Cadena perpetua para un político hutu por su papel en el genocidio

El Tribunal Superior de Ruanda ha condenado este jueves a cadena perpetua a Bernard Munyagishari, un destacado dirigente hutu, por ser culpable de crímenes contra la humanidad cometidos durante el genocidio contra los tutsis en 1994. «En circunstancias normales, los crímenes cometidos por Munyagishari son castigados con cadena perpetua», dice la sentencia del Tribunal, que dio su veredicto en ausencia del condenado.

Munyagishari, de 57 años, fue detenido en la República Democrática del Congo (RDC) por la Interpol en 2011 y dos años más tarde el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), con sede en la localidad tanzana de Arusha, le extraditó a su país de origen. Según un testigo de la Fiscalía, Munyagishari era en el momento del genocidio un alto cargo del Movimiento Republicano Nacional para la Democracia (MRND) del presidente Juvénal Habyarimana, asesinado en 1994.

Munyagishari fue declarado culpable de preparar reuniones y participar en el entrenamiento de la milicia juvenil Interahamwe, encargada de ejecutar la matanza de ciudadanos tutsis en todo el país. El tribunal estableció asimismo que Munyagishari fue una de las personas que elaboraron listas de compatriotas tutsis para que fueran posteriormente asesinados, según había denunciado un testigo durante la vista.

El antiguo político del MRND es también responsable de dirigir el despliegue de grupos de Interahamwe y de organizar controles militares en las carreteras, así como de la distribución de armas entre la milicia juvenil. La sentencia llega durante el período de conmemoración del genocidio, que se extiende cada año durante los cien días que duraron las matanzas y que termina oficialmente el 4 de julio.

La violencia en Ruanda estalló el 6 de abril de 1994 tras el asesinato de Habyarimana, que murió junto al presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, cuando el avión en el que viajaban fue derribado, aunque existían indicios claros de que la situación se estaba gestando desde meses antes.

La matanza que siguió -el Gobierno ruandés acusó a los rebeldes tutsis del Frente Patriótico Ruandés (RPF, en inglés) del asesinato- terminó con la vida de 800.000 tutsis y hutus moderados en poco más de tres meses.