gobierno», cuenta Sanz Labrador.

La ley Celaá

¿Es realmente necesario aprobar en este momento una nueva ley educativa? ¿Cuáles son los puntos positivos y negativos de la ley Celaá?

«No me parece el mejor momento para aprobar una ley que no genera consenso. Estamos en medio de una crisis sanitaria, social y económica donde es importante mantener al país unido, y creo que es mucho más importante centrarnos en cómo salir de esta situación sanitaria y de esta crisis económica», dice Sanz Labrador.

«La verdad es que la profunda decepción que, como hombre de la educación, me ha producido la ley Celaá me inhabilita, por el momento, para tratar de extraer algunos elemento positivos, pues con respecto a los que pudiera haber –que seguro que los hay y alguno de ellos los tengo en la cabeza– nadie me garantiza que, en su aplicación, no se vayan a contaminar por las otras cuestiones de fondo que impregnan el texto y que nos entristecen».

«El punto negativo básico y más evidente es que se ha hecho de la educación una moneda de cambio al servicio de una concepción del poder -y del poder mismo- que tiene múltiples visos de inconstitucionalidad. La centrifugación del sistema con la concesión de más protagonismo y competencias a las comunidades autonómas -de lo cual la cuestión lingüística es la más clara, aunque no la única- va en contra de ese equilibrio deseable entre centralización y descentralización que postula nuestra Constitución, aconsejan los organismos internacionales e indica la propia lógica de las cosas», afirma López Rupérez.

«En las otras leyes de educación que han pasado por el Congreso, ha habido un debate al que han asistido personas de fuera del ámbito político, y esta vez se ha obviado. Entiendo que porque tenían prisa, y es un horror, una ley de educación hay que debatirla, sosegarla, pensarla, sobre todo porque es verdad que los datos de España de abandono o repetición no son buenos, pero vienen mejorando en los últimos 15 años. Y muy poco a poco nos vamos acercando a la media de la Unión Europea por lo que me parece que no era tan urgente, se podría haber esperado unos meses para debatirla mejor», sentencia Sanz Labrador.

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Decíamos que no es la primera ley educativa que se establece en España. En los últimos 40 años, los que lleva la democracia instalada en nuestro país, se han establecido ocho leyes diferentes. Estos son los puntos más importantes de cada una de ellas:

LOECE, 1980

Esta ley, la primera plenamente en democracia, fue elaborada por el Gobierno de Adolfo Suárez con la Constitución de 1978 recién estrenada y estuvo vigente cinco años. La ley recogía la libertad de elección de centro, según las convicciones religiosas y filosófica de los padres, y un modelo democrático en la organización de los centros docentes. El PSOE la recurrió por no respetar el espíritu de la Constitución, y el Tribunal Constitucional le dio la razón en bastantes puntos. Tras la sentencia, la UCD debía haber revisado la Ley de forma profunda, pero el golpe de Estado del 23-F, y la posterior victoria electoral del PSOE, lo evitó. Por ello, jamás entró en vigor.

LODE, 1985

Aprobada durante el primer Gobierno de Felipe González, la ley Orgánica del Derecho a la Educación estableció por primera vez el sistema de colegios concertados.

LOGSE, 1990

La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) supuso el cambio más profundo del sistema escolar de la democracia. Terminó con la EGB, BUP y COU y trajo la actual primaria, ESO y bachillerato. Lo más importante de esta norma es que por primera vez extiende la educación obligatoria hasta los 16 años (antes era hasta los 14) y permitió a las comunidades autónomas redactar una parte muy importante de los contenidos educativos.

LOPEG, 1995 

La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG) fue aprobada por el gobierno de Felipe González con los votos a favor de CiU y PNV. La norma reguló la participación en los centros y la inspección educativa. Y otorgó más autonomía a los centros escolares e impulsó medidas para garantizar la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en centros sostenidos con fondos públicos.

LOCE, 2002

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, fue aprobada cuando Pilar del Castillo era ministra de Educación en el Gobierno de Aznar, aunque nunca llegó a aplicarse. La norma introdujo por primera vez los itinerarios en la ESO: los que llevaban a bachillerato, a Formación Profesional o a Programas de Iniciación Profesional. La ley recuperaba, asimismo, las reválidas a final de bachillerato y la repetición con más de dos asignaturas suspensas.

LOE, 2006

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero elaboró la Ley Orgánica de Educación (LOE), que fue publicada en el BOE en mayo de 2006 y aprobada en el Congreso con amplia mayoría gracias al apoyo de CiU, ERC, PNV, ICV, CC, y EA. Esta Ley incluye la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una materia obligatoria y evaluable, en detrimento de Lengua y Literatura, cuyas horas lectivas se redujeron en 25 horas. Aunque mantuvo la religión para aquellos que solicitasen estudiarla, quitó su alternativa e impidió que contase para la nota media. La crítica más amplia a esta Ley estaba dirigida a la menor exigencia al alumnado, con la posibilidad de pasar de curso con materias suspendidas.

LOMCE, 2013

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, más conocida como Ley Wert, recupera numerosos puntos de la frustrada LOCE: las reválidas al final del bachillerato, la religión evaluable con una alternativa y los itinerarios. La norma suprime, además, Educación para la Ciudadanía. La ley determinó que el castellano fuera la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado. Esta ley ha encontrado fuerte oposición en todos los grupos políticos, así como en el profesorado y en el alumnado que han desembocado en manifestaciones, concentraciones y huelgas, como la general del 16 de mayo de 2013.