¿Cuánto cuesta formar a un investigador en España? Demasiado como para perderlo

La pandemia de COVID-19 ha contribuido a poner en valor la ciencia y a los investigadores. La sociedad es ahora más consciente de la importancia de los avances científicos para nuestra seguridad, salud y bienestar. También de que la esperanza de un futuro más próspero implica incrementar nuestra capacidad investigadora y ser capaces de desarrollar más y mejor conocimiento. Investigar es explorar las fronteras del conocimiento y lo desconocido, y España es un país con elevada calidad y creatividad investigadora, con una producción científica muy bien posicionada a nivel internacional.

Desde el comienzo de la crisis financiera el sistema investigador español se ha visto sumido en una profunda recesión. Esto ha supuesto una enorme pérdida de recursos de financiación, un brusco parón en las políticas de contratación de personal, el éxodo masivo de varias generaciones de investigadores muy bien formadas y un brutal envejecimiento de las plantillas de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) y universidades.

Entre las posibles estrategias para mitigar dicho éxodo está la retención de talento mediante:

1. Una política bien programada de reposición generacional e incremento de efectivos, investigadores y docentes.
2. El impulso de la I+D+i empresarial, con la necesaria incorporación de investigadores jóvenes.
3. El fomento del emprendimiento y de la creación de nuevas empresas de base tecnológica entre investigadores recién formados.

Con frecuencia se habla de lo malo que es que los investigadores que formamos en España tengan que salir del país por falta de oportunidades. Todos concordamos en que así es, que lo que está ocurriendo es un absoluto desastre, pero cuesta hacerse idea de la magnitud del problema porque es preciso responder a una pregunta:

¿Cuánto invierte la sociedad, más o menos, en formar a un investigador?

Sin entrar en sesudos análisis de política científica o presupuestarios, vamos a intentar realizar un análisis sencillo, rápido y comprensible partiendo de tres premisas:

1. Omitiremos la inversión pública en estudios preuniversitarios.
2. Omitiremos los costes referidos a la vida diaria.
3. Nos centraremos en la inversión pública desde que la persona comienza sus estudios superiores hasta que alcanza la independencia investigadora.

Del grado al doctorado

Teniendo en cuenta el precio medio de los estudios de grado en España, y aceptando que cubra en torno a un 15% del coste real de cada plaza, se puede estimar para esta etapa un arco entre 10.000 y 15.000 euros por año, en buen acuerdo con los datos apuntados por la OCDE en 2017: 11.029 euros invertidos en España por alumno en la educación terciaria (incluida la I+D) frente a 13.392 euros de media en la OCDE. Redondearemos a 11.100 euros y asumiremos que el alumno no repite ningún curso y que dedica cuatro años a su grado. Según esto tendríamos una inversión por grado de 44.400 euros.

Para seguir una carrera orientada a la investigación, el estudiante continúa su especialización con un máster. Estos estudios son algo más caros, asumiremos que en torno al doble que los de grado. Con las premisas anteriores, para un máster de un curso tendríamos una inversión de 22.200 euros.

La formación investigadora propiamente dicha, que concluye con la defensa de una tesis doctoral, dura, en general, cuatro años. En esta etapa, el estudiante debe estar financiado mediante una beca-contrato que puede suponer unos 23.000 euros al año, incluidos los costes sociales. En total, unos 92.000 euros. Durante este período suelen hacerse dos estancias de tres meses en otros laboratorios, habitualmente en el extranjero, que pueden suponer unos 7.000 euros.

Comienza la etapa posdoctoral

Terminada la tesis doctoral, los investigadores deben convertirse en independientes, responsabilizándose de sus propios proyectos. Para ello se acomete la etapa posdoctoral, generalmente en dos fases.

La primera depende de proyectos financiados a otros investigadores, en busca de independencia en el desarrollo científico y logístico. En la segunda se busca la capacidad de proponer nuevos proyectos y obtener financiación para los mismos.

El coste de las etapas posdoctorales es muy variable, pero vamos a asumir que la primera ronda los 35.000 euros por año y suele durar dos años, a lo que habría que añadir costes de viaje e instalación, unos 1500 euros. En total, unos 71.500 euros. En la segunda etapa, en busca de financiación para proyectos propios, el sueldo suele ser algo más elevado. Considerando 40.000 euros por año durante dos años y gastos de viaje e instalación, unos 81.500 euros.

Sin olvidar los costes indirectos

Hasta aquí no hemos considerado costes indirectos (fungible, equipamiento, labor de los mentores). Siendo muy conservadores, tomaremos un fijo de 5.000 euros al año, más una parte proporcional de equipamiento en cada etapa formativa, estimando unos 15.000 euros por etapa. Con ocho años y tres etapas, salen unos 85.000 euros.

Aunque no deberíamos, vamos a parar aquí y no añadir nada más. Llevamos contabilizados 403.600 euros, pero nos hemos limitado, omitido muchas cosas y calculado todo a la baja. Como se pone de manifiesto, formar un investigador es una inversión que, dependiendo del campo, ronda los 500.000 euros.

En lenguaje llano: cada vez que un investigador completamente formado tiene que salir de España perdemos en torno a medio millón de euros de inversión solo en su formación, sin tener en cuenta su enorme valor añadido.

Es una situación insostenible, no podemos seguir expulsando a los investigadores que formamos. Tenemos que ser capaces de retenerlos y aprovechar su valor añadido y el enorme retorno que, sin duda, producirá su trabajo.

Cuando un investigador emigra, perdemos personal altamente formado y creativo en favor de una economía competidora, por lo que permitir su salida equivale a fomentar una indeseable fuga de cerebros.

Dado que el personal investigador es producto de la inversión pública, las empresas que lo contratan se benefician de un conocimiento (un bien considerado intangible) que solo han financiado en la parte correspondiente a sus impuestos, lo que constituye un motivo más que sobrado para reclamarles una mayor implicación financiera en la formación de los investigadores.

Por último, dado que ha quedado claro que los investigadores realizan una mínima aportación financiera a su formación y reciben del erario público un importantísimo beneficio personal en términos de conocimiento y de ascenso social, su mayor capacidad adquisitiva debería contribuir a financiar los servicios públicos de los que se han beneficiado.

Invertir en conocimiento y formación es muy rentable. Retener el talento formado lo es mucho más aún.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.