La investigación predoctoral en España: un futuro aplazado 

Sus expedientes son los mejores de España. Sus trayectorias, enfocadas a la investigación desde hace años. Tienen proyectos, talento y ganas de contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, los más de 2.500 investigadores que han pasado la primera fase de la FPU –Contrato de Formación de Profesorado Universitario, la ayuda pública para investigadores predoctorales más importante de España– no sabrán si podrán realizar su tesis con financiación hasta, al menos, el próximo mes de septiembre. El continuo aplazamiento de la resolución por parte del Ministerio de Universidades hace muy difícil que puedan aceptar otros contratos de investigación ni organizar mínimamente sus vidas. 

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«Echamos la solicitud en 2020, y no nos incorporaremos hasta prácticamente 2022», resume amargamente uno de los afectados por la última prórroga del plazo de resolución FPU. Tras varios aplazamientos, el último comunicado del Ministerio de Universidades ha vuelto a retrasar la fecha de resolución final de esta ayuda –que acostumbra a ser entre junio y julio– hasta los meses de septiembre y octubre. Los afectados, pesimistas, incluso prevén mayores retrasos. Hay quien no cree que puedan incorporarse a la universidad hasta el inicio de 2022. 

Esther Sánchez es graduada en Educación Social. Lleva un año entero preparando las solicitudes de contratos predoctorales y tratando de reunir los requisitos necesarios para convocatorias tan exigentes como la FPU. Mientras, subsiste como puede dando clases particulares. «Necesito compaginar esto con otros trabajos para poder vivir, y no es fácil, porque no es solo preparar la documentación: es necesario seguir formándote en congresos, redactar artículos para conseguir sacar publicaciones… hay muchísimas exigencias», explica.

Las ayudas FPU están destinadas a investigadores predoctorales, que, tras cursar sus estudios de grado y máster, se encuentran preparados para realizar su tesis y emprender sus andanzas en el mundo de investigación. Son, junto a las FPI –ayudas a la formación del Personal Investigador– los únicos contratos de este tipo que ofrece el Estado Español. Tienen, además, la particularidad de incluir prácticas docentes en las aulas, con el objetivo de formar a futuros profesores de universidad. 

Al tratarse de una ayuda tan solicitada, como apunta Esther, los criterios son muy duros. Para empezar, se requiere un esfuerzo enorme solo para entrar en la primera fase, donde los candidatos son seleccionados en base a su expediente. En la segunda, son los proyectos, nota y méritos de los solicitantes (junto a los de su director y su grupo de investigación) los que serán evaluados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Esther proviene de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Quiere realizar su tesis doctoral, centrada en educación intergeneracional y reinserción, en la universidad de Sevilla. Pero la incertidumbre es muy grande. «Dependo de la resolución de esta ayuda para saber si me puedo seguir costeando el piso fuera de mi pueblo o no», explica. Tras innumerables retrasos en la primera fase de la ayuda –aplazada hasta mayo de 2021– la noticia de este último retraso en la fase final la empujó a regresar a casa. Desde allí permanece, como el resto, a la espera.  

En el limbo 

David Cisneros, graduado en farmacia por la Universidad de Alcalá, ha comprobado cómo resulta casi imposible conseguir otras ayudas cuando se está dentro del proceso de selección de la FPU. «Solo un tercio de los que pasaron la primera fase superarán la segunda, por eso solicité otros contratos asociados a proyectos. Pero, aunque les interesa mi perfil, me dicen que no me pueden asegurar nada por depender de un contrato del ministerio», explica este joven, cuyas investigaciones se centran en la síntesis de medicamentos. 

Por otro lado, aceptar una beca, ayuda, o cualquier otro tipo de contrato de investigación para luego abandonarlo en caso de ser beneficiarios de la FPU no es una opción para David y para muchos como él, pues supone «dejar a los grupos de investigación en la estacada». Además, las plazas abandonadas podrían quedar desiertas, perjudicando a otros solicitantes. «Yo tenía pensado, si no me daban la FPU, pedir la beca de la universidad de Alcalá de Iniciación a la Actividad Investigadora, pero ya no puedo porque con este retraso tendría que aceptarla o rechazarla antes de tiempo», concluye.

Los problemas de incompatibilidad obligan a muchos solicitantes a jugárselo todo a una carta, y quedarse sin plan de vida si no son seleccionados. Es el caso de Daniel Gaspar Figueiredo, graduado en Ingeniería informática, que no sabe si aceptar o rechazar una ayuda de la Generalitat Valenciana porque teme que, si acepta, ya no le concedan la FPU por incompatibilidad. «En condiciones normales, primero saldrá la FPU y luego la GVA, de manera que siempre optaríamos a la mejor opción. Con el retraso, nos la jugamos».

«El año pasado tenían la excusa de la pandemia, y era comprensible, pero este año no hay ninguna razón»

Una falta de coordinación que nadie se explica, sobre todo tratándose de la beca más prestigiosa de cuantas se ofrecen en España. «El año pasado tenían la excusa de la pandemia, y era comprensible, pero este año no hay ninguna razón», sentenciaba indignada otra solicitante, miembro del grupo de Solicitantes FPU 20/21.

En lucha por una investigación digna

Contra esta situación se han plantado muchos de los afectados, apoyados por organizaciones y colectivos como FPU Investiga. Este grupo de presión, nacido en 2020 para proteger los intereses de los investigadores predoctorales, lleva desde entonces reivindicando la necesidad de un calendario de convocatorias fijo. «Esto impediría el continuo baile de fechas que llevamos sufriendo desde hace tanto tiempo» explica su presidente, José Manuel Pérez. «Garantizaría algo más de compromiso por parte del ministerio», añade.

Recientemente la asociación ha lanzado un comunicado en el que denuncian un «empeoramiento progresivo» de la situación, algo que achacan a la flagrante «falta de recursos humanos y de medios del Ministerio de Universidades», donde cada año los retrasos son más acusados. Aunque Pérez admite que el verano es «un momento complicado para la acción», asegura que desde la organización se están planteando acciones de denuncia y protesta para las próximas semanas.

FPU Investiga nació precisamente como respuesta a unos grandes retrasos en las ayudas a la movilidad, una convocatoria complementaria para los contratados FPU. «Mucha gente tuvo que pagar de su bolsillo el viaje, o interrumpir la estancia por no poder pagarla, a espera de unas ayudas que no llegaban», rememora Pérez. Ese fue el principio de todo. «Decidimos juntamos unas 12 personas, pensando que sería muy útil que todos los FPU tuvieran una estructura que les permitiera demandar de forma conjunta», relata. 

Pronto este grupo de estudiantes de doctorado registró FPU Investiga como asociación, se posicionó en redes sociales y logró establecer un canal de comunicación con el Ministerio, además de aparecer en varios medios de comunicación. Gracias a sus acciones de presión, ese mismo año lograron que los contratos FPU fueran incluidos en las prórrogas del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, implementado por el Gobierno a raíz de la crisis sanitaria. 

Un camino por recorrer

A lo largo de este año y medio, desde la organización han estado siempre al pie del cañón, colaborando con asociaciones como Marea Roja o Ciencia con Futuro y logrando reunirse con agrupaciones políticas como Más País. Este último llegó a presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en relación con la otra gran reivindicación: que los investigadores puedan beneficiarse de la indemnización por finalización de contrato al terminar el doctorado. Esta enmienda fue rechazada y este tema es hoy el «principal caballo de batalla» de FPU Investiga. «Esperamos que pueda reconocerse en la futura reforma de la ley de la ciencia, que se está elaborando».

Pero no el único. Junto con el ya mencionado calendario de convocatorias, el grupo continúa luchando por la simplificación de los procedimientos administrativos, el pleno reconocimiento de los investigadores predoctorales como empleados públicos, o el cumplimiento del EPIPF (Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación) de 2019, por poner solo algunos ejemplos. Pero no pretenden que esto ocurra por arte de magia. Saben que muchas de sus reivindicaciones, si no todas, pasan por un aumento del presupuesto estatal en I+D+I. Reclaman un gasto de, al menos, un 2.1%, que «permitiría cumplir, al menos, con la media del resto de países europeos» y dignificar la carrera científica en España.

Pérez, graduado en psicología, compagina todo su trabajo en FPU Investiga con su contrato predoctoral en la Universidad de Santiago de Compostela. Él, que ya tuvo que pasar por todos los trámites de la FPU, insiste en la importancia de no llamar a esta ayuda «beca» sino «contrato», tal y como quedó estipulado a raíz de la Ley de la Ciencia del año 2011. «Ese fue uno de los mayores logros de nuestro sector y algo que debemos seguir reivindicando»

Redes de apoyo

El año pasado, Lucía Muñoz Sueiro, graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid, rechazó una beca de la Caixa que le permitiría estudiar un doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Lo hizo porque quería volver a España. «Mucha gente me ve como una loca», sentencia. «Pero yo quería volver. Cuando estaba en Estados Unidos me di cuenta de lo importantes que son las raíces, y la familia. Además, donde yo siento que puedo aportar más es aquí. Fue una decisión muy difícil, pero estoy contenta», afirma.

En España, además, se encuentra el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) de Barcelona, donde Lucía pretende realizar su tesis doctoral en relación con el decrecimiento, la crisis ecológica y los conocimientos tradicionales rurales. Este es el último año en que puede optar a la FPU, ya que han pasado cuatro años desde que se graduó. 

Después de haber pasado por procesos de selección de becas internacionales de alto prestigio, como la Fulbright y la Caixa, Lucía se sorprende de «el caos que es el proceso de la FPU y lo mal diseñado que está todo. Hay categorías que están obsoletas y que todo el mundo deja en blanco, y otras en las que es imposible obtener ninguna puntuación». Pero también se ha sorprendido de las sólidas redes de apoyo que se han ido tejiendo entre todos los solicitantes. «Aunque sabemos que competimos entre nosotros, nos hemos apoyado unos a otros y ha sido muy bonito», concluye.

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Este verano, los solicitantes FPU no tendrán el descanso que esperaban. Incluso durante sus vacaciones, tendrán que convivir con la incertidumbre de no saber qué va a ser de ellos el próximo curso. Con cada nuevo retraso de la resolución, pierden más opciones de encontrar otras oportunidades. Desde el Ministerio de Universidades, por su parte, se limitan a repetir las nuevas fechas, sin aportar ningún nuevo dato acerca de la motivación de los retrasos. 

Para muchos de estos jóvenes, la sensación es la de que ni siquiera siendo los mejores podrán tener un hueco en la investigación en España. «Va a sonar fuerte decirlo, pero yo lo que siento es que me están echando del país. Que no quieren que me quede», sentencia David Cisneros, al final de la conversación. Así lo harán muchos de ellos, quienes tengan la oportunidad de iniciar su carrera académica en el extranjero. Una fuga de talentos que, desgraciadamente, ya no sorprende a nadie.